El escándalo de corrupción que sacudió a Brasil, conocido como Operación Lava Jato, ya desembarcó en la Argentina y promete golpear en la línea de flotación del kirchnerismo y el macrismo al mismo tiempo. En Brasil, en un informe de la división Combate al Crimen Organizado de la Policía Federal de Paraná, se establece que los directivos de la constructora Odebrecht utilizaban, en diferentes mails, la sigla DGI cuando se referían al pago de sobornos a funcionarios públicos de diferentes países de la región. En el caso argentino, los coletazos llegan hasta Ricardo Jaime y su ex asesor Manuel Vázquez. Pero también hasta el primo constructor de Mauricio Macri, Angelo Calcaterra.
Según la investigación, en los mails del ejecutivo de Odebrecht Argentina, Mauricio Couri Ribeiro, figuran correos donde se refiere a reuniones con Javier Sánchez Caballero, gerente general de IECSA, la empresa constructora de Calcaterra. Los mails son del 2010 y 2011 y entre los temas a tratar está la obra del soterramiento del tren Sarmiento. En todos los correos de la pata argentina aparece el item DGI. En la Argentina, esa sigla refiere a Dirección General de Impuestos, pero para los investigadores no hay dudas: hablan de sobornos o “pagamentos ilícitos”, en portugués. De comprobarse, sería la primera coima entre la familia Macri y los Kirchner. Un soborno transversal.
Mails
El primer correo fechado el 4 de marzo de 2010 tiene como asunto “Reunión con Biancuso”. Se trataría de un ex directivo de AySA, Raúl Biancuzzo. Allí se anotaron cuatro temas a tratar: “DGI” y “Comisión de Redeterminación de la Secretaría de Obras Públicas-Sergio Collado”, que refiere a la unidad encargada de la revisión de los contratos que, con intervención de Collado, reportaba al secretario de Obras Públicas K, José López, el del convento de General Rodríguez.
En el segundo mail, con el asunto “Reunión Sarmiento 29/04/10”, se cuenta que se firmó un decreto. Se trata de la resolución 600/2010 que implicó una adenda al contrato del Sarmiento que facultaba a la secretaría de Transporte, por entonces encabezada por Juan Pablo Schiavi, a hacer modificaciones en los contratos. La adenda menciona que se acordaron las distintas etapas del proyecto con IECSA, Odebrecht, Ghella, Comsa y Consorcio Nuevo Sarmiento.
Otro punto del mail es “a 90 días, $ 500 MM, Bonos Anses”. Esto hace referencia a que el organismo previsional comandado entonces por Diego Bossio iba a financiar parte del proyecto. Pero a renglón seguido se consignó la sigla “DGI” y la cifra de US$ 16 millones. ¿Anses pagó sobornos? Pregunta para los sabuesos criollos.
En otro mail, del 27 de mayo de 2010, se apunta que un tal “Tatu” cobraría los sobornos, otra vez identificados como DGI. La cuenta que se hace es 1+3+16 = 20. Serían millones de dólares. “Tatú” también es el apodo de un ex secretario de Néstor y Cristina Kirchner, Juan Francisco Alarcón.
Socios
La relación entre los K y la familia Macri siempre fue tensa, pero eso no evitó que ambas partes se beneficiaran. Por ejemplo, Néstor Kirchner le quitó la concesión del Correo Argentino y Macri padre lo toleró durante más de 12 años. A cambio siguió recibiendo importantes obras de infraestructura. Cuando le vendió la empresa a su sobrino, Angelo Calcaterra, las obras siguieron llegando con abundancia.
Cuando en el 2007 Franco vendió la constructura del grupo Socma a Calcaterra, le dijo a Gabriela Cerruti para su biografía sobre Mauricio Macri: “Nunca terminé de saber quién compró, pero acepté porque era una venta planificada en la base de ir retirándome y en un sector muy difícil”. Insinuaba que el verdadero dueño de IECSA no era su sobrino Angelo. Los documentos de la Comisión Nacional de Valores aseguran que la empresa se vendió en 61 millones de dólares. 15 millones se pagaron de contado y 46 en cuotas que terminaron en 2014. Como garantía, las acciones de IECSA quedaron prendadas a favor de Sideco y los pagos se hicieron con los dividendos. Un caso testigo en la Argentina K de compra de una empresa pagada con los propios dividendos de la compañía fue la adquisición de las acciones de YPF por parte de la familia Eskenazi.
La venta de IECSA a Angelo Calcaterra siempre estuvo cubierta de un manto de sospecha. El fantasma de que Mauricio Macri se hubiese quedado con la constructora de la familia y que Calcaterra fuese su testaferro fue instalado hasta por el propio Franco. “Mi hijo me sacó la empresa”, afirmó el patriarca de la familia en julio del 2010. Fue tapa de esta revista. Desde el entorno de Calcaterra negaron siempre esa versión.
Al final de la llamada “década ganada”, Calcaterra, con 14.050 millones de pesos, terminó en el puesto Nº 3 de los empresarios de la obra pública que más dinero recibieron. En el 2007, cuando Angelo se hizo cargo de la presidencia de la empresa, hizo un generoso aporte a la campaña presidencial de Cristina Kirchner y Julio Cobos a través de Creaurban, otra constructora de la familia. Según la Comisión Nacional Electoral, Angelo, con $ 398.498, en blanco, fue el mayor aportante privado de esa campaña. Comparte el podio con la empresa de logística Sitrack.
Denuncia
Entre las obras que ganó IECSA está la construcción de las centrales térmicas de Ensenada de Barragán (Santa Fe) y Brigadier López (Buenos Aires). Estas obras fueron denunciadas por el Gobierno por haber tenido sobreprecios de hasta el 70%. En el informe “El Estado del Estado”, donde se detalla la situación en la que Cambiemos recibió las diferentes reparticiones del Estado. Enarsa informó al Ministerio de Energía que esas centrales eléctricas “costaron casi 2.000 millones de dólares. Si se pondera ese costo por los megavatios generados, el costo medio de las dos centrales es de 1,57 millón de dólares por MW. Ese costo está entre un 50% y un 70% por encima del costo de otras centrales similares”. ¿Macri denuncia a Calcaterra?
La trastienda del informe es atrapante. Los correveidiles de Enarsa cuentan que los primeros días de junio del año pasado, cuando se presentó el informe, esta perlita pasó desapercibida. Pero a los pocos días el ministro Aranguren se enteró de que semejante denuncia iba directamente contra la familia del Presidente y resultaba inadmisible. Cuando comenzaron a investigar quién redactó el informe llegaron hasta Alejandro Fusoni, el entonces gerente general de Enarsa. El presidente de la empresa estatal, Hugo Balboa, lo echó el 22 de junio.
Venta
Desde IECSA afirmaron a NOTICIAS que para abril estará definida la venta de la empresa. Entre los oferentes está una empresa china que está analizando los números de la constructora desde mayo del año pasado. En ese entonces estaba interesado también un grupo empresario europeo que al final desistió. En octubre, el argentino Marcelo Mindlin se sumó a los interesados y ya ofertó. Calcaterra está a la espera de la oferta de los chinos para definir a quién le vende. Una posible venta a Mindlin volvería a despertar suspicacias sobre el verdadero dueño de IECSA. Mindlin tiene como socio a Joe Lewis, quien además es amigo de Macri. El año pasado, el Presidente pasó un fin de semana en su mansión del Lago Escondido, anduvo a caballo y corrió en carting. Lo acompañaron José Torello y Nicolás Caputo con sus respectivas esposas.
Brasil
Los expedientes de la pata argentina del Lava Jato están repartidos entre los juzgados de Sebastián Ramos, Rodolfo Canicoba Corral, Sebastián Casanello y Marcelo Martínez de Giorgi. Hay exhortos pedidos a la Justicia brasileña para que envíen la información que involucra a funcionarios y empresarios argentinos. Los documentos ya están en manos del FBI y la SEC (Security Exchange Comission). Los aportaron 77 directivos de Odebrecht en toda Latinoamérica que declararon en Estados Unidos para evitar más sanciones contra la empresa y poder seguir operando en la bolsa. La información fue enviada a Brasil, pero habría quedado embargada hasta junio, plazo que pidió la empresa para solucionar todos los asuntos pendientes en los diferentes países de la región. En la Argentina, Odebrechet repartió 35 millones de dólares en coimas.
por Rodis Recalt
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