Las causas judiciales que se abrieron por el caso Odebrecht podrían tener un nuevo impulso en los próximos días. Leonardo Meirelles y Alberto Youssef, dos arrepentidos ante la justicia brasileña por haber participado de la red de sobornos, fueron citados a declarar por el juez federal Sebastián Casanello.
Podrían resultar clave para aportar información sensible en tres causas por corrupción vinculadas a obras públicas durante el kirchnerismo, como el soterramiento del tren Sarmiento.
Casanello deberá esperar ahora la respuesta del Ministerio Público de Brasil, que tendrá la decisión final para determinar si los condenados por el Lava Jato pueden aportar pruebas sobre el pago de sobornos en la Argentina, que ascienden a los US$ 35 millones, según reveló la justicia de EE.UU.
Dos opciones ofreció el juez para facilitar la aprobación del trámite: el traslado de los testigos a la Argentina para realizar el procedimiento cara a cara, o bien la declaración a través de una videoconferencia, la opción más viable, afirmaron fuentes judiciales.
Casanello justificó el pedido porque investiga posibles irregularidades en la construcción de la planta potabilizadora de Paraná de las Palmas, a cargo de Odebrecht.
También el juez federal dispuso que en caso de que Brasil acepte el requerimiento, el fiscal Federico Delgado les tome declaración a los brasileños, ya que también tiene competencia en el caso Arribas.
El fiscal había pedido la declaración de Meirelles en esa causa judicial, pero el juez Rodolfo Canicoba Corral no inició el trámite al alegar cuestiones procesales. Las fecha propuesta para tomar testimonios es el 4 de abril.
Meirelles y Youssef, condenados por formar parte de la red ilegal, resultaron cruciales para que la justicia brasileña pudiera esclarecer el Lava Jato. Se acogieron al régimen del arrepentido y aportaron una información sensible, que les permitió reducir su condena.
En Argentina, Odebrecht accedió a ocho contratos por obras públicas durante la última década. El más oneroso, y también el más polémico, es el soterramiento del tren Sarmiento.
Licitado en 2006 por Néstor Kirchner, el contrato lo ganó una unión transitoria de empresas (UTE) que, además de Odebrecht, integraron Iecsa, la constructora del primo de Mauricio Macri Angelo Calcaterra; la italiana Ghella, y las españolas Comsa-EMTE. Cinco fiscales investigan ahora si existieron pagos a funcionarios argentinos para quedarse con el contrato, de $ 3000 millones.
Informe: María Cristina Ferrero
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