No es casualidad que la palabra con la que más se asocie a Cristina Kirchner, según una encuesta de Interbarómetro, sea “Justicia”. Porque la ex presidenta vive bajo una tormenta de causas judiciales que cada vez la comprometen más. Para ella y su entorno es una persecución política, para sus opositores es la búsqueda de una condena que avanza demasiado lento.
El último procesamiento –y el más grave en la escala penal– es el de asociación ilícita que le dictó quien ella considera su principal enemigo judicial, Claudio Bonadio. El juez, además, le trabó un embargo por 130 millones de pesos y la imposibilitó de salir del país sin autorización. Lo mismo para sus hijos, Máximo y Florencia, involucrados por primera vez en una causa de corrupción.
El miércoles 21, los fiscales pidieron la intervención judicial de los hoteles K.
En diciembre del 2016, el juez Julián Ercolini ya había procesado a Cristina por asociación ilícita y había ordenado un embargo de $ 10.000 millones. En esa causa se investiga el direccionamiento de obras públicas viales al empresario K Lázaro Báez.
En el expediente del “Dólar futuro” la ex presidenta manifestó en diversas oportunidades ser una “perseguida política”. Allí también está procesada por Bonadio.
Mientras tanto, el fiscal Guillermo Marijuan quiere que avance la causa de la ruta del dinero K y por eso el jueves 15 le entregó el dictamen al juez Sebastián Casanello para conseguir la indagatoria de la ex presidenta.
Cristina Kirchner tiene 96 causas penales. Ella lo considera una persecución, pero la Justicia, con sus tiempos, avanza.
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