Política / 19 de abril de 2018

Guía para funcionarios PRO: cómo tener plata sin conflicto de interés

El fideicomiso ciego, la inversión en acciones extranjeras y el plazo fijo en el Banco Nación son las mejores opciones del mercado.

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Cuando en su viaje a España en febrero pasado, Dujovne fue interrogado por un economista argentino que da clases en la Universidad Complutense de Madrid, Jorge Fonseca, acerca de sus sociedades offshore, el ministro le respondió: “A diferencia de lo que ocurría en el gobierno anterior, mi patrimonio está perfectamente declarado y presentado ante la Oficina Anticorrupción”. Es cierto que muchos K se hicieron fama de acumular billetes en negro y el ex secretario de Obras Públicas José López dio prueba de ellos. Hay macristas con dinero negro, pero más sofisticados al esconderlo en offshore. Dujovne dio prueba de ello. Ya no.

Lo que no explicó el ministro en España es por qué, pese a que busca atraer inversiones de argentinos y extranjeros para el país, mantiene patrimonio en el exterior. Por el contrario, sí lo hizo su colega de Energía, Juan José Aranguren, cuando al mes siguiente lo expuso en Radio Con Vos: “Todavía lo sigo teniendo, tiene que ver con la confianza que hemos perdido en la Argentina. Ya veré el momento (de repatriarlo), a medida que recuperemos la confianza”.

Permitidos. ¿En qué podría invertir un ministro de Hacienda, o Economía, Finanzas, Energía, sin violar la ley o el sentido mínimo de decoro? Un ex funcionario técnico de la OA, que prefiere mantener el anonimato, opina que “las posibilidades de inversión de los funcionarios están muy limitadas, quedan a su criterio y el de Anticorrupción, cuando hace revisión; pueden comprar acciones, pero se supone que no deberían ser de empresas sobre las que puedan tener cierta injerencia”. Otra opción es formar un fideicomiso ciego, como el que integró Macri con sus bienes para que los administre otro, aunque por ahora no existe como figura legal. “Para los ministros de Economía, en un mercado chico como el local es difícil que sus decisiones no impacten en el comportamiento de las acciones. Lo mejor que podrían hacer es tener la plata afuera porque en principio no tienen injerencia en cotizaciones internacionales, pero corren el riesgo de que les digan que no confían en el país. O podrían invertir en el mercado externo con fondos radicados en el país. En Estados Unidos, el presidente propone a sus funcionarios y pasan por un procedimiento de investigación en la Oficina de Ética. Su pronunciamiento no es vinculante, pero pone condiciones para que asuman y los candidatos firman un acuerdo de ética. Un caso comparable en la Argentina fue la recomendación de Anticorrupción para que Aranguren vendiera sus acciones de Shell. El presidente estadounidense está por fuera de la norma administrativa de ética, se supone que lo controla el Senado. Donald Trump tiene un gran conflicto de intereses con sus hoteles y los tuvo también con las actividades de su hija y su yerno”, analiza el ex funcionario de la OA.

Ciego. Un diputado de Cambiemos, Juan Manuel López, de la Coalición Cívica, aboga por la formación de fideicomisos ciegos, sobre todo para ministros de Economía, aunque admite que “hay bienes que no entran en ellos y pueden llegar a surgir conflictos de intereses”. El ex viceministro de Economía K Emmanuel Álvarez Agis también apoya los fideicomisos ciegos, aunque advierte que su dueño debe autorizar al administrador en cada decisión que adopta.

Recuerda que él puso todos sus ahorros en un plazo fijo en el Banco Nación y sólo compró una vez obligaciones negociables de YPF por 20.000 pesos, previo pedido de dictamen a la OA. “Comprar bonos públicos es un problema”, opina Álvarez Agis, a diferencia del ex funcionario de Anticorrupción consultado. “Lo razonable es tener ahorros en instrumentos de la Argentina”, concluye el ex viceministro.

“El fideicomiso ciego es un modelo, pero es bastante naif pensar que el Presidente no tenga vínculo con quien lo administre, especialmente en la Argentina, que no es Finlandia o Noruega”, opina el director ejecutivo de Poder Ciudadano, Pablo Secchi. “Lo mejor es que se sepa dónde los altos funcionarios tienen su patrimonio y se pueda controlar si toman decisiones que puedan mejorar ese rendimiento. Nunca diría si tienen que traer el patrimonio a la Argentina”, agrega Secchi. La discusión está servida y se actualizará a partir del proyecto de nueva ley de ética pública que Macri le encargó a la jefa de la OA, Laura Alonso. A ella y al Congreso nos encomendamos.