Menú
Noticias Uruguay / 26 de septiembre de 2018

Marina Arismendi: Revise su cartera, ministra

A las acusaciones de corrupción, amiguismo y despilfarro de dineros públicos, se suman las críticas desde el oficialismo a las políticas sociales.

Por

La ministra Marina Arismendi. Foto: AdHoc.

En una de sus tantas salidas, de esas confesiones brutales que lo caracterizan, José Mujica dijo que “hay veces que lo político está por encima de lo jurídico”. Lo dijo para intentar justificar la salida de Paraguay del Mercosur y la entrada con fórceps de Venezuela en 2012. La frase del líder del MPP bien podría aplicarse al “modus operandi” del Ministerio de Desarrollo Social (MIDES), tantísimas veces observado por el Tribunal de Cuentas y la Auditoría Interna de la Nación, rezongado por legisladores de la oposición por despilfarrar dineros públicos regidos por el amiguismo, y ahora también cuestionado en la interna oficialista, Mujica incluido. Hasta el Partido Comunista, la cuna de la ministra, cree que este es el momento de revisar las políticas sociales de la cartera.

“Todos los organismos del Estado tienen observaciones, algunos más, otros menos. El MIDES es el ministerio que tiene más dinero observado en montos totales, y es el ministerio que tiene más observaciones por compras directas y por no llamar a licitación”, dijo a NOTICIAS una fuente calificada del Tribunal de Cuentas. Según un informe de 2016 –el de 2017 todavía no está terminado-, de 16 licitaciones públicas, seis fueron observadas (27%, por unos 235 millones de pesos), por no respetar los procedimientos administrativos de la licitación o no favorecer la competencia. En contrataciones directas por excepción, el tirón de orejas fue más fuerte: las observadas fueron 11 de 17, es decir que el 70% del gasto fue observado. “Es un récord. Tiene casi 82 millones de pesos observados frente a 34 que no. Es demasiado”, dijo esa misma fuente.

Además, precisó que no se puede hablar simplemente de desprolijidades administrativas, sino que se trata de irregularidades. “Yo llamaría desprolijidad cuando un organismo hace un llamado y se olvida de una de las publicaciones o las publica fuera del plazo, algo hecho a los ponchazos. Pero acá es muy claro el monto máximo para contrataciones directas (436.000 pesos) y suelen sobrepasarse largamente estos montos, o se repiten los nombres de las empresas a las que se contrata directamente, sin llamado a licitación. Ahí son irregularidades”, aclaró el vocero del Tribunal de Cuentas (TC).

COMUNISTAS. Marina y su vice, Ana Olivera. El líder de su sector cree que “este” es el momento de discutir la vigencia de las políticas sociales. Foto: AdHoc.

“Largamente” significa, según los expedientes del Tribunal a los que accedió esta revista, varias contrataciones directas repetidas a una misma empresa y por montos que exceden por mucho los poco más de 430 mil pesos permitidos por el Texto Ordenado de Contabilidad y Administración Financiera del Estado, el TOCAF. A saber: empresa de seguridad Alta Seguridad (2.862.148 y 2.923.626 pesos), fundación Plemuu (2.284.763 pesos), asociación civil Centro de Participación Popular (4.921.836 y 5.990.503 pesos), asociación Educación Solidaria (2.270.695, 3.244.616 y 4 millones de pesos), cooperativa de trabajo Senderos (2.333.457 pesos), cooperativa Ronda Catonga (2.893.745 pesos), asociación civil Otras Manos (2.362.275 y hasta 7.670.673 pesos) y cooperativa Sumando Operaciones (3.751.424 pesos), entre Otras.

En todos los casos, los señalamientos del TC se repiten, como con carbónico: “El monto a que asciende la contratación directa supera el límite establecido en el artículo 33 del TOCAF”, “no surgen de las actuaciones fundamentos que habiliten la contratación directa remitida, ni ustificativos invocados por el ordenador” o “por el monto de la contratación, el procedimiento debió ser competitivo”.

Uno de los que puso el grito en el cielo fue el diputado nacionalista Martín Lema, quien no solo señala las observaciones del TC sino también de la Auditoría Interna de la Nación y le suma la falta de respuesta del MIDES ante los pedidos de informes desde el Parlamento. “Son tres enfoques coincidentes. Le dijimos a la ministra Marina Arismendi, cuando concurrió en comisión, cómo puede saber que no hay otras opciones más convenientes, cuando no hay procedimiento competitivo. Un llamado a licitación no solo te hace la competencia a nivel de precios, sino analizar la calidad del servicio”, dijo.

“Hay una contratación directa a la asociación civil Eusebio Vidal de San José, representada por un edil del FA. Genera suspicacias una contratación directa así”, ejemplificó. Como señaló la Auditoría Interna de la Nación, apelando a la vía rutinaria de la compra directa “se pone en riesgo la transparencia en la ejecución de los procesos”.

Lema dijo que desde el MIDES siempre se les dio la misma respuesta: se hizo “por necesidad” o “urgencia”. Si bien el diputado del sector Todos entiende que en 2005, cuando el ministerio fue creado, la necesidad y la urgencia no podían esperar los tiempos administrativos, hoy en 2018, la situación es distinta. “Se utiliza la excusa de la necesidad para caer en la irregularidad. Si las políticas sociales hubieran sido efectivas, esa urgencia ya no sería tal. Si con casi 14 años de gobierno frentista las irregularidades se siguen repitiendo, y se convierte en una conducta crónica ya falla tu gestión”, sostuvo como hablándole a la titular del MIDES.

Su correligionaria Graciela Bianchi fue más lejos y habló de corrupción en el MIDES. “Es una corrupción impresionante. No digo que ella (Marina Arismendi) se lleve plata para su bolsillo, de ninguna manera. La corrupción pasa por dejar hacer y malgastar los dineros del Estado sin control. Eso es corrupción también”.

Ambos, además, han señalado lo mismo que toda la oposición en bloque: que las políticas sociales del ministerio han sido asistencialistas y no han logrado el “desarrollo social” que pregona el nombre de la propia secretaría de Estado. “Es una de las grandes responsables de que se haya disparado la inseguridad como se disparó. La ineficiencia de Bonomi es clara, no sabe cómo actuar en consecuencia. Pero gran parte de la situación generada en materia de inseguridad es producto del fracaso de las políticas sociales implementadas por la actual ministra y el fracaso educativo del Frente Amplio. Cuando se habla de una crisis de inseguridad es porque aquellos planes que deberían haber llegado a quienes correspondían, no llegaron o no funcionaron”, dijo Lema.

 

El senador y secretario general del Partido
Comunista, Juan Castillo. Foto: AdHoc.

Bianchi, por su parte, se afilia a la definición del abogado Hoenir Sarthou: “cuando se tienen que aplicar políticas sociales serias no se hace desde la falta y la necesidad, sino desde la superación”. Pero la legisladora blanca remata con una conclusión de su autoría: “¿Sabés por qué ahora hablan de revisar las políticas sociales? ¡Porque se les terminó la guita para repartir!”

Este cronista pidió en dos oportunidades entrevista con la ministra de Desarrollo Social, pero no obtuvo contestación.

El informe del PNUD. El 16 de agosto El Observador divulgó una investigación del Programa para las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) que dejaba en claro que desde 2004 a 2017 la pobreza bajó en Uruguay a un tercio de lo que era, de 60% a 21%, y que la clase media creció del 10 al 39%, pero también dejó un dato preocupante y para nada menor: un 40% de los hogares uruguayos está en riesgo de caer en la pobreza.

El presidente del FA, Javier Miranda, salió a criticar al diario por titular con este último dato el artículo –era la noticia, en definitiva- y no por la caída de la pobreza, información ya conocida. Los “hogares en situación de vulnerabilidad”, esto es, a un tris de caer en la pobreza, aumentaron 10 puntos porcentuales entre 2004 y 2017, y hoy constituyen ese 40% en riesgo. “Tanto la persistencia de la pobreza para un grupo de hogares como el incremento de los hogares en situación de vulnerabilidad son elementos nuevos para la realidad uruguaya”, dice el informe en su página 11.

Una semana antes, Mujica había sorprendido con una afirmación en la misma línea del diputado Lema. Respecto al aumento de los índices de criminalidad, dijo: “Creo que hay dos puntas del asunto. Hay que trabajar en la inteligencia desde el punto de vista represivo. Pero también hay que afinar mucho más las políticas sociales. Tal vez menos asistencialismo y mucha más promoción de la gente joven”, dijo el expresidente en el programa Desayunos Informales de canal 12. Y volvió a insistir en Todo Pasa de Océano FM, donde afirmó que los planes sociales “no han dado resultado”, ya que “asistir y ayudar no equivale a convencer”.

De inmediato, le salió al cruce el senador Juan Castillo, secretario general del Partido Comunista del Uruguay (PCU). “No sigo ese hilo conductor de que si la violencia crece la culpa la tienen las políticas sociales, no es esa la discusión, porque no es una discusión objetiva. No comparto esa valoración”, le dijo el senador a El País.

Dos días después de los dichos del expresidente Mujica, el intendente montevideano Daniel Martínez opinó en el mismo sentido. “Hay que rever las políticas sociales y no es una crítica. En educación y seguridad tendría que haber políticas de Estado y dejarnos de arrancar la cabeza entre los partidos políticos. Los dos temas involucran a las políticas sociales. Si me dices que hay que rever y hacer cambios en las políticas sociales te digo que sí, pero no lo haré criticando”, le dijo a Informativo Carve.

Unos días después de su reacción “en caliente” a los dichos de Mujica, el senador Castillo compartió la intención de revisar las políticas sociales del MIDES basadas en transferencias monetarias, en diálogo con NOTICIAS. “No me ato a que haya que analizar políticas que en su momento fueron buenas. Habría que debatir, intercambiar ideas, y capaz que surge la necesidad de cambiarlas. No se puede ser dogmático. Y le digo más: este es el momento de dar ese debate, porque ya vamos casi 14 años, cuando termine esta administración harán 15 años del MIDES, un ministerio que arrancó en otra coyuntura. Este es el momento porque ahora se está elaborando el programa del FA, y no es desempolvar el anterior, hacerle un retoquecito y listo. Hay que revisar lo que se ha hecho y lo que falta por hacer”, dijo entre mates y café.

Para la diputada Bianchi, la postura de Mujica, Martínez y ahora Castillo tiene poco de autocrítica y mucho de estrategia electoral. “Yo los conozco, no tienen autocrítica. Como la opinión pública está cansada de escuchar hablar de las políticas sociales (excepto los que se benefician de ella), les viene bien para la campaña decir que las van a revisar. Y la que va a pagar los platos rotos es Marina Arismendi, es su cabeza la que va a rodar. Pero lo que pasa es que ¡se les terminó la guita! Y (Danilo) Astori dejó hacer demasiado. Salir de la marginalidad cultural es lo que te hacer dejar de ser pobre”, concluyó.

Por su parte, un diputado del MPP que prefirió el anonimato para evitar ampliar el conflicto interno MPP-PCU ya existente, coincidió con la oposición en que las herramientas perdieron su vida útil. Y también le apuntó a la discrecionalidad del ministerio a la hora de ejecutar su presupuesto. “Al MIDES le falta realizar una reestructura. Por mucho tiempo, por su condición sui géneris, funcionó como una única unidad ejecutora. Estuvo intentando hacer una reestructura, pero todavía no la ha hecho. Entonces, el MIDES puede transpolar rubros. Pero si yo en el Parlamento le apruebo una partida para cooperativismo, no lleves esa plata para políticas sociales, porque aprobé ese presupuesto para las cooperativas”, sostuvo el legislador. Esa ventaja que tiene el MIDES respecto a los demás ministerios (con muchas unidades ejecutoras) le permite cierta discrecionalidad en el gasto del presupuesto.

La grieta entre el sector liderado por Mujica y el Partido Comunista se agudizó cuando en 2016 el MIDES quería regularizar la situación de miles de funcionarios que pertenecían a ONGs pero cumplían órdenes para el ministerio. “Muchos de ellos no habían dado concursos y Marina los quiso presupuestar a todos. Fue un artículo al Parlamento y nosotros como sector nos opusimos, votamos en contra”, dijo la fuente del MPP. Resulta que Arismendi ya tenía acordada con el Ministerio de Trabajo la presupuestación masiva de funcionarios. “Pero eso fue un error. Antes debieron pasar por el Parlamento. No podíamos avalar que se contratara a todos, cuando en el gobierno del Pepe creamos el sistema de ventanilla única y el estatuto del funcionario público, precisamente para evitar estas cosas”, dijo.

“Claro que Mujica cree que hay que revisar las políticas sociales. Hay que reverlas por la propia realidad, porque ya no tenemos el escenario de 2005 cuando se creó el ministerio”, opinó.

Foto AdHoc.

Según el propio MIDES, en 2006 la pobreza abarcaba al 32,5% de los uruguayos y la tasa de desempleo llegaba al 10,8%, mientras que en 2012 el desempleo bajó a 6,1% y la pobreza se situó en 13,7%. De 2016 a 2017 volvió a bajar, de 9,4 a 7,9%.Y la indigencia bajó drásticamente de 9%, cuando asumió el FA su primer gobierno, a 1%.

El politólogo Adolfo Garcé cree que tenía tanto asidero crear un Ministerio de Desarrollo Social en 2005, por las urgencias de entonces, como pensar que el fracaso de algunas políticas algo tienen que ver con la inseguridad reinante. “Cuando el MIDES empezó y puso en marcha su plan de transferencias monetarias, era de sentido común lo que estaban haciendo. La emergencia social era pavorosa, y había que ayudar a los más pobres de alguna manera. El Plan de Emergencia era la versión uruguaya de algo que ya se hacía en otros países. Ahora, con el paso del tiempo, creo que algunas críticas de la oposición también son de sentido común. Me parece lógico pensar que estas políticas puedan haber tenido efectos secundarios en la seguridad”, opinó.

Amigos negros. Gloria Rodríguez es una de las legisladoras que más ha cuestionado el clientelismo político imperante en el MIDES. “Jerarcas del ministerio han realizado contratos con sus organizaciones civiles de origen”, dijo la diputada nacionalista, negra, en alusión a ONGs en defensa de los derechos de los afrodescendientes.

Rodríguez no quiso revelar de qué jerarcas hablaba ni cuáles son las organizaciones que suelen verse beneficiadas por ellos, pero otra fuente perteneciente a una de las 25 asociaciones civiles por los derechos de las personas negras en Uruguay lo dijo claramente: “Mundo Afro y UAfro, que son universitarios afrodescendientes, son las únicas ONGs que siempre ganan los llamados y tienen línea directa con el MIDES, las demás no importamos”, dijo una integrante de Diálogo Mujeres Afro.

Según esta fuente, que prefirió no revelar su nombre por miedo a no ser más considerada por la cartera, dijo que Alicia Esquivel, exdirectora de Mujeres Afrodescendientes, y Bea triz Ramírez, quien estuvo en esa dependencia y luego pasó a dirigir Inmujeres, benefician siempre a las dos asociaciones “amigas” y de perfil frentista. “Pero no solo hay una cuestión de afinidad ideológica o política, también hay amiguismo puro y duro, porque se llama y hacen convenios con el hermano de, el sobrino de, la tía de… Y a mí me duele el doble, porque soy frenteamplista de la primera hora, de 1971”, dijo.

Cabe señalar que Esquivel estuvo vinculada a UAfro. “Y los MER, Mecanismos de Equidad Racial, una unidad temática en defensa de los afrodescendientes, siempre fueron un coto privado de Mundo Afro, a cargo de Néstor Silva, mano derecha de Romero Rodríguez, fundador de Mundo Afro y comunista”, dijo la vocera de una asociación civil ignorada por el MIDES.

Mundo Afro ha sacado listas con el FA, incluso. Son funcionales al gobierno”, recordó Rodríguez, la diputada herrerista. “Yo integro la ONG Espacio Afro uruguayo y nos sentimos ninguneados por el MIDES. Una vez en reunión pensamos en una propuesta de convenio para plantearle al ministerio y una compañera me dijo: ‘Es buena la idea, pero vos Gloria sos del Partido Nacional, así que olvidate’ y efectivamente, nos ignoraron”, contó la representante.

“Beatriz Ramírez fue directora del departamento de Mujeres Afrodescendientes del MIDES en el primer gobierno de Tabaré, en el gobierno de Mujica pasó a ser directora de Inmujeres. Y elige para que sea su sucesora en Mujeres Afro a Alicia Esquivel, quien a su vez había sido fundadora de UAfro. Esquivel hizo una carta para despedirse de UAfro, pero ¡oh, casualidad! en todos los TDR (Términos De Referencia) de los contratos, siempre la única ONG que cumplía los requisitos era UAfro… y Mundo Afro, claro”, dijo la vocera de otra asociación civil sin suerte con el MIDES.

Para esta fuente, la actual directora de Inmujeres, Mariella Mazzotti, está “intentando sanear la cosa”, y evitar designaciones clientelísticas, pero “se la complican”.

Para Beatriz Ramírez, exafiliada de Mundo Afro y hoy en la dirección de Derechos Humanos del MIDES, nunca existió favoritismo por Mundo Afro o UAfro en el período en que ella dirigió Inmujeres (2010-2015). “No hicimos ningún convenio con Mundo Afro, y con UAfro sí se realizaron convenios para la incorporación de recursos humanos, cuando todavía no se había hecho una regularización del ingreso de los recursos humanos, como la que se está haciendo ahora. Incorporamos gente de UAfro, como de otros lados”, dijo. Esquivel, expresidenta de UAfro, en tanto, señaló que la acusación es “un disparate”.

Viajes en el combo. El combo de irregularidades que denuncia la oposición en el MIDES tiene más piezas. A las contrataciones directas evitando la competencia, falta de controles en el gasto de dineros públicos y convenios con organizaciones de la sociedad civil amigas, se le suma la intriga de saber por qué se ha gastado tanto dinero en viajes al Interior de personas que no son funcionarios en planilla del MIDES.

En 2014 el TC observó al MIDES por el gasto de 10 millones de pesos en pasajes al Interior, volvió a observar otros 10 millones en 2015 y 18 millones de pesos en 2016. Son 38 millones de pesos en tres años, un millón y medio de dólares. ¿Pasajes para ir a hacer qué, a dónde? ¿Con qué criterios se daban? ¿Cuántas veces viajaron esas personas, que no eran funcionarios del MIDES? ¿Cuáles fueron los resultados de esos viajes? ¿Está definido en un marco de actuación? Todo eso es lo que el diputado Martín Lema quiso saber y se lo preguntó en un pedido de informes a la ministra Arismendi el 1° de junio de 2017. Hasta ahora no ha tenido respuesta.Y eso que, cada ta nto, le recuerda que sigue esperando alguna explicación.

“Y ojo que los montos fueron mucho mayores, porque está avalado o autorizado. Sólo marco los montos observados. Y se observan porque no hay norma que habilite a la ministra a pagar pasajes y liberar esos fondos para gente que no es funcionaria del MIDES”, dice el legislador blanco.

Noticias: ¿Y por qué no hace un pedido de acceso a la información pública?

Lema: Porque la ministra tiene que respetar al Parlamento. Tiene que dirigirse a los parlamentarios por los carriles que corresponden, nos debe respeto.

No es el único viaje que le preocupa a legisladores opositores. A Gloria Rodríguez le preocupa el vuelo aéreo en el que perdieron la vida cuatro niños, en diciembre de 2016, luego que Inau rescindiera el contrato con la organización Aldeas de la Bondad. Ese mes se realizó un traslado aéreo, gracias a aviones de la Fuerza Aérea, de 13 internos con parálisis cerebral de Salto a Montevideo. “Los trasladaron contra la voluntad de los médicos que desaconsejaron el viaje en avión por peligroso. ¿Con qué argumentos decidieron el traslado? Yo convoqué a la ministra, al Ministerio de Defensa, a la Fuerza Aérea y a ASSE, cuando estaba Susana Muñiz. La Fuerza Aérea dijo claramente que la orden fue de la ministra”, recuerda Rodríguez, quien sigue pidiendo explicaciones de un viaje fatal que pudo evitarse. En aquel entonces, Rodríguez pidió la renuncia de Arismendi.

“Y tampoco pasamos por alto irregularidades en la selección de las organizaciones que sustituyeron a Aldeas de la Bondad. Una de las adjudicatarias carecía de lugar físico, y sin embargo resultó seleccionada”, afirmó Rodríguez.

Y es más: denunció que organizaciones civiles del Interior –adonde irían los niños que estaban en ldeas de la Bondad- perciben dinero por más niños que los que realmente atienden. “Fuentes en las que confío se comprometieron a entregarme documentación probatoria que daría cuenta de que una ONG de Salto no atiende ni a un chico y cobran dinero del MIDES por 40 internos, y en Shangrilá tienen 25 y cobran por 38, más los funcionarios que están en planilla pero que no están trabajando”, acusó.

Mientras Lema, Bianchi y Rodríguez siguen esperando respuestas del MIDES, este exhibe como bandera el notorio descenso de la pobreza. Es cierto, era otro el panorama encontrado cuando se creó de la nada el ministerio por orden de Tabaré Vázquez, pero en el propio oficialismo -comunistas incluidos- creen que este es el momento ideal para abrir el cierre y revisar bien la cartera.