Al mediodía del jueves 20 de diciembre, se conoció un fallo esperado para la opinión pública: la resolución de la Cámara Federal sobre el caso de los cuadernos del chofer Oscar Centeno.
Este tribunal de segunda instancia debía definir las objeciones que se habían hecho al fallo del juez Bonadio donde procesaba a la ex presidenta Cristina Kirchner, al ex ministro de Planificación Julio De Vido y a los empresarios más relevantes de los últimos años en materia de obra pública. Entre ellos: Angelo Calcaterra -primo del presidente Macri-, Aldo Roggio y Carlos Wagner, entre otros.
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El fallo se podría dividir en cuatro grandes partes: Las confirmaciones de los procesamientos, las faltas de méritos, los que zafaron y los que quedaron libres. En estos últimos tres aspectos se puede ver que los camaristas coincidieron en cambiar algunas deciciones de Bonadio con la intención de que la causa llegue a juicio oral lo más "pura" posible.
En la parte de las confirmaciones, la protagonista es Cristina Kirchner, quien quedó procesada con prisión preventiva por ser considerada líder de una asociación ilícita y también se le adjudica el delito de recibir coimas en 27 ocasiones. El embargo para CFK es de 1.500 millones de pesos. A ella, se le suman Julio De Vido, como organizador de la asociación ilícita, al igual que José López, entonces secretario de obras públicas.
La situación de estos ex funcionarios públicos era algo que se esperaba. Nadie estaba dispuesto a patear el tablero y deshacer todo lo que había hecho el juez Claudio Bonadio. Lo interesante comienza a partir del análisis del rol de los empresarios.
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Sobre el "emprolijamiento", en el fallo de la Cámara Federal se puede ver, algo que se había anticipado en NOTICIAS: Los camaristas tenían pensado dar marcha atrás con algunas decisiones de Bonadio. En el fallo original, se había incluido a los empresarios dentro de la asociación ilícita y ahora se optó por dejar afuera a buena parte de esos empresario, pero sí se les conserva el procesamiento por pagar coimas a funcionarios públicos, un delito menor al de asociación ilícita. Lo mismo sucede con Luis Betnaza, de Techint; Néstor Otero, de la terminal de Retiro; Juan Carlos Lascurain, ex presidente de la UIA; Aldo Roggio, de Benito Roggio; Manuel Santos Uribelarrea, de Ucsa; Benjamin Romero, de Emepa; Hugo Eurnekian, sobrino de Eduardo y Enrique Pescarmona, de Impsa.
Relacionado al punto anterior, Bonadio había decretado la falta de mérito a Javier Sánchez Caballero, empleado de IECSA, la ex empresa de Angelo Calcaterra y también a Héctor Zabaleta de Techint. Con ambas medidas, la cámara dio marcha atrás y los proceso como partícipes necesarios del pago de coimas. Algo similar sucedió con Osvaldo Acosta, presidente del grupo Electroingeniería. Bonadio lo había sacado de la causa, pero ahora volvió como co autor del pago de coimas. En una situación peor está su socio, Gerardo Ferreyra, quien seguirá preso por ser considerado miembro de la asociación ilícita.
Quienes quedaron liberados de culpa y cargo son el auditor general de la nación y sindicado como operador judicial, Javier Fernández. también el ex juez Norberto Oyarbide y el ex secretario general de la presidencia y ex jefe de la AFI, Oscar Parrilli.
Los que recuperaron su libertad son Walter Fagyas, ex titular de Enarsa; Carlos Mundin, dueño de BTU; Néstor Otero, concesionario de la terminal de Retiro, entre otros. También recuperó la libertad Juan Carlos Lascurain, quien estaba con domiciliaria.
por Rodis Recalt
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