No es una autopista cualquiera. Es la que une las dos ciudades que se disputan el segundo puesto en población e importancia económica del país. Y parte de ella está destruída. ¿Quiénes son los responsables de que 39 kilómetros de la autopista Córdoba-Rosario esté tan rota que los usuarios se nieguen a pagar el peaje y la intendenta de Carcarañá clausure la cabina donde lo cobran?
La autopista fue uno de los seis corredores viales que licitó el gobierno de Mauricio Macri bajo el régimen de participación público-privada (PPP), por el que las empresas debían tomar deuda para hacer obras de mejoramiento que después el Estado abonará. La Córdoba-Rosario quedó en manos de un concesionario integrado por Helport (de Eduardo Eurnekian, dueño de unas de las mayores fortunas del país), Panedile (de la familia Dragonetti), la española Copasa y Eleprint (de Gustavo Weiss, ex presidente de la Cámara Argentina de la Construcción). En la causa cuadernos, Eurnekian será citado a declarar, su sobrino Hugo está procesado, mientras que Eleprint y Panedile están mencionadas.
Pero en el caso de la destruída autopista Córdoba-Rosario, inaugurada en 2010, no tienen responsabilidad. Sucede que no toda está tan rota sino unos 39 kilómetros que la Dirección Nacional de Vialidad, que depende del ministro de Transporte, Guillermo Dietrich, aún no entregó al nuevo concesionario. ¿Por qué? "Porque tiene que empezar Vialidad una obra de reacondicionamiento de infraestructura pendiente del contrato anterior", respondió la vocera de Dietrich. Ella también prometió que en marzo comienzan las reparaciones.
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¿Y quién era el responsable del contrato anterior? Cincovial, una de las empresas que junto con Iecsa fue vendida en 2017 por Angelo Calcaterra, primo de Macri, a Marcelo Mindlin, otro de los que rankea bien entre los millonarios argentinos. Aunque el expediente para bacheo y repavimentación de estos 39 kilómetros, en el entorno de Calcaterra responsabilizan a Mindlin: "Esa ruta, si no la mantenés todos los años, se hace mierda. Pasan todos los camiones cerealeros". Y las protestas contra el peaje recién comenzaron este año.
Un vocero de Mindlin aclará que no le quedó ninguna obligación del contrato anterior, pero admitió que Vialidad contrató con posterioridad a Sacde, el nombre con el que rebautizó a Iecsa, para arreglar esos 39 kilómetros. "Hasta ahora, Vialidad no dispuso el inicio de obra. Dicen que en marzo lo harán", comenta el vocero, a quien no se le escapa el ajuste presupuestario para llegar al déficit cero antes del pago de interés de la deuda.
Mientras Calcaterra sigue procesado en los cuadernos, causa en la que se dictó la falta de mérito de Mindlin. Mientras, desde constructores a usuarios viales, representados por Ricardo Lasca, señalan que sólo dos de los seis corredores viales PPP está cumpliendo con las obras de ampliación, más allá del mantenimiento que se financia con los peajes. Claro que Dietrich los desmiente y asegura que todo marcha bien.
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