Por Mario Lozano (*) y Andrea Gentil (**)
El reciente fallo judicial que vinculó la muerte de Melín Agustina Sartori con la aplicación de la vacuna Sputnik V generó una fuerte repercusión pública y mediática. Como ocurre ante toda tragedia humana, lo primero que corresponde es acompañar el dolor de la familia y reconocer el derecho de toda persona afectada a obtener respuestas, investigación y justicia. La pérdida de una hija de 24 años es un dolor inconmensurable, y el sistema de salud tiene la obligación ética y legal de investigar exhaustivamente cada evento adverso grave y reparar a quienes hayan sufrido daños.
Las vacunas, como cualquier intervención médica, no son absolutamente inocuas. Ningún medicamento lo es. La farmacovigilancia existe precisamente porque incluso tratamientos ampliamente seguros y eficaces pueden producir, en casos extremadamente infrecuentes, eventos adversos graves. Reconocer esto no debilita a la ciencia: por el contrario, forma parte de su honestidad y de sus mecanismos de control. Los sistemas de vigilancia activa y pasiva han permitido identificar señales de seguridad importantes durante la pandemia, y demostraron que la medicina es capaz de detectar, caracterizar y responder a riesgos raros.
Sin embargo, también es importante evitar que casos individuales sean utilizados para construir una narrativa general antivacunas o para instalar sesgos políticos contra determinadas plataformas vacunales. La evaluación sanitaria debe realizarse basándose en una evidencia poblacional amplia y no solo en casos aislados. Un caso judicial, por más fundamentado que esté en términos legales, no reemplaza la evaluación epidemiológica sistemática, que requiere comparar incidencias en poblaciones vacunadas versus no vacunadas, ajustando por múltiples factores de confusión.
La evidencia acumulada sobre vacunas COVID-19
Durante la pandemia de COVID-19 se administraron miles de millones de dosis de distintas vacunas en todo el mundo. Gracias a ello se redujeron de manera muy significativa las hospitalizaciones, los cuadros graves y las muertes. Un estudio multinacional que analizó 99 millones de personas vacunadas en ocho países confirmó que, aunque se identificaron señales de eventos adversos de especial interés (AESI, por su sigla en inglés) para distintas plataformas vacunales, el balance beneficio-riesgo es claramente favorable. Dicha investigación fue publicada en la revista Vaccine en abril de 2024.
Al mismo tiempo, los sistemas de farmacovigilancia internacionales identificaron efectos adversos poco frecuentes asociados a distintas tecnologías vacunales. Algunas vacunas basadas en adenovirus, como AstraZeneca (ChAdOx1) o Johnson & Johnson (Ad26.COV2.S), mostraron asociaciones con eventos trombóticos raros, en particular trombosis venosa cerebral y trombocitopenia, un cuadro conocido como trombosis con trombocitopenia inducida por vacuna (VITT, por sus siglas en inglés) (2–4). Mientras que las vacunas de ARN mensajero, como Pfizer (BNT162b2) o Moderna (mRNA-1273), presentaron otros eventos poco frecuentes, como ciertos cuadros de miocarditis y pericarditis, especialmente en varones jóvenes, tal como lo demuestran diversos estudios publicados. La existencia de estos efectos adversos fue detectada precisamente gracias a la vigilancia científica permanente y transparente, y condujo a ajustes en las recomendaciones de uso según grupos etarios y disponibilidad de alternativas.
¿Qué sabemos específicamente sobre Sputnik V?
En ese contexto, diversos estudios realizados en distintos países evaluaron el perfil de seguridad de Sputnik V (Gam-COVID-Vac). Los estudios más robustos provienen de la República de San Marino, donde se implementó un sistema de vigilancia activa nacional (estudios ROCCA) que documentó la seguridad de la vacuna en toda la población vacunada, según detallan papers publicados en eClinical Medicine tanto en el año 2021 como en el 2022.
Estos ensayos reportaron que la mayoría de los eventos adversos fueron leves a moderados, consistentes con el perfil esperado de vacunas vectoriales, y no identificaron una señal poblacional clara de trombosis (VITT) como las que se observaron con AstraZeneca o Janssen.
Sin embargo, es importante reconocer las limitaciones de la evidencia disponible. A diferencia de AstraZeneca y Janssen, para las cuales existen múltiples estudios poblacionales de gran escala que han caracterizado con precisión la incidencia de VITT (2–4,9), para Sputnik V la evidencia es más fragmentaria. Existen reportes de casos aislados y series pequeñas que describen eventos trombóticos y manifestaciones autoinmunes tras la vacunación, publicados en las revistas Biomedicine en 2023 y Frontiers of Immunology en 2025. Pero estos estudios carecen de denominadores poblacionales que permitan estimar con precisión la incidencia real del riesgo.
En Argentina, un estudio en personas con VIH comparó varias vacunas, reportando las tasas de eventos adversos en AstraZeneca, Sputnik V y Sinopharm, encontrando una progresión de eventos que disminuye entre la primera y la última mencionada, y sin observar eventos graves masivos en esa cohorte. Por último, análisis de bases de datos internacionales de farmacovigilancia han identificado señales de eventos trombóticos asociados a distintas vacunas, pero la representación de Sputnik V en estas bases es limitada.
En síntesis, la evidencia disponible sugiere que Sputnik V presenta un perfil de seguridad global comparable al de otras vacunas vectoriales en cuanto a eventos comunes, pero no existe un gran estudio poblacional que confirme o descarte una asociación robusta con VITT. Aún con una evidencia más limitada para hacer comparaciones precisas de riesgo, no parece que la vacuna sea más peligrosa que otras.
El riesgo de perder la proporcionalidad
Hay un peligro importante cuando la discusión pública pierde proporcionalidad. Si cada evento adverso excepcional es presentado sin su contexto epidemiológico, puede generarse un daño indirecto muy serio: el deterioro de la confianza social en las vacunas en general. Y eso no es una cuestión abstracta. La caída de las coberturas vacunales ya está favoreciendo el regreso de enfermedades prevenibles como sarampión, tos convulsa y otras infecciones que durante décadas estuvieron controladas gracias a la inmunización colectiva. Y esto provoca muchas muertes que no deberían ocurrir porque tenemos los métodos para prevenirlas.
La comunicación de riesgos en salud pública es compleja. Requiere transmitir simultáneamente diversas cuestiones: que los eventos adversos raros son reales y deben ser investigados y reparados; que estos eventos son infrecuentes desde el punto de vista estadístico, en comparación con los beneficios poblacionales de la vacunación; y que la ausencia de riesgo cero no invalida una intervención cuando el balance beneficio-riesgo es claramente favorable.
Cuando un tribunal establece una relación causal entre una vacuna y un evento adverso grave en un caso individual, está ejerciendo una función judicial legítima de reparación. Pero esa decisión judicial no equivale automáticamente a una conclusión epidemiológica sobre el riesgo poblacional de esa vacuna. Ambas perspectivas -la justicia individual y la salud pública- son necesarias y complementarias, pero operan con lógicas y estándares de evidencia distintos.
Una posición madura y equilibrada
La salud pública necesita una posición madura y equilibrada. Esa posición implica, simultáneamente varios aspectos. Uno de ellos es que es imprescindible investigar y reconocer los eventos adversos reales, sin minimizarlos ni negarlos. Cada caso grave merece una investigación exhaustiva, transparente y basada en los mejores estándares científicos disponibles.
También es necesario acompañar y reparar a quienes hayan sufrido daños. Los sistemas de compensación por eventos adversos vacunales deben ser accesibles, justos y expeditivos. Las familias afectadas no deben enfrentar barreras burocráticas insalvables para obtener reparación.
Todo esto debe hacerse con la mente puesta en mejorar la seguridad y vigilancia de las vacunas. La farmacovigilancia debe ser robusta, continua y transparente. Es imprescindible que los datos de seguridad sean públicos y accesibles para la comunidad científica y la sociedad.
El hecho de poner en contexto los riesgos de manera honesta y comprensible es insoslayable. Comunicar que un evento adverso es “raro” no significa negarlo, sino simplemente ubicarlo en su justa dimensión epidemiológica. Por ejemplo, el riesgo de VITT con AstraZeneca se estimó en aproximadamente 1 caso por cada 100.000 dosis, mientras que el riesgo de trombosis grave por COVID-19 en personas no vacunadas es varios órdenes de magnitud mayor.
En este sentido, hay que evitar el riesgo de convertir excepciones estadísticas en discursos generalizados de desconfianza científica. La existencia de eventos adversos raros no invalida el consenso científico sobre la efectividad y seguridad relativa de las vacunas COVID-19. Todas las vacunas autorizadas han demostrado reducir significativamente la mortalidad y la enfermedad grave.
Por último, y no menos importante, es necesario reconocer las limitaciones de la evidencia cuando existen. En el caso de Sputnik V, resulta honesto reconocer que la evidencia sobre VITT es más limitada que para otras vacunas vectoriales, no porque se haya demostrado que es más segura o más peligrosa, sino porque faltan estudios poblacionales de gran escala que permitan estimaciones precisas.
La pandemia dejó muchas heridas sociales, políticas y emocionales. También dejó lecciones importantes sobre cómo comunicar incertidumbre, cómo gestionar riesgos en contextos de emergencia, y cómo mantener la confianza pública en la ciencia sin caer en la defensa acrítica ni en el negacionismo.
El caso de Melín Agustina Sartori nos recuerda que detrás de las estadísticas hay personas, familias y vidas concretas. Su muerte merece ser investigada con rigor, y su familia merece justicia y reparación. Al mismo tiempo, ese caso individual no puede ser utilizado para desacreditar una intervención de salud pública que ha salvado millones de vidas en todo el mundo.
Defender la vacunación no implica negar los efectos adversos. Y reconocer los efectos adversos no debería convertirse en una herramienta para erosionar una de las intervenciones de salud pública más eficaces de la historia moderna. Ambas afirmaciones pueden y deben ser verdaderas simultáneamente.
La salud pública se construye sobre evidencia, transparencia, empatía y proporcionalidad. En un contexto de polarización creciente, mantener esa posición equilibrada es más necesario que nunca.
*Mario Lozano, Virólogo molecular, Profesor Titular de la Universidad Nacional de Quilmes e investigador del CONICET.
**Andrea Gentil, periodista científica, Editora de Medicina y Ciencia de Noticias Revista.
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