Cuando estalló la crisis mundial de 2008, Néstor Kirchner les dijo en la intimidad a los suyos que había que evitar dos cosas: devaluación y default. Consideraba que derivaría en una crisis política. ¿Qué ocurriría ahora con la economía si se llega a un acuerdo con los fondos de inversión internacionales que tienen la mayoría de los títulos públicos emitidos bajo legislación de Nueva York y Londres? ¿Y si se cae en default? A su vez, no impactará de igual modo si se arriba a un pacto basado en una fuerte quita que si resulta menos onerosa para los acreedores. Tampoco tendrá el mismo efecto si la suspensión de pagos resulta parcial y temporal, es decir, solo sobre determinados bonos y por unos meses, mientras se negocia hasta llegar a un arreglo.
En el Gobierno admiten que un default “abriría una mayor incertidumbre económica” y un acuerdo ofrecería certezas. “Más allá de que hoy en día no tenés ni tendrías acceso a los mercados internacionales de deuda, un default tendría un impacto en términos de devaluación y caída financiera y puede complicarse el poco crédito que tenés al sector privado, que es para exportación”, reconocen. Ya en las últimas semanas se dispararon las cotizaciones paralelas del dólar, mientras las calificadoras de riesgo bajaron las notas de los bancos en un contexto atravesado por un fenómeno económico que al menos en el corto plazo resulta mucho más nocivo que la cesación de pagos: la cuarentena que ha evitado miles de muertes por coronavirus.
En el Ejecutivo evalúan que, por un lado, un default podría fortalecer la posición negociadora de la Argentina, pero, por el otro, derribaría los precios de los bonos hasta tornarlos apetitivos para los fondos buitre, que apuestan a cobrar el 100% de lo adeudado en los juzgados del extranjero. Si se arribase a un acuerdo parcial, admiten que las consecuencias financieras resultarías similares a las de un default total.
“Además, todo depende del contexto mundial, que no ayuda, y de una cuarentena que aumenta las necesidades fiscales y de emisión monetaria”, agregan en el oficialismo. “En un escenario normal, el default te generaría una incertidumbre que el Banco Central podría contener mientras buscás un acuerdo con el FMI, pero en esta crisis representaría otro factor más de desconcierto. Lo bueno es que el Fondo considera que nuestra deuda es insostenible y más en este escenario de pandemia. Obviamente, para la Argentina es mejor no caer en default”, analizan.
Pero si la oferta de pago se cambiara por una muy concesiva con los acreedores, se correría el riesgo de que pronto los mercados se dieran cuenta de que la deuda reestructurada sigue siendo insostenible, las cotizaciones de los nuevos bonos caerían, el riesgo país subiría y otra vez la Argentina caería en una crisis de su pasivo. Ya ocurrió en 2018: se evitó el default porque el FMI otorgó un rescate, pero su plan acabó siendo contraproducente, la reestructuración solo se demoró dos años y en el medio provocó el desgaste político de Mauricio Macri.
Los fondos de inversión consideran que con la propuesta de pago que lanzó Guzmán el 15 de abril implica una quita del 68% y llevaría a que la Argentina, una vez reestructurada su deuda, abonase una tasa de interés del 12% para volver a emitir bonos. Esta tasa es la llamada exit yield, o rendimiento de salida. Pero el equipo económico considera que la poda es del 50% y el exit yield, del 8%. Sostiene que si fuese del 12%, el Gobierno se vería obligado a ofrecer menos, de modo de tornar la deuda más sostenible y de posibilitar el financiamiento futuro a valores razonables.
En el Ejecutivo alegan que si se arriba un acuerdo con una quita sustancial, como pide el FMI, la Argentina despejaría un problema de corto y largo plazo, esquivaría los riesgos jurídicos y su sector privado podría acceder a créditos para financiar futuras inversiones.
Pero en caso de que todo saliera bien, quedaría por delante la negociación de la deuda con el FMI. “En ese momento, querré ver cuánto cambió el Fondo...”, duda un funcionario. Porque ahora la directora gerenta del FMI, Kristalina Georgieva, reclama a los bonistas argumentando que un ajuste adicional en la Argentina resulta inviable económica y políticamente, pero quizá más tarde insista con sus recetas de siempre, las de recortes fiscales y monetarios, de flexibilizaciones y liberalizaciones.
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