Por mucho tiempo, la sentencia de John M. Keynes que en el largo plazo estaríamos todos muertos, impulsó un tic de la política económica: priorizaba el impacto de las medidas en el corto plazo. Quizás el crecimiento de la esperanza de vida al nacer (en Argentina pasó de 65 años a 77 en los últimos 60 años), sensibilizó sobre cuestiones que en otro contexto hubieran sido un lujo en un país con altísima inflación, pobreza acelerada y problemas de empleo crónico.
En mayo, por ejemplo, en la asamblea de accionistas de Exxon Mobil, un accionista nuevo pero poderoso, el fondo activista Engine No.1 obtuvo el respaldo de Blackrock y sumó dos lugares en el directorio, con lo que forzará al gigante petrolero a acelerar su proceso de diversificación energética.
Lo que terminó de planear la proximidad del largo plazo es el grave impacto ambiental de la industrialización acelerada y el gran crecimiento global, sobre todo a partir de la segunda posguerra mundial. El denominado cambio climático hace rato que dejó de ser patrimonio de grupos ambientalistas e insumo de guiones de películas de catástrofe, sino que fueron adoptados por una agenda mundial que pretende incidir en las políticas de cada país aceleradamente. Muchos marcan este hito en la Cumbre de la Tierra de Rio 1992 que marcó un camino, pero que quedó en la esfera de la buena voluntad de empresas y gobiernos. Sin embargo, no fue hasta el Acuerdo de Paris, de 2016 en que estas subieron un escalón para introducir en la agenda global exigencias para gobiernos y empresas.
CO2. El indicador por excelencia del perjuicio es la emisión de carbono o de gases que, liberados, producen el denominado “efecto invernadero” y que hizo subir la temperatura media planetaria en casi dos grados en el último siglo y medio. Actualmente se mide en unidades métricas (giga toneladas) de emisiones de dióxido de carbono (CO2) equivalentes (porque no sólo es dicho elemento el que se libera). Como es un fenómeno que no es corregible simplemente con la buena voluntad de una de las partes, desde 1992 se trató de realizar acuerdos, pero recién en la actualidad existen metas concretas para lograr avances. En un principio se puso al año 2050 como meta para minimizar el impacto ambiental dejando sólo la producción de alimentos como única actividad emisora neta de carbono o equivalentes. Pero, quizás haciendo caso al viejo adagio keynesiano, se comenzaron a poner metas más cercanas y realistas. Para 2030 la Unión Europea se comprometió a reducir en un 55% las emisiones y otros países miembros se auto imponen metas más arduas.
Hubo tres grandes países díscolos a la presión por un acuerdo global más exigente. China, la mayor potencia industrial del mundo, pero responsable del 30% de las emisiones globales; los Estados Unidos (14%) que se mostró reacio a cualquier límite a su actividad y Brasil, por tener la mayor reserva de captura de carbono de planeta, la Amazonia, amenazada por la desforestación. Su pretensión fue que los países responsables del stock de emisiones pudieran compensar su actividad de “captura” que también los beneficia.
Gran Bretaña, el país carbonífero por excelencia, aceleró en los últimos años una reconversión en su matriz energética que llevó a que en mayo pasado haya festejado el primer mes libre de contaminación por dicha explotación. El 90% de su generación energética se debe a cinco fuentes diferentes: gas (30%), nuclear (23%), aérea (16%), solar (12%) y biomasa (9%).
¿Y por casa? Mientras tanto, en Argentina, el Estado llevará invertidos, una vez concluidas las obras prometidas y postergadas varias veces uno US$ 2.000 millones en el complejo minero y termoeléctrico de Río Turbio. Su presidente es Aníbal Fernández, que en la página web oficial de la empresa se define como “contador abogado y peronista”. No hay datos puestos a disposición del público, sobre su balance económico, ambiental o social, como es la costumbre y hasta la exigencia en otras empresas análogas en el mundo. Si bien en la matriz energética local, el carbón mineral tiene presencia testimonial, su importancia como empleador y su ubicación geoestratégica, muestran las contradicciones de una política energética de largo plazo con precios que alineen la producción, la demanda y el impacto ambiental.
El ranking local de subsectores emisores lo lidera la ganadería, según un informe del Ministerio de Ambiente de 2017. El elemento nocivo es el metano, pero con menor duración que el carbono, aunque igualmente advierte sobre la necesidad de avanzar hacia un modelo de producción consistente.
Bonos verdes. Los mecanismos de “mercado” fueron diseñados a partir de la firma del Protocolo de Kyoto (1997) por 84 países, en los que se intentó formalizar un sistema de “cap & trade” (límite y comercio), para fijar un tope de emisión que fuera bajando cada año. Los que no llegaban podían pagar una especie de multa o comprar un certificado de “buena conducta” de los que sí hicieron los deberes que así obtenían una recompensa. Fue muy criticado por buena parte de la política y el activismo ambiental, pero se mostró como el único que podría ejercer un control efectivo sobre las metas acordadas. El protocolo venció en 2012 y se comenzó a elaborar uno nuevo, el de Paris, que ya se discutió en 2016 y se retomará en noviembre próximo. Se realiza dentro de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático que establece medidas para la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero. Lo que quedó para formalizar es la letra chica y los instrumentos financieros para poder orientar las conductas de empresas y gobiernos: una legislación internacional que respalde la emisión de bonos verdes, la forma de medir y certificar los efectos.
Los organismos internacionales apuestan fuerte a este arsenal financiero porque es una forma de agregar exigencias a la hora de otorgar créditos a empresas y gobiernos. Si avanza, especialmente en las empresas “públicas” (que cotizan en bolsa) la medición del triple impacto (económico, ambiental y social) se van constituyendo servicios de certificación externo focalizados en este aspecto que avalan el cumplimiento y la “trazabilidad” ambiental.
Imprevistamente, esta es la luz al final del túnel que el ministro Guzmán, quizás influido por tantas conversaciones en las usinas de este tipo de pensamiento, se aferra como una tabla de salvación a la hora de poder sentarse, finalmente, a negociar las condiciones de reprogramación de la deuda contraída con el FMI. Por la experiencia y la seriedad con que las economías más avanzadas están tomando este tema, las nuevas exigencias serán, probablemente, también de difícil cumplimiento. Pero, sobre todo, obligará a una reconfiguración de toda la política productiva, que habitualmente escapaba a los acuerdos “contables” con que desembarcaban las misiones de monitoreo.
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