Otro motivo de chisporroteos entre el Gobierno y empresarios fue el proyecto de ley que impulsó Máximo Kirchner para gravar a los más ricos, que encargó a Carlos Heller y que ya recibió el respaldo de Alberto Fernández y del ministro de Economía, Martín Guzmán. Ningún empresario lo ha planteado en las conversaciones con el Gobierno, pero se conoció un comunicado en contra del Foro de Convergencia, que nuclea a 31 grandes entidades empresarias. La mayoría de los dueños de las grandes fortunas sostienen ya pagan muchos impuestos y que el Ejecutivo debería ayudarlos a invertir el día después de la cuarentena. Señalan que hay colegas que mudan su residencia fiscal a Uruguay y Paraguay para evitar el gravamen de Bienes Personales. Y no solo empresarios: también Susana Giménez. Deberá el Estado controlar que pasen fuera del país los 270 días que deben permanecer allí en el primer año de mudanza. Pero algunos empresarios admiten que está bien que tributen más las personas que más tienen, y menos las empresas, y otros reconocen que es momento de ayudar a los que peor la están pasando.
Los que se resisten ya despliegan su lobby en el Congreso para que la iniciativa sea modificada. Dicen que hablan con referentes de todos los bloques y destacan el buen diálogo con el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, pero también con intermediarios de Máximo Kirchner. Incluso hay quienes rescatan la escucha del hijo de los dos ex presidentes, que frecuenta a banqueros como Jorge Brito y Sebastián Eskenazi. Para empezar, el proyecto ya descartó gravar a empresas, como se planeaba al principio. Las constructoras, mientras tanto, abogan por que lo recaudado se destine no solo a atender la emergencia sino también a la reactivación de la obra pública.
Galería de imágenes
Comentarios