Impuestos escandinavos, servicios del Tercer Mundo. Un viejo lema que ganó adeptos en las dos puntas de la crítica económica unidos por la disconformidad de las dos caras de la misma moneda: servicios públicos de todo tipo con un bajo nivel de performance en comparación con las economías más desarrolladas, pero pagando impuestos como si fueran las economías del bienestar europeo. ¿Es sólo percepción o hay una base comparativa real para afirmar que existe una voracidad sólo comparable con los países que a cambio ofrecen un all-inclusive ciudadano?
La cuestión volvió a salir a la superficie con la iniciativa parlamentaria de un “aporte solidario y extraordinario” que dispone un gravamen de entre 2 y 5% sobre el patrimonio de los súper ricos que supere los $ 200 millones. Los defensores de la ley próxima a ser sancionada argumentan que es un esfuerzo mínimo para paliar los efectos de la pandemia y que muchos otros países también estaban tomando medidas parecidas para afrontar los gastos extraordinarios que le produjo el cisne negro de las cuarentenas y el gasto sanitario extra. España debatió una alícuota adicional sobre el patrimonio que exceda un millón de euros, con ciertas desgravaciones como el de la vivienda habitual por 400.000 euros.
Nuestro vecino Uruguay, por ejemplo, destino preferido de contribuyentes con gran patrimonio, ya tiene un impuesto análogo a Bienes Personales, pero con dos salvedades: quedan exentas los inmuebles agropecuarios y las propiedades en el exterior; pero además la tasa que les aplican es de entre el 0,4% y 1,5%, que constituyen el 5% de la recaudación total, algo así como el 1% del PBI. Estos porcentajes significan casi la tercera parte y con más exenciones que los vigentes en la Argentina. Los casos que han elegido la residencia fiscal del otro lado del Río de la Plata no son muchos, pero marcan una tendencia entre los que tienen una gran fortuna que podría ser alcanzada por aumentos en las tasas (como ocurrió a fin del 2019), quita de exenciones o creación de nuevos impuestos de dudosa legalidad.
Voracidad. La presión fiscal, medida en relación con el PBI, llega, según cálculos del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF) llegará este año al 25%, considerando todo tipo de impuestos nacionales. A ese porcentaje hay que agregarle otros dos ítems para financiar a un gasto público consolidado que alcanzó el 42% del PBI incluso antes de la pandemia: los gravámenes locales (provinciales y municipales) y el impuesto inflacionario. Se calcula que en un año con un IPC en torno al 37% anual, representa otro 2% del PBI. La brecha que aún queda por bancar, sale de dos ítems: endeudamiento interno o externo. El virtual agotamiento del crédito externo y el encarecimiento del interno, pone todo el foco de cualquier esfuerzo fiscal por los efectos de la pandemia, por ejemplo, o de cualquier otra contingencia, en recaudar más y en la emisión monetaria.
Esta compulsión por aspirar más fondos del ciudadano o convertir en contribuyentes a los que pudieron eludir la larga mano de la AFIP sólo puede explicarse por una tendencia marcada en los últimos 20 años y que atravesó los distintos signos políticos: el crecimiento del gasto público. Luego de la crisis del 2002, el gasto consolidado había caído al 24% pero se fue creciendo hasta el pico del 43% en 2015. Luego entró en una meseta y el ajuste de la administración Macri solamente pudo hacerlo retroceder al 41%. La pandemia y la caída del ingreso harán quebrar el récord histórico. En cambio, según estimaciones del IARAF sobre datos del Ministerio de Economía, OCDE y CEPAL, el gasto público consolidado de los países desarrollados ronda el 43% del PBI, con un pico alcanzado durante la crisis de 2008/9 por el rescate financiero en que incurrieron. Es decir, a principios de siglo el gasto argentino representaba el 60% de la participación del promedio de los países de la OCDE y para fin del año pasado y con el ajuste que sepultó electoramente a Cambiemos, estaba sólo 5% por debajo. Aun así, el gasto total sigue estando 15% más que el promedio de América latina.
Tendencia. Esta carrera económica obliga a recaudar siempre más. De 2002 a 2015, la recaudación total creció 70% en términos de PBI y luego bajó un escalón: 2019 cerró con 60% más con respecto a las cifras de la salida de la convertibilidad, cuando se acunaban los superávits gemelos.
En términos comparativos, aunque la magnitud de la recaudación proporcional se va asemejando con la de la OCDE, lo que difiere es la estructura impositiva de cada cual. Por ejemplo, mientras los impuestos sobre las personas (rentas y patrimonio) es el 7% del total de la recaudación contra 24% de los países desarrollados. Al contrario, los impuestos sobre bienes y servicios representan 30% del total recaudado contra 12% de la OCDE. No aparecen en el horizonte más explicaciones que una razón muy simple: cobrar impuestos siempre es antipático para el que los tiene que pagar y por eso, la base de imposición de Ganancias en la Argentina, por ejemplo, es muy pequeña. Durante la discusión de lo que sería la reforma tributaria de 2017 el massismo, que en ese entonces oscilaba entre la colaboración y la oposición, argumentó que el trabajo no es ganancia, por lo que no debería estar gravado y sí la “renta financiera”. Al contrario, en países desarrollados, el impuesto se denomina “a los ingresos” o “a la renta” y el piso es apenas superior al sueldo mínimo por lo que la base de contribuyentes se agranda, la fórmula infalible para recaudar más.
La otra cuestión que incidió en la forma de diseñar impuestos y recaudarlos durante esta corriente de crecimiento del gasto público desde 2002 son aspectos de equidad fiscal que se pasan por alto a la hora de poder obtener un mejor resultado. “Hay muchos aspectos que se deberían considerar y que terminan perjudicando al contribuyente más allá de las alícuotas establecidas”, explica Lucio González Bonorino, socio del Estudio Santiago Sáenz Valiente y Asociados, uno de los más activos en el mercado. La equidad impositiva es que dos personas en idéntica situación tributen lo mismo. Pero eso no ocurre: hay desfases en las valuaciones fiscales según el momento de compra en el caso de los inmuebles; el impuesto a los movimientos bancarios no se aplica según la capacidad contributiva, sino el volumen de transacciones. También se dispuso la actualización por inflación, pero su instrumentación contradice su espíritu al establecer la devolución en cuotas. Y en una economía con índices de precios entre 30% y 50% anual en el último lustro, no es despreciable.
Cumbre. Quizás percibiendo que dos de las armas más utilizadas para recaudar están llegando al punto de máximo rendimiento. En economía se denomina efecto Olivera-Tanzi a al punto de máxima recaudación del impuesto inflacionario: la gimnasia ciudadana ya percibe que ese impuesto es eludible huyendo del peso. El otro punto es el da la curva de Laffer, nombre que un economista de Stanford dio al valor a partir del cual la recaudación impositiva empieza a caer aun cuando se suban las alícuotas. ¿Habrá llegado la Argentina a ambas instancias?
El propio Gobierno conoce la respuesta. A fin de 2019 había 164 impuestos en total, de los cuales los 10 primeros representaban casi el 90% del total recaudado. Durante este año se crearon o modificaron (para arriba, claro) 14 impuestos en total. En lugar de subir tasas a niveles récord, llega la hora de la creatividad creando nuevos impuestos, por más que se sostenga que son aportes de solidaridad obligada.
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