El Gobierno también revisa la regulación de la electricidad, el gas y los peajes. El presidente Alberto Fernández ha removido al desapercibido Sergio Lanziani de la Secretaría de Energía y ha puesto allí a un kirchnerista, Darío Martínez. Ya había otros dos fieles a Cristina Kirchner en los ente reguladores de la electridad (ENRE), Federico Basualdo, y del gas (Enargas), Federico Bernal. Basualdo recomendó echar por tierra por el esquema tarifario de Mauricio Macri. Bernal hizo lo propio con los primeros dos contratos revisados, los de Camuzzi y TGS, y le quedan otros nueve por mirar. Además lanzó un programa llamado Estado del Gas, con un logo similar a lo que fue Gas del Estado, para analizar y visualizar datos del servicio.
Expertos del sector cercanos a las empresas analizan que "Cristina puso en los entes a dos jóvenes turcos que le pusieron un cerrojo a los moderados, (el ministro de Desarrollo Productivo Matías) Kulfas y (el subsecretario de Hidrocarburos Juan José) Carbajales". "Pero no pueden congelar las tarifas 12 años como en el kirchnerismo porque hay más inflación y porque estarán bajo el control del Ministerio de Economía, que les impondrá el límite de la caja. Pero ellos quieren gestión estatal o que las empresas operen como contratistas, como recolectores de basura, sin gestión privada que asuma riesgos de inversión", agregan.
En cuanto a los peajes, el Ministerio de Obras Públicas, que conduce Gabriel Katopodis, hizo una auditoría secreta sobre la judicializada prórroga de la concesión de los accesos Norte y Oeste a la española Abertis. En esa extensión por hasta 12 años, el procesado ex ministro Guillermo Dietrich reconoció una deuda estatal con Abertis de US$ 749 millones con una tasa de interés anual del 8%. En la empresa alegan que en 2006 el gobierno de Néstor Kirchner les había reconocido un pasivo de US$ 1.063 millones a 2001, es decir, antes de la devaluación. Katopodis también revisa las seis rutas concedidas como proyectos público-privados (PPP).
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