En cuestión de semanas, distintos episodios ocurridos en escuelas argentinas volvieron a poner en discusión la violencia hacia los docentes. En Moreno, una madre irrumpió en una reunión escolar, insultó al equipo directivo y golpeó a una maestra frente a un curso de quinto grado. Días antes, en Marcos Paz, un grupo de madres esperó a una docente a la salida de una escuela primaria para agredirla tras acusarla de haber maltratado a sus hijos. En Tandil, un profesor de música terminó con una fractura de mandíbula luego de que un alumno de sexto año lo golpeara dentro del aula. Los tres casos ocurrieron en contextos diferentes, pero tuvieron el mismo desenlace: suspensión de actividades, movilizaciones de la comunidad educativa y reclamos gremiales por mayores medidas de protección.
Aunque los hechos alcanzaron repercusión nacional, para quienes trabajan en las escuelas no se trata de episodios aislados. Docentes y sindicatos sostienen que las situaciones de violencia vienen aumentando desde hace años y que hoy forman parte de una realidad cotidiana que excede los conflictos entre estudiantes.
César Rodríguez, subsecretario general de la Unión de Docentes de la Provincia de Buenos Aires (UDOCBA), explica que los casos que más se visibilizaron este año provinieron de las familias, no tanto de los alumnos. Asegura que muchas veces el conflicto comienza por una situación entre estudiantes, pero cuando intervienen los adultos es cuando aparece la violencia hacia los docentes.
Para el dirigente gremial, los ataques ocurridos en Moreno y Marcos Paz reflejan un fenómeno que comenzó a repetirse con mayor frecuencia. "Las consecuencias no terminan el día de la agresión. Hay docentes que quedan con ataques de pánico, necesitan atención psicológica, toman licencias médicas y sienten miedo de volver al aula. También se rompe el vínculo con la comunidad educativa", sostiene.
Esa descripción encuentra eco en la experiencia de una docente bonaerense que pidió preservar su identidad por temor a sufrir represalias desde la institución donde trabaja. Lleva catorce años dando clases en jardines, escuelas primarias y secundarias, y asegura que la violencia dejó de ser una excepción para convertirse en parte del trabajo cotidiano.
"Hoy forma parte de la realidad que los docentes debemos afrontar dentro de las aulas", afirma.
Desde su experiencia, las agresiones ya no se limitan a discusiones entre alumnos. Habla de insultos, gritos, amenazas, faltas de respeto y episodios de violencia física que alteran el funcionamiento de las clases y deterioran el clima escolar. Recuerda especialmente una situación ocurrida en una escuela primaria, cuando un alumno la empujó y le provocó una lesión.
"Cuando regresé al aula donde estaba ese alumno continué sufriendo situaciones de violencia. Esa experiencia terminó afectando seriamente mi salud y desarrollé un cuadro de estrés importante", recuerda.
Aunque después del episodio se activó el protocolo institucional y tomó intervención el Equipo de Orientación Escolar, considera que el acompañamiento fue insuficiente. Para ella, uno de los principales problemas es que las escuelas ya no cuentan con recursos suficientes para responder a la cantidad y complejidad de los conflictos que enfrentan.
"Gran parte del tiempo y de los recursos institucionales hoy se destinan a intervenir en situaciones de violencia. Eso hace que otras problemáticas, como el acompañamiento pedagógico o las necesidades educativas de los estudiantes, queden relegadas", cuenta.
Pero para Rodríguez, también se modificó la posición del docente frente a la comunidad. "Hoy enseñar es más difícil que hace diez años. Hay una pérdida de autoridad simbólica, una sobrecarga de tareas que exceden lo pedagógico y cualquier conflicto puede amplificarse en cuestión de minutos por las redes sociales", asegura.
A ese escenario se suma otro problema menos visible: muchos episodios nunca llegan a denunciarse. Según el dirigente gremial, el miedo a represalias, especialmente en localidades pequeñas donde docentes y familias conviven diariamente, el desgaste que implica iniciar un trámite administrativo y la naturalización de ciertas agresiones hacen que numerosos trabajadores decidan guardar silencio.
"Muchos docentes piensan que determinadas situaciones forman parte del oficio. Otros prefieren no denunciar porque temen quedar expuestos en los medios o en las redes sociales", relata Rodriguez.
Las consecuencias también alcanzan al resto de la comunidad educativa. La docente anónima asegura que el desgaste emocional es cada vez mayor y que no resulta extraño escuchar colegas que evalúan abandonar la profesión o jubilarse antes de tiempo.
"Cuando los hechos de violencia se repiten, quienes más se perjudican son los estudiantes que realmente quieren aprender. El tiempo de enseñanza se reduce porque gran parte de la jornada termina destinada a resolver conflictos", asegura.
Frente a este panorama, tanto los docentes como los gremios coinciden en que el desafío ya no pasa únicamente por actuar cuando ocurre una agresión. Reclaman más equipos de orientación escolar, acompañamiento psicológico y legal para las víctimas, protocolos de respuesta inmediata, sanciones para los agresores y mayores recursos humanos dentro de las escuelas. Entre las propuestas también aparece la incorporación de parejas pedagógicas en aquellos cursos donde los conflictos son frecuentes, con el objetivo de garantizar que la intervención ante situaciones de violencia no interrumpa el proceso de enseñanza.
Mientras las agresiones continúan repitiéndose en distintos puntos del país, el reclamo deja de centrarse únicamente en la seguridad de los docentes. La preocupación alcanza también al funcionamiento de la escuela. Porque cuando la mayor parte del tiempo se destina a contener conflictos, enseñar comienza a ocupar un segundo plano.
Por Irina Catabbi
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