En 1996, una delegación de la OMPI (Organización Mundial de la Propiedad Intelectual), presidida por su entonces director general, Arpad Bogsch, visitó Buenos Aires.
Aquella visita tuvo un doble propósito. Por un lado, acompañar la inauguración formal del Instituto Nacional de la Propiedad Industrial (INPI), a poco más de un año de la sanción de la Ley de Patentes N.º 24.481 y de la creación de dicho instituto. Por el otro, impulsar el interés de la Argentina en el Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT) y en su eventual adhesión.
Sin mayores novedades desde entonces, treinta años después, esa conversación vuelve a estar vigente.
Argentina fue parte de la treintena de naciones que firmaron el acta constitutiva del PCT, que tuvo lugar en Washington en 1970. A pesar de ello, nuestro país nunca ratificó su adhesión. En 1998, el Senado aprobó el tratado, pero desde entonces el proyecto se encuentra en la Cámara de Diputados, aguardando su sanción definitiva.
¿Por qué recién hoy parece avanzar el trámite final para convertirlo en ley? Históricamente, la principal resistencia provino de la industria farmacéutica local, esgrimiendo el argumento de la soberanía nacional, sin mayor sustento técnico ni jurídico. Lo cierto es que ese argumento no resiste el menor análisis: el PCT no obliga a otorgar ninguna patente ni modifica los criterios de patentabilidad vigentes en Argentina. Cada país conserva plena soberanía para examinar y rechazar solicitudes. Lo que sí modifica el PCT es el acceso de los innovadores locales a los mercados externos, algo que, paradójicamente, beneficia también a la industria nacional que busca internacionalizarse.
En efecto, es importante destacar que, mientras el Convenio de París exige iniciar el trámite en los restantes países de interés para el inventor dentro de los 12 meses desde la primera solicitud en el país de origen, el sistema PCT, de aprobarse en nuestro país, extendería ese margen de decisión hasta los 30 meses desde la primera solicitud.
En la actualidad, los innovadores locales, ya sean inventores particulares, startups o pymes, que buscan proyectar sus desarrollos al mercado global no pueden hacer uso del sistema PCT en forma directa. Deben buscar alternativas o hacer uso del Convenio de París, que impone un plazo crítico de 12 meses para presentar las solicitudes en cada uno de los países de interés. Esto representa una carga financiera inmediata y, muchas veces, imposible de costear.
Mientras tanto, un emprendedor brasileño, chileno o colombiano, todos países miembros del PCT, puede hacer exactamente eso hoy. El argentino, no.
Con la incorporación de Argentina al sistema PCT, el innovador local ganará una herramienta estratégica: podrá presentar una única solicitud internacional dentro del primer año, designando globalmente los mercados de su interés. A los pocos meses, recibirá un Informe de Búsqueda Internacional que le permitirá conocer con mayor certeza la viabilidad de su patente.
Finalmente, contará con el beneficio del factor tiempo: tendrá hasta 30 meses desde su solicitud inicial para decidir en qué países proteger efectivamente su invención, permitiéndole utilizar ese año y medio adicional para conseguir financiamiento o validar su modelo de negocio, en el marco de una mayor certidumbre.
Argentina invierte recursos públicos significativos en investigación científica a través del CONICET, las universidades nacionales y organismos como el INTI o el INTA. Sin acceso al PCT, los desarrollos generados con fondos del Estado tienen una ventana de apenas 12 meses para protegerse internacionalmente, un plazo que la burocracia interna muchas veces consume antes de que siquiera se tome la decisión de patentar. El PCT permitiría que esa inversión pública rinda frutos también en el mercado global.
La paradoja es aún más profunda: el propio Estado argentino ha recurrido en la práctica a ficciones legales para poder acceder al sistema PCT. Organismos públicos y entidades de investigación financiadas con fondos nacionales han debido asociarse formalmente con instituciones domiciliadas en países miembros del tratado, valiéndose de esa residencia extranjera como condición habilitante para presentar solicitudes internacionales.
Treinta años es demasiado tiempo para que una oportunidad siga siendo solo eso. La adhesión al PCT no requiere modificar la Ley de Patentes, no cede soberanía, no beneficia a laboratorios extranjeros en detrimento de los locales. Lo que sí hace es nivelar el campo de juego para el inventor argentino frente al resto del mundo.
El proyecto lleva desde 1998 durmiendo en Diputados. Ya es hora de que despierte.
*Abogado y agente de la propiedad industrial, con reconocida trayectoria en propiedad intelectual, especialmente en patentes y socio fundador del estudio Noetinger & Armando.
por Fernando Noetinger
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