En una semana cruzada por las repetidas internas políticas en el gobierno, los recambios de gabinete -con la escandalosa salida de Matías Kulfas-, y las peleas con empresarios proveedores del estado y generadores de precios, lo económico vuelve a ocupar el lado B del disco, aunque forme parte del mismo álbum. Allí los impuestos, a los que se suma esta semana la discusión por la renta extraordinaria, aparecen como una reprimenda estatal para compensar inequidades.
La redistribución de la riqueza que pregona el ala dura frentetodista, pero que genera en oposición, según el discurso liberal, más distorsiones que empobrecen a la clase media. En el tercer vértice de la coalición de gobierno, Sergio Massa, insiste con otro rumbo de menos presión fiscal y más orden: y el reemplazo de Mercedes Marcó del Pont por Guillermo Michel en la AFIP, algo que todavía no sucede.
Molesto con el presidente por la designación de Daniel Scioli al frente del Ministerio de Producción, y enemistado con Guzmán a quien busca -hace tiempo- reemplazar por uno de los suyos, fue compensado con el presidente con su inclusión en la comitiva que viajó a Los Ángeles para la Cumbre de las Américas. Pero el presidente de la Cámara de Diputados se anotó antes un triunfo económico en el Congreso: el dictamen de Alivio Fiscal para monotributistas y autónomos, un guiño a la clase media.
Alberto Fernández aumentó o creó 22 gravámenes desde que llegó poder. Serán 23 si la “renta inesperada” se aprueba, alcanzando a 360 compañía (hay disparidad de opiniones sobre los ingresos que generaría: 1000 millones de dólares según Hacienda; 500 y una ola de judicializaciones según analistas privados). Mientras tanto los empresarios denuncian -ante el propio ministro de Economía- la existencia de 162 impuestos entre nacionales, provinciales y municipales. De los 42 son nacionales, y 7 suman el 90% de la recaudación de la AFIP. Una ecuación que reclama despejar variables y poner orden económico.
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