Desde el famoso caso del “ingeniero Santos”, ocurrido hace 30 años, el concepto de “justicia por mano propia” se convirtió en un tema de debate público, desarrollado entre los extremos de la corrección política del discurso autorizado de juristas, funcionarios y periodistas, por un lado, y la incorrección política enunciada a puertas cerradas en millones de hogares argentinos. En el medio explotó la “batalla cultural” kirchnerista, que incluyó la difusión masiva de las teorías garantistas y abolicionistas del Derecho, con la propiedad privada como uno de los temas a “deconstruir”. Ahora, en la etapa más incómoda de la historia de los gobiernos K, surge una variante de la “justicia por mano propia”, que por su aspecto nac&pop, parece gozar de la simpatía del oficialismo: se trata de lo que podríamos llamar “justicia social por mano propia”, que se expresa en la cotidiana naturalización de la ocupación ilegal de terrenos ajenos con asistencia de militancia filo K y hasta de funcionarios del Gobierno. La carga de la prueba se ha invertido, y ahora es el popularmente ajusticiado quien debe demostrar su inocencia como propietario.
A las declaraciones del gobernador y funcionarios de Axel Kicillof contra la legitimidad de los countries, se suma el fraseo academicista de la ministra de Seguridad de la Nación, Sabina Frederic, sobre la “tensión” que hay “entre la propiedad privada y quien no la tiene”. Aunque Juan Grabois tenga roles protagónicos tanto en las tomas “populares” como en el conflicto patrimonial de la familia Etchevehere, el Presidente niega la conexión entre ambos fenómenos -y su vínculo directo con la discusión por mano propia del derecho a la propiedad privada-, relativizando la usurpación de terceros en el campo entrerriano como “cosas que pasan entre ricos”.
Esa manía cada vez más insistente de Alberto Fernández que consiste en hacerse el distraído y habilitar el “siga, siga” a su alrededor es particularmente riesgosa en un caso como el involucramiento K en la puja de los Etchevehere, porque en ese conflicto se aglutinan temas de alto voltaje en la Argentina actual, a saber: grieta con el macrismo, toma de tierras por la fuerza, desobediencia judicial y conflicto con el campo, entre otras antinomias que demoran indefinidamente el pacto social que Cristina Kirchner acaba de reclamar con carácter de urgencia.
Aunque algunos kirchneristas tal vez evalúan que el caso Etchevehere es una gran oportunidad para meterle el dedo en la llaga al entorno de Mauricio Macri, el Presidente debería considerar el riesgo de que este incidente se consolide como una señal de alerta de alcance mucho mayor que el caso Vicentín, sin contar que, en todas las ocupaciones de tierras, la “justicia social por mano propia” siempre tienta al destino con la desgracia posible de alguna víctima fatal, producto del vacío de autoridad que suponen este tipo de escenarios. De eso también trata el inquietante mensaje de la Vicepresidenta, que bien puede leerse como una carta abierta a “su” Presidente para que tome el bando que mejor le parezca, pero que se haga cargo de una vez por todas.
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