En las últimas décadas, las políticas de liberalización económica se instalaron con fuerza en América Latina, también en un sector tan sensible como la salud. Bajo la promesa de eficiencia, innovación y libre elección, se impulsaron reformas orientadas a desregular mercados, introducir patentes en el campo farmacéutico y privatizar progresivamente la financiación y prestación de servicios sanitarios. El resultado fue una transformación estructural que hoy exhibe sus fisuras.
En el sector farmacéutico, el fin del control estatal sobre los precios derivó en subas sostenidas, afectando el acceso a medicamentos esenciales. A esto se sumó el retiro de aranceles y nuevas normativas sobre propiedad intelectual, que empujaron a numerosas industrias nacionales —en países como Argentina, Brasil y México— a abandonar la producción local para convertirse en licenciatarias de laboratorios multinacionales. Esto no solo implicó pérdida de soberanía productiva, sino también un retroceso en investigación, desarrollo y autonomía tecnológica.
Por otro lado, la desregulación de servicios médicos incentivó la migración de profesionales del sector público al privado, encareciendo los costos del sistema y debilitando la capacidad de respuesta del Estado. Las lógicas de mercado promovieron la sobreprestación, el consumo inducido y la concentración de la oferta en áreas de mayor rentabilidad, dejando desatendidos territorios y patologías de baja demanda comercial.
La consecuencia más visible de estas transformaciones ha sido el agudo proceso de fragmentación y desigualdad: un sistema de salud dual, donde el acceso y la calidad dependen cada vez más de la capacidad de pago del paciente.
En el actual contexto socioeconómico argentino —cruzado por una recesión persistente, aumento de la pobreza, retracción del Estado y mayor informalidad—, este modelo se vuelve insostenible. No se trata de volver a esquemas estatistas, sino de repensar la regulación desde un enfoque estratégico, que combine eficiencia con equidad.
La salud no puede seguir rigiéndose por las reglas del mercado sin consecuencias sociales graves. Es hora de reconocer que los derechos no se venden: se garantizan.
Carlos Felice
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por CONTENTNOTICIAS
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