TOAS: La dignidad como bandera en defensa de la patria

La historia del Conflicto del Atlántico Sur, denominado simbólicamente Guerra de Malvinas es la historia del Teatro de Operaciones del Atlántico Sur (TOAS), una historia incómoda para el Estado argentino. Incómoda porque obliga a mirar de frente decisiones tomadas en medio del conflicto más traumático de nuestra historia reciente. Incómoda porque revela cómo un país puede reconocer la existencia de un conflicto bélico, movilizar a su juventud, fijar un teatro de operaciones formal y ordenar despliegues bajo estado de guerra… para luego desconocer a quienes actuaron bajo esas órdenes. Y es incómoda, sobre todo, porque exhibe una deuda moral, jurídica y constitucional que ya lleva más de cuatro décadas.

En abril de 1982, el Estado argentino estableció oficialmente un Teatro de Operaciones, coordinado por un comando unificado que integraba a Ejército, Armada y Fuerza Aérea. Ese teatro no se limitaba al archipiélago: incluía el territorio continental patagónico, la plataforma marítima, las bases aéreas, los puertos estratégicos, las posiciones de defensa, las rutas de abastecimiento y los centros de comunicaciones desde donde se sostenían las operaciones. Miles de jóvenes conscriptos fueron enviados allí bajo el mismo mando y la misma lógica operacional que regía en las islas.

Había estado de guerra, había riesgo real, había despliegue efectivo.

La historia documentada muestra que el TOAS no fue una invención posterior ni un artificio retórico. Fue un hecho jurídico y militar reconocido por decretos vigentes, diarios de guerra oficiales, partes operativos y órdenes de despliegue. El conflicto no se desarrolló sólo donde cayó la metralla; también se desarrolló donde se activaron radares, donde se protegieron las costas, donde se camuflaron posiciones antiaéreas, donde se defendieron instalaciones críticas y donde se trabajó en condiciones extremas para sostener la integridad territorial. Todo esto forma parte de la verdad histórica.

Sin embargo, el devenir político posterior produjo una amputación narrativa: se instaló la idea simplificada de que sólo “combatió” quien estuvo físicamente en las islas. Esa visión reduccionista es incompatible con cualquier análisis serio de la conducción estratégica de un conflicto moderno y contradice la propia documentación del Estado.

La operación bélica no fue insular: fue atlántica. Y el TOAS, por definición, fue más amplio que el TOM (Teatro de Operaciones Malvinas).

La consecuencia de esa simplificación fue devastadora para quienes integraron el TOAS continental: quedaron atrapados en una dimensión gris. No fueron negados del todo porque existen los documentos, los movimientos, los listados de unidades, los diarios de guerra, los partes meteorológicos, las comunicaciones, los despliegues y los informes oficiales que prueban su movilización, pero por una decisión política se resolvió con una firma – y a dedo – quién es veterano y quién no. ¡Sí! La política, siempre la política.

Esa decisión es, en sí misma, una injusticia. Pero también es un problema jurídico de magnitud constitucional. El Estado argentino tiene obligaciones que derivan de principios innegociables: igualdad ante la ley, razonabilidad, seguridad jurídica, responsabilidad por los actos propios y prohibición de ejercer el poder de manera arbitraria.

Cuando el Estado moviliza a ciudadanos bajo un acto válidamente dictado —en este caso, en el marco de un conflicto bélico internacional— genera un plexo de derechos que no puede desconocer después. No se trata de un favor ni de un privilegio, se trata de la consecuencia jurídica de la propia conducta estatal.

La omisión del reconocimiento no es sólo una falta de memoria, es una violación constitucional que persiste en el tiempo. Implica sostener una desigualdad injustificada entre personas que estuvieron bajo el mismo mando y el mismo estado de guerra, y negarles el estatus que deriva de haber sido parte de ese despliegue operacional.

El país que los envió a cumplir un deber no puede, cuatro décadas después, fingir que no estuvieron allí.

También hay una dimensión humana que no puede soslayarse.

Esos jóvenes —hoy hombres mayores, padres y abuelos— pasaron noches enteras en trincheras continentales, soportaron fríos devastadores, activaron defensas, hicieron guardias interminables, vivieron bajo alarma roja, vieron caer aviones, rastrearon movimientos enemigos en el continente, y cumplieron órdenes con la misma disciplina que quienes estaban en el archipiélago.

Muchos regresaron en silencio, cargando historias que el país prefirió no escuchar.

La Argentina no puede construir futuro si sigue negando partes esenciales de su pasado.

Reconocer a quienes integraron el TOAS es un deber constitucional derivado de la propia historia y de la responsabilidad del Estado frente a quienes sirvieron bajo bandera. La deuda está escrita en los archivos oficiales. La justicia, todavía, está pendiente en la conciencia de un país que no puede seguir mirando para otro lado.

1. El deber del Estado Nacional y de sus poderes frente al TOAS

La existencia del Teatro de Operaciones del Atlántico Sur con alcance continental, la movilización de tropas conscriptas y el estado de guerra declarado en 1982 generan obligaciones jurídicas que ningún gobierno puede desconocer sin violar los principios de juridicidad (art. 19 CN) y razonabilidad (art. 28 CN).

El Poder Ejecutivo, cualquiera haya sido el signo político de turno, debe garantizar el cumplimiento íntegro de aquella normativa: reconocer la extensión real del TOAS, su estructura de mando y la condición jurídica de quienes fueron desplazados. Alterar esa verdad por conveniencia política, presupuestaria o ideológica implica modificar hechos históricos, algo jurídicamente inadmisible.

El Poder Judicial, por su parte, tiene la responsabilidad de impedir la arbitrariedad estatal y asegurar que la igualdad ante la ley no sea una fórmula vacía. Cuando el Estado desconoce derechos derivados de sus propios actos, los jueces deben actuar como custodios del orden constitucional, no como espectadores. La inacción judicial frente a décadas de omisión es, en sí misma, una forma de denegación de justicia.

Un país no puede considerarse justo mientras mantenga sin resolver la deuda histórica con quienes sirvieron bajo bandera en un conflicto bélico.

2. El deber de las Fuerzas Armadas frente al TOAS

En el contexto del conflicto del Atlántico Sur, las Fuerzas Armadas tenían —y aún tienen— un deber institucional ineludible: preservar la verdad de su propio accionar, garantizar la integridad documental del despliegue y honrar a todos los efectivos bajo su mando. Como órgano del Estado, están sujetas a los principios de legalidad, veracidad y responsabilidad histórica. Esto significa que no pueden desconocer la existencia del TOAS continental, creado por normativa estatal, documentado en diarios de guerra y ejecutado bajo un mando unificado.

Concretamente, sus obligaciones son, a saber:

Deber de veracidad institucional: resguardar y difundir la realidad operacional tal como ocurrió, sin silencios ni alteraciones.
Deber de reconocimiento interno: todo efectivo movilizado en la zona declarada teatro de operaciones es parte del dispositivo bélico. Donde hubo mando, despliegue, riesgo y operaciones, hubo participación militar real.
Deber moral y jurídico: las Fuerzas Armadas deben proteger el honor y la memoria de quienes cumplieron órdenes en tiempo de guerra. No es un gesto simbólico, sino una obligación derivada de la responsabilidad del Estado por sus propios actos.

Esto no es simbólico es un deber moral, es un deber institucional y es un deber jurídico derivado del principio de responsabilidad del Estado por sus propios actos.

3. Observaciones críticas al pronunciamiento de la CONFEDERACIÓN DE COMBATIENTES DE MALVINAS DE LA REPÚBLICA ARGENTINA y la verdad jurídica del TOAS.

En los últimos días, la Confederación de Combatientes de Malvinas de la República Argentina remitió una nota formal al Ministerio de Defensa —dirigida a la Jefa de Gabinete, Dra. María Luciana Carrasco— en la que pretende fijar una posición definitiva sobre quiénes deben ser considerados Veteranos de Guerra y, paralelamente, repudia sentencias judiciales que reconocen derechos a los que prestaron servicios en el Teatro de Operaciones del Atlántico Sur (TOAS) continental. Ese documento, presentado con aparente solemnidad institucional, busca erigirse en intérprete final de la historia, de la ley y de la memoria del conflicto. Sin embargo, lo que expone es una construcción argumental frágil, sostenida en premisas erróneas, omisiones selectivas y una lógica negacionista incompatible con los hechos, con la normativa de 1982 y con la doctrina militar moderna.

La Confederación afirma que “combatiente es el que estuvo donde se combatió, no donde se temió” y que los militares continentales solo cumplieron tareas “de apoyo” sin riesgo real. Pero ese planteo, tan categórico en apariencia, se desmorona apenas se lo contrasta con la documentación militar oficial: diarios de guerra, partes operacionales, órdenes de despliegue, comunicaciones del Comando Sur y registros de alarma roja acreditan que en el continente hubo ataques, vigilancia activa, defensa aérea, riesgo operacional y, lo más grave de todo, muertos y heridos mientras cumplían órdenes en zona declarada teatro de operaciones. Negar a los muertos es negar la guerra, y negar la guerra en territorio continental es sostener una falsificación histórica que no resiste ni el análisis documental ni la ética militar más elemental.

A ello se suma una operación discursiva peligrosa: la Confederación reconoce que la Corte Suprema mencionó al TOAS, pero omite el dato decisivo de que la Corte jamás delimitó su

geografía, jamás dijo que el TOAS excluyera al continente y jamás definió el criterio territorial del reconocimiento. Usan a la Corte para justificar una interpretación que la Corte nunca hizo. Del mismo modo, invocan el Decreto 509/88 como si fuera palabra sagrada, cuando se trata de una norma posterior, restrictiva, que jamás podría modificar retroactivamente el alcance territorial del Teatro de Operaciones oficialmente creado por el Estado Mayor Conjunto en 1982.

El punto más relevante —y más ocultado por la Confederación— es que existió un único Teatro de Operaciones, indivisible, con un mando unificado y una estructura operacional integrada que sostenía el combate desde el continente hacia las islas. No hubo dos guerras ni dos escenarios desconectados: hubo un dispositivo militar único que articulaba bases aéreas, puertos, radares, logística, comunicaciones, defensa y abastecimiento. Ese dispositivo continental era el que hacía posible el combate en el archipiélago. Fraccionar ese teatro hoy es una manipulación política, no una afirmación jurídica. No lo sostiene la doctrina militar, no lo sostiene la documentación oficial, no lo sostiene el derecho público argentino.

La Confederación, además, apela al argumento más viejo de todos: habla de “industria del reclamo”, intenta desacreditar abogados y judicializa la moral ajena para evitar discutir los hechos. Pero el derecho no se define por campañas en redes, sino por actos del Estado. Y el Estado, en 1982, movilizó, desplegó y ordenó a miles de jóvenes bajo estado de guerra dentro del TOAS continental. Ese acto jurídico genera obligaciones que no pueden quedar sujetas al humor o a la conveniencia de un grupo sectorial.

Por eso es necesario decirlo con claridad: la ley no es disponible al capricho de negacionistas de escritorio ni al relato de quienes creen que la memoria, el honor y la verdad son bienes personales administrables a discreción. La legalidad del TOAS no nace de la opinión de una Confederación: nace de decretos, diarios de guerra, actos del Estado Mayor Conjunto y normativa internacional aplicable a conflictos armados.

Negar el TOAS continental implica negar documentos firmados por la Nación, negar el riesgo real de miles de desplazados, negar a los muertos que nunca volvieron a casa, y negar que existió un único teatro de operaciones que sostuvo todo el conflicto del Atlántico Sur. Y ningún país digno puede construir memoria sobre la base de negar a sus propios hijos.

VETERANOS DE GUERRA TOAS: LA DIGNIDAD QUE SOSTIENE A LA PATRIA.

A pesar de décadas de indiferencia estatal, descalificaciones mediáticas, rechazos burocráticos y un menosprecio que en muchos casos llegó al destrato directo, los Veteranos de Guerra del TEATRO DE OPERACIONES DEL ATLÁNTICO SUR (TOAS) han sostenido su reclamo con una dignidad que interpela a toda la institucionalidad argentina

Lejos de cualquier forma de confrontación, jamás buscaron el escándalo ni el atajo fácil; al contrario, eligieron la vía institucional, la vía judicial, la documentación oficial, la organización comunitaria y el respeto como método. Recorrieron oficinas públicas, construyeron asociaciones, cuidaron la memoria de sus compañeros y respondieron a cada agravio con disciplina, serenidad y solidaridad interna. Avanzaron con una paciencia austera, con una ética del reclamo que nunca cayó en la violencia, la provocación ni la manipulación.

Esa persistencia —serena, fraterna y profundamente moral— es una lección para la clase política, judicial, para otros veteranos de guerra y para toda la sociedad: cuando un colectivo defiende derechos nacidos de actos del propio Estado y reclama únicamente los derechos otorgados por ley, lo hacen no sólo por sí mismo, sino por la integridad de la República y por la obligación de que la palabra estatal tenga valor real.

Porque, en definitiva, ellos encarnan lo que la Argentina parece haber olvidado: el ejemplo vivo de una patria unida, y una patria unida es lo único que un país necesita para ganar todas las guerras, las del pasado, las del presente y las que aún no conoce.