Tras el último episodio policial protagonizado la diputada Carolina Píparo y su marido, Juan Ignacio Buzali (detenido e imputado por "tentativa de homicidio"), la llama del viejo debate sobre la "justicia por mano propia" en Argentina pareciera volver a encenderse.
Todavía en etapa de investigación, la fiscal María Eugenia Di Lorenzo busca respuestas en los hechos posteriores al robo que sufrieron la funcionaria y su marido. La confusa escena de persecución en la que la pareja sostiene haber confundido a las víctimas atropelladas con asaltantes se podría desmoronar gracias a los videos de las cámaras de seguridad que aparecieron luego, junto a una cadena de testigos y declaraciones judiciales.
La tarde del 31 de diciembre de 2020, horas antes del episodio policial, Píparo se reunió con Luis Chocobar, el policía acusado de matar a Juan Pablo Kukocy, quien había asaltado y herido a un turista en La Boca. Accionar por el cual el efectivo acusado de "gatillo fácil" fue respaldado públicamente por el ex presidente Mauricio Macri.
De la causa Chocobar surgieron proyectos como “la Ley Chocobar”, en la que el radicalismo propone proteger a los agentes de seguridad que actúen “en cumplimiento de deber”, para que no sean juzgados en caso de matar a una persona. Una ley que, para algunos, avalaría la "mano dura". A través de Twitter que Píparo reforzó su posición sobre ese tema y lo hizo acompañando el texto con una imagen junto a Chocobar.
Compartí otra charla con Oscar Chocobar.
— Carolina Piparo (@CarolinaPiparo) December 31, 2020
Creo en él y en todos los policías de bien que arriesgan su vida para cuidarnos.
Quiero un 2021 sin grises, con un Estado que nos proteja y que los delincuentes estén tras las rejas. Menos show y más seguridad. pic.twitter.com/lmAuSmpA92
Esta no fue la primera ni la única vez que la funcionaria se expresa públicamente sobre temas relacionados a la violencia y la justicia. Píparo ha hecho públicas sus posiciones en casos resonantes como “el crimen del carnicero”; protagonizado por Daniel Oyazún, que tras sufrir un robo en su comercio, persiguió y asesinó al ladrón. “Se hizo justicia”, declaró entonces la funcionaria en los medios tras la absolución de Oyarzún.
La justicia por mano propia, la “legítima defensa”, los linchamientos. Distintas prácticas que surgen de consensos sociales a la luz de un hecho violento o delictivo, pero que repiten las conductas condenadas que en principio las inspiran. Sobre esto, el abogado y especialista Esteban Rodriguez Alzueta lo define: “Son formas de violencia difamatorias a través de la cual se tramita el miedo y la ansiedad y se quiere producir seguridad. Una seguridad paradójica, puesto que no se dan cuenta que terminan recreando las condiciones para sentirse cada vez más inseguros”.
Para Alzueta, una de las razones que hacen de este tipo de prácticas vías “consensuadas” tiene que ver con la tormenta que atraviesa la justicia como sistema. “La justicia está en crisis, es decir, ya no tiene capacidad para detener la violencia, por eso la violencia tiene a escalar a los extremos con estas otras experiencias protagonizadas por la vecinocracia. Lo curioso es que la justicia, al emular los veredictos mediáticos, y buscando recomponer confianzas, termina acompañando a las formas de justicia vecinal que es una justicia difamatoria, ostentosa, emotiva y urgente. Una justicia sin pruebas, sin garantías, sin principio de inocencia”.
En 2015 y al calor de un año marcado por casos mediáticos que instalaron en el debate, Agustín Valle escribió “Linchamientos: el policía que llevamos dentro”. Consultado por Revista Noticias, el escritor y periodista habló sobre “principio de semejanza”: “Cuando está clara la autoría está clara la responsabilidad. De todas maneras, cuando hay un consenso social sobre el derecho a vivir, que legitima esa acción, como por ejemplo: ´ah, fue a un chorro´. Ese consenso que habilita y legitima matar sin ser considerado un asesino, hace a las veces de ‘turba linchadora´ también. Me parece que en el fondo el linchamiento, sea puro y duro, o el linchamiento socialmente sostenido viene a producir la negación de la semejanza. Viene a reconfirmar el lugar social que se les atribuye a los ladrones, ese lugar de díscolos, desobedientes. El linchamiento viene a sostener la no semejanza, a producir y reproducir la desigualdad entendida desde la antropología: hay vidas que no son iguales a las otras”.
Valle, además, no encuentra interesante analizar el accionar del damnificado desde lo político. "¿Qué podés o debés esperar de una persona que sufrió un robo o la muerte de un ser querido?, no creo que la justicia ni los funcionarios deban partir desde allí para abrir la discusión política sobre la venganza o la violencia como respuesta a la violencia".
La aparición en la esfera pública de Píparo fue en 2017, como candidata a diputada por la provincia de Buenos Aires de Cambiemos. Allí llegó luego de que en 2010 perdió un embarazo al recibir un disparo durante una salidera bancaria. Actualmente se desempeñarse como secretaria de Asistencia a la Víctima, en la ciudad de La Plata, bajo la gestión del intendente Julio Garro.
El episodio policial que envuelve a Píparo y su familia continúa abierto, y los debates que desprende en la sociedad, también.
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