Fernando Burlando, defensor del ex gobernador de Entre Ríos, Sergio Uribarri, presentó una denuncia contra la ex Fiscal Cecilia Goyeneche por los delitos de abuso de autoridad, coacción agravada e incumplimiento de los deberes de funcionario público, por haber coaccionado a una testigo para que declare en contra del demandado.
La presentación realizada por Fernando Burlando y Javier Ignacio Baños recayó en el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 17 con la intervención de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N° 46. Urribarri solicitó ser incluido como querellante por encontrarse “particularmente ofendido por los delitos denunciados” e indicó que los mismos “configuran una situación de extrema gravedad institucional que atraviesa de forma transversal a toda la institución del Poder Judicial Provincial y su Ministerio Público Fiscal”.
Y destacó que “se encuentran comprometidos el derecho a la no auto incriminación, a la libertad del denunciante, el principio republicano de gobierno, el debido proceso legal constitucional y la interpretación del principio de inocencia”.
El juicio contra Uribarri se inició en septiembre de 2021 y concluyó con su condena a mediados de marzo de 2022. La Megacausa, como se la tituló, investigó al también ex embajador argentino en Israel en cinco causas, por el supuesto desvío de fondos públicos. Y concluyó con una condena a 8 años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos, que fue confirmada por la Cámara de Casación de Entre Ríos en mayo de 2023.
Pero Burlando sostiene que "el tribunal de Casación que confirmó la condena había mostrado previa y públicamente su parcialidad cuando los jueces Marcela Badano, Hugo Perotti y Marcela Dávite firmaron una nota emitiendo opinión y vinculando el jury a una funcionaria judicial con las causas de Urribarri".
"Los magistrados, parecen haber olvidado la vigencia de leyes básicas como la 5140 -de contrataciones de publicidad- ; 11043 -que modificó dicha normativa- la ley 25520 -que exigía autorización judicial para recabar información sobre las comunicaciones telefónicas; 24059, y otro sin número e preceptos como las que ordenan el proceso, o las leyes que establecían las funciones de la Contaduría General, o las leyes 19550 o los propios arts. 209 al 213 de la Constitución Provincial", agregó Burlando.
Señala además que la jueza del Tribunal de Casación, Evangelina Bruzzo, está casada con Juan Ruiz Orrico, dirigente de Juntos por el Cambio oriundo de Concepción del Uruguay, enfrentado históricamente con el ex gobernador. Y que Daniel Enz, el periodista que investigó al gobernador, fue señalado como partícipe de una supuesta mesa judicial con magistrados y políticos.
“La denuncia es increíble. Urribarri y Burlando, su abogado, están muy preocupados porque está muy cerca de confirmarse la sentencia que lo llevaría a purgar cárcel”, dijo Enz a La Nación. “Me acusan de una persecución. Hace 34 años que hacemos periodismo en Análisis, hemos hecho muchas denuncias que terminaron en condena. En total fueron más de 500 denuncias periodísticas sobre temas diferentes y en más de 10% de los casos se abrieron causas penales. Siempre hicimos solo periodismo. Nada más”, negó Enz.
Burlando presentó una denuncia en Comodoro Py. El fiscal Carlos Stornelli desestimó el planteo y lo remitió a Paraná, pero la jueza María Servini solicitó a la Oficina de Gestión de Audiencias del Poder Judicial de Entre Ríos la remisión de los expedientes para analizarlos. Y decidirá dónde continuará la causa.
"Lo va a determinar la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que en definitiva es quien lo tiene que resolver. Es muy bueno que haya un juez con ganas de investigar lo que acaba de denunciar Urribarri, pero sin lugar a duda la última palabra la va a tener la Corte. Para cualquier observador imparcial que analice los hechos con una mediana objetividad esto es escandaloso, no es un debido proceso legal constitucional", apoyó Baños, quien forma parte del equipo defensor liderado por Burlando.
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