Una investigación del Gobierno nacional y la Justicia Federal permitió reconstruir el funcionamiento de una organización dedicada a la extorsión digital, que operaba desde cárceles bonaerenses mediante el uso ilegal de teléfonos celulares para contactar a sus víctimas a través de aplicaciones de citas.
El esquema comenzaba con la creación de perfiles falsos de mujeres en plataformas de encuentros virtuales, especialmente en la aplicación Evermatch. Bajo identidades ficticias, los integrantes de la banda iniciaban conversaciones con usuarios desprevenidos, utilizando mensajes sugestivos y fotografías genéricas para generar confianza y establecer un vínculo.
Una vez consolidado el contacto, los estafadores avanzaban hacia una segunda etapa: inducían a las víctimas a compartir información personal o contenido íntimo. Con esos datos, activaban el mecanismo de extorsión, basado en amenazas y mensajes intimidatorios.
Uno de los elementos centrales del operativo era el llamado “audio del terror”, una grabación en la que advertían a la víctima que estaba involucrada en un presunto delito por haber mantenido contacto con una supuesta menor de edad. El mensaje incluía advertencias sobre consecuencias judiciales inminentes.
Luego, se producía un llamado telefónico de un falso agente de la Policía de la Ciudad, que afirmaba estar a cargo de una investigación penal. Utilizando la identidad usurpada de un efectivo real, el interlocutor exigía transferencias de dinero inmediatas para “evitar” la apertura de una causa judicial.
Las sumas reclamadas eran derivadas a distintas cuentas bancarias pertenecientes a terceros que actuaban como intermediarios. De esa forma, el dinero era fragmentado y redistribuido para dificultar su rastreo por parte de los investigadores. En muchos casos, las exigencias continuaban incluso después de los primeros pagos.
La presión económica se combinaba con un fuerte desgaste psicológico. Las víctimas eran sometidas a amenazas constantes, mensajes reiterados y advertencias sobre supuestas detenciones o allanamientos, lo que generaba un clima de angustia permanente.
Entre los afectados se encontraba Rodrigo Andrés Gómez, un soldado de 21 años que se suicidó en diciembre pasado mientras cumplía funciones de guardia en la Quinta Presidencial de Olivos. La investigación judicial determinó que estaba siendo extorsionado por esta banda y que atravesaba una situación de extrema presión emocional y financiera.
Los operativos realizados por las fuerzas de seguridad derivaron en al menos siete detenciones. Entre los principales implicados figuran personas que coordinaban las maniobras desde unidades penitenciarias, junto con colaboradores externos encargados de recibir y distribuir el dinero.
La causa expuso el nivel de organización y profesionalización de este tipo de delitos digitales, así como las fallas en los controles dentro de los penales. También dejó en evidencia los riesgos que enfrentan los usuarios de aplicaciones de citas frente a redes criminales que combinan tecnología, engaño y extorsión sistemática.
La investigación continúa bajo la órbita judicial, mientras las autoridades analizan nuevas medidas para prevenir este tipo de maniobras y reforzar los controles.
controles sobre el uso ilegal de dispositivos dentro de los establecimientos penitenciarios.
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