Las demoras e irregularidades que se suscitaron en torno a la implementación del voto electrónico en la Ciudad de Buenos Aires y las posteriores denuncias radicadas en la Justicia no sólo dejaron expuestos a los funcionarios encargados de velar por la correcta implementación del mecanismo de sufragio sino que también pusieron la lupa sobre la empresa Magic Software Argentina (MSA), proveedora del equipamiento y la logística. Si bien el gobierno porteño confirmó su intención de utilizar el mismo sistema en las elecciones de octubre próximo, no se descarta que el avance de la investigación judicial pueda mover alguna pieza de este tablero.
De todos los partidos que concurrieron a las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO), la interna de Juntos era la que más expectativas concentraba. Las disputas entre Rodríguez Larreta y Patricia Bullrich, a nivel nacional y entre Jorge Macri y Martín Lousteau en la Ciudad de Buenos Aires generaron tensiones al interior de la coalición. Por este motivo, en abril, el jefe de Gobierno porteño decidió separar las elecciones nacionales de las locales utilizando dos sistemas de votación diferente. Así fue que para presidente se mantuvo la boleta papel -como en el resto del territorio argentino- mientras que para dirimir el candidato a futuro alcalde de CABA se utilizaría el voto electrónico. Lo que buscaba Larreta, según trascendió de su entorno, era achicar la desventaja que tendría su aliado y candidato Martín Lousteau quien en la interna no llevaba candidato a presidente.
Pero la apuesta no salió todo lo bien que se esperaba. A nivel electoral, ni el actual jefe de Gobierno ni el ex ministro de Economía lograron imponerse en las internas. Pero, peor aún, los sufragios a través del sistema electrónico generaron demoras, enojos y desconcierto en los votantes y hasta denuncias por su mal funcionamiento y su poca previsión. Incluso la jueza federal con competencia electoral, María Romilda Servini, anunció que presentará una denuncia en la Justicia. En un escrito se refirió al proceso como “una impericia nunca antes vista en la organización y ejecución de un proceso electoral”.
Problemas.
El lunes 10 de abril, cuando la interna opositora atravesaba uno de sus momentos más álgidos, Rodríguez Larreta anunció que las elecciones serían concurrentes. Es decir, que en la misma fecha y en el mismo establecimiento se votaría con dos sistemas diferentes. El tradicional para los cargos nacionales y el voto electrónico para las autoridades locales.
Dos días después, a través del decreto Nº 109/23, el jefe de Gobierno oficializó su decisión y se abrió la licitación para las empresas interesadas en participar. Un mes después, cuando cerraba el pliego, se adjudicó como ganadora a MSA que fue la única empresa que se presentó.
MSA, radicada en el distrito tecnológico de Parque Patricios, había sido la proveedora del sistema en 2015, cuando se usó el voto electrónico por primera vez en la Ciudad, y también contaba en su historial con ser la empresa detrás de la implementación del voto electrónico en varios otras provincias y en el extranjero: Salta, Neuquén y también en las elecciones nacionales paraguayas, a principios de este año.
De acuerdo al pliego licitatorio, el monto "indicativo" que la empresa estimó por el servicio para las tres jornadas electorales (las PASO, las elecciones generales y un hipotético balotaje) fue de 29,1 millones de dólares, a razón de 3,08 dólares por votante porteño en cada una de las instancias. Al cambio oficial de ese momento, la erogación total para el Gobierno de la Ciudad fue de más de 7 mil millones de pesos.
Esta cifra contrastó con el presupuesto presentado por INDRA, que resultó ser la adjudicataria para la organización del escrutinio a nivel nacional. La compañía española cobró el mismo monto que MSA pero para contar los votos de un electorado catorce veces mayor que el de la Ciudad de Buenos Aires.
A esta altura, uno podría preguntarse quiénes son los dueños de MSA. La empresa pertenece a Sergio Angelini y Alejandro Poznasky y fue creada en 1995. Con el correr del tiempo fue especializándose en la prestación de servicios informáticos para sufragios.
Su debut al frente de los comicios ocurrió en 2013, cuando el entonces gobernador salteño, Juan Manuel Urtubey, los contrató para imponer el voto electrónico en las elecciones legislativas de su provincia.
En 2015 serían las encargadas de hacer lo mismo en Capital Federal, donde el sistema no sólo que presentó fallas y fue denunciado, sino que además su principal detractor fue uno de los que este año más defendió su uso: Martín Lousteau.
"En la Ciudad de Buenos Aires se demostró que vos podías alterar la boleta con el chip. De hecho a mí me lo mostraron. No nos querían entregar máquinas y cuando nos entregaron las máquinas vinieron hackers con un teléfono y modificaron el chip. Con la tarjeta de votación se hacían pasar por el presidente de mesa y hasta podían duplicar votos", dijo luego de perder en esos comicios. Ocho años después festejó su implementación. Las denuncias de aquel momento fueron las mismas sospechas que hubo este año.
Pero la polémica no se queda sólo en la Capital Federal. MSA estuvo implicada en otra denuncia este año en Córdoba. Organización Courier Argentina s.a. (Ocasa), a cargo de la logística electoral en la provincia mediterránea, subcontrató a MSA para que se hiciera cargo del escrutinio provisorio de los comicios provinciales de junio a través del sistema Turing. Este sistema consiste en el escaneo y digitalización del acta de resultados labrada por los miembros de la mesa receptora de votos. Su objetivo es “agilizar” la recepción de datos en los centros operativos. Sin embargo, el día de las elecciones, la provincia seguía sin carga de datos a las 23 horas, lo que motivó que el Tribunal Superior de Justicia le impusiera una multa. La condena fue apelada y aún se dirime en la Justicia.
Los cuestionamientos traspasaron las fronteras cuando MSA, en alianza con otras empresas, prestó servicios para las elecciones nacionales en Paraguay. Tras los comicios, el candidato que resultó tercero, Payo Cubas, afirmó que de no haber sido “por el fraude” del que fue víctima gracias “al mecanismo de elección”, se hubiera impuesto en las votaciones.
NOTICIAS intentó comunicarse con MSA aunque no obtuvo respuesta.
Advertencias.
Las irregularidades detectadas en los comicios porteños ya se habían presentado en las pruebas realizadas luego de la aprobación de la licitación. Hubo varios accidentes y errores. “Se realizaron en la Usina del Arte y seríamos unas 30 personas. El sistema nunca andaba bien, de hecho, en una simulación una persona votó y la máquina terminó imprimiéndole el sufragio a un candidato paraguayo”, cuenta a NOTICIAS una de las personas que participó del encuentro.
A las irregularidades y fallas técnicas se le sumaron otras. Apenas consumada la adjudicación, dirigentes del Frente de Izquierda presentaron un amparo ya que, según ese partido, el organismo encargado de auditar el sistema de votación electrónica no era "imparcial". “Uno de los tres encargados de la auditoría es la Gerencia Operativa de Información y Tecnología, una repartición del IGE, que está a cargo de Jorge Ariel González. Él de ningún modo puede tomarse como imparcial ya que en 2021 fue aportante de Juntos por el Cambio”, explica a NOTICIAS el ex legislador del Frente de Izquierda Unidad, Patricio del Corro, quien presentó la medida judicial junto a Myriam Bregman y Alejandrina Barry.
En efecto, según consta en la página web de consulta pública de aportes de la Cámara Nacional Electoral, González aportó $ 70 mil para la campaña de las elecciones legislativas del 2021. “El propio estatuto electoral dice que las personas que lleven adelante la auditoría deben ser independientes y esto claramente demuestra que González no lo es”, resume del Corro.
A esta presentación se sumó otra realizada por la Fundación para la Difusión del Conocimiento y el Desarrollo Sustentable Vía Libre que solicitó una medida cautelar para suspender la implementación del voto electrónico. Ambas denuncias fueron rechazadas por el Tribunal Superior de Justicia de la ciudad de Buenos Aires (TSJ) de manera “in limine”.
Sin embargo, el voto electrónico volvió a los pasillos judiciales tras las PASO del domingo 13 de agosto. La jueza federal con competencia electoral en CABA, María Servini, realizó dos presentaciones por “averiguación de delito” contra los funcionarios del Instituto de Gestión Electoral porteño (ver recuadro). Según los datos de la justicia electoral, en total se presentaron más de 300 denuncias de ciudadanos debido a diversas vulneraciones al momento de votar.
También, se suma la denuncia realizada por la Fundación por la Paz y el Cambio Climático, contra la empresa MSA y el gobierno porteño por “dejar a miles de ciudadanos con imposibilidad cierta de emitir su voto, y posibilitar el fraude electoral”. Esta denuncia recayó en el juzgado federal 6 de Comodoro Py.
A pesar de esto, desde el gobierno que encabeza Horacio Rodríguez Larreta apuntaron que el método de votación se mantendrá en las elecciones de octubre y afirmaron que, lejos de presentar fallas el 30 por ciento de las máquinas, como sostuvo Servini, sólo un 2% de las mismas tuvieron que reemplazarse durante los comicios.
Envuelto en quejas, el voto electrónico es una incógnita de cara a octubre y los 60 días que restan para las elecciones generales deberán traer respuestas y soluciones para su correcta aplicación y la eliminación de suspicacias. La Justicia tendrá un arduo trabajo por delante.
Galería de imágenes
Comentarios