Luego del allanamiento ordenado por la Justicia en el Ministerio de Transporte de la provincia de Buenos Aires, en el marco de una investigación por presuntas irregularidades en la implementación de radares y fotomultas, la Cámara de Empresas de Control y Administración de Infracciones de Tránsito de la República Argentina (CECAITRA) salió a desmentir versiones y defendió la legalidad de todos los equipos instalados en rutas y municipios bonaerenses.
"Todos los radares están debidamente habilitados", afirmó la entidad a través de un comunicado oficial difundido en las últimas horas. CECAITRA, que agrupa a las principales proveedoras de software y tecnología vial del país, remarcó que los dispositivos de medición de velocidad que han sido provistos tanto a la administración provincial como a los municipios adheridos a la red de seguridad vial cumplen con las normativas técnicas y legales vigentes.
La reacción de la Cámara llega en respuesta a la escalada mediática y judicial que involucra a la gestión del ministro de Transporte Jorge D’Onofrio, funcionario cercano al massismo, acusado por presuntas anomalías en el proceso de habilitación y fiscalización de infracciones. La causa, impulsada a partir de una denuncia de un proveedor privado en 2023, apunta a esclarecer si hubo irregularidades en la instalación y funcionamiento de cinemómetros, comúnmente conocidos como radares, que podrían haber derivado en sanciones inválidas.
Como parte del proceso judicial, la Justicia federal solicitó documentación a CECAITRA y otras entidades para analizar el marco técnico, contractual y administrativo detrás de las multas por exceso de velocidad en territorio bonaerense. La Cámara informó que ya entregó la información requerida y expresó su disposición a colaborar plenamente con la investigación.
"Nos parece correcto que se investigue cualquier posible irregularidad. Lo que no podemos permitir es que se intente sembrar sospechas infundadas sobre el sistema, cuando hay actores con intereses particulares que buscan sacar provecho político o económico", expresaron desde la entidad.
El sistema
En su descargo, CECAITRA también hizo un repaso del origen del sistema de fiscalización electrónica en la provincia de Buenos Aires. La participación de la Cámara en el rubro comenzó en 2007, tras la declaración de la Emergencia Vial por parte del gobierno provincial, ante el aumento de siniestros fatales en rutas. Ese año, el Ejecutivo bonaerense firmó un contrato directo con CECAITRA para la provisión de 180 cinemómetros (140 fijos y 40 móviles), al considerar que ninguna empresa local contaba con la capacidad técnica y logística para afrontar semejante despliegue.
En años posteriores, la Cámara fue adjudicataria de diversos contratos de mantenimiento, reparación, procesamiento de infracciones y reinstalación de equipos. En 2010, comenzó un proceso de expansión hacia los municipios, con convenios tripartitos que sumaron a gobiernos locales y universidades públicas, como la UTN, al sistema de control de velocidad.
La estructura fue consolidándose durante las siguientes gestiones provinciales, tanto con licitaciones como con convenios marco. En 2021, bajo la actual administración, la Provincia resolvió delegar a los municipios las tareas de mantenimiento, reparación y actualización tecnológica de los equipos, quedando en manos del Estado provincial únicamente el procesamiento, juzgamiento y cobro de las infracciones a través del sistema SACIT.
La disputa
La polémica en torno a las fotomultas no es nueva. A lo largo de los últimos años, tanto en la provincia como en otras jurisdicciones del país, distintos sectores han cuestionado el uso de radares como herramienta de recaudación más que como instrumento de prevención. La legalidad de los equipos, la señalización previa, la habilitación del INTI y el respeto del debido proceso para el cobro de infracciones son algunos de los puntos sensibles que han sido judicializados en diversas oportunidades.
En este nuevo capítulo, la causa que involucra a D’Onofrio y su entorno podría reconfigurar el esquema de control vial en territorio bonaerense. Desde CECAITRA advierten que no se oponen a ninguna revisión institucional, pero rechazan que se ponga en duda la legalidad de un sistema que, aseguran, ha contribuido a reducir la siniestralidad en las rutas provinciales.
"La seguridad vial es un trabajo colectivo. La verdad, más temprano que tarde, siempre sale a la luz", concluye el comunicado, en el que también invitan a consultar el historial técnico y los convenios vigentes en el sitio oficial de la Cámara: www.cecaitra.org.ar.
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