En Argentina, casi dos millones de niños, niñas y adolescentes son potencialmente víctimas de abuso sexual. La cifra surge de estadísticas de la Organización Mundial de la Salud, que indican que 1 de cada 5 niñas y 1 de cada 13 niños sufre este tipo de violencia antes de los 18 años.
En su mayoría, estos delitos se cometen hacia el interior del hogar, por lo que la pandemia agravó la situación de muchos chicos.
Frente a esta problemática, alrededor de 15 instituciones y organismos realizaron la campaña “De los chicos y las chicas los responsables”, con el objetivo de concientizar sobre la importancia de involucrarse en casos de violencia hacia menores y pedir ayuda.
“Como el acceso a las políticas públicas del Estado está intermediada necesariamente por la figura de un adulto, que detecte y que actúe a favor del niño, nos propusimos empezar a sensibilizar a los adultos porque es muy difícil detectar lo que se ignora”, explica a NOTICIAS Paula Watcher, Directora Ejecutiva de Red por la Infancia.
Las cifras acompañan esta necesidad de intervenir. Durante la cuarentena, los llamados a la línea 137 por violencias intrafamiliares y/o sexuales aumentaron un 20% respecto al mismo período de 2019, según el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. En esa línea, la cantidad de menores que sufrieron violencias aumentó un 23%.
Cultura del silencio
Como sucedió durante mucho tiempo con la violencia de género, cuando un adulto violenta a un niño la sociedad no suele intervenir porque lo entiende como un hecho privado.
Esta situación se ve recrudecida por la pandemia, en la que gran parte del tiempo y las actividades se desarrollan en las casas. Así, no solo aumentaron los factores de riesgo para los más chicos, que pueden estar viviendo con su agresor, sino que además no asisten a lugares que servían para detectar estas violencias y protegerlos, como la escuela.
Marisa Graham, la Defensora de Niñas, Niños y Adolescentes, señala a NOTICIAS: “Es importante avisar al Estado porque yo tengo que tener en cuenta que siempre, pero sobre todo en esta situación, el niño o la niña que vive con su agresor no puede decir, entonces necesita de un otro o una otra que diga, por eso proponemos: rompé el silencio”.
Y agrega sobre la responsabilidad como ciudadanos: “Hay cuestiones que como sociedad dejamos pasar, miramos para el otro lado. Y somos responsables cuando sabemos que tenemos que hacer visible algo que está bastante invisibilizado, con pandemia y sin pandemia”.
En ese sentido, quienes empujan la campaña insisten en que involucrarse no necesariamente implica ponerse al hombro una denuncia que puede volverse judicializable. Muchas veces, alcanza con buscar información sobre la temática para saber cómo detectar y actuar ante estas situaciones -la línea 137 brinda asistencia para eso y en la web creada para esta iniciativa se ofrece información sencilla del tema-.
“Las consecuencias de estas violencias pueden ser muy difíciles de revertir. Entonces lo que tenemos que hacer, y tenemos una responsabilidad todos los adultos, es lograr que cese esa vulneración de derechos. Eso no significa, porque no siempre es posible, involucrarse directamente en la situación pero sí al menos poder poner en conocimiento a las autoridades que sí tienen una responsabilidad específica”, explica Hernán Monath, Especialista en Protección de Derechos y Acceso a la Justicia de UNICEF.
De hecho, la intervención estatal no siempre es a través de fuerzas de seguridad -que es necesario en casos de violencia extrema-: en varias ocasiones, participan equipos especializados que mejoran o resuelven la situación de un grupo familiar.
En cualquier caso, el rol de los adultos es clave. Los niños y niñas no solo no pueden hablar porque son víctimas y no siempre tienen recursos para explicar lo que les pasa o les da miedo hacerlo, sino también porque no hay políticas públicas de fácil acceso para que los chicos puedan directamente comunicarse. Las herramientas disponibles no están pensadas para ellos: son líneas telefónicas, cuando una gran mayoría se maneja a través de mensajes o no tiene acceso.
“Hay mucho mito respecto de que uno va a quedar pegado en el proceso, que uno va a quedar estigmatizado, y la realidad es que con un llamado estamos quizás salvando la vida de un chico, o por lo menos protegiéndolo. Si no lo hacemos entre todos seguimos fomentando la reproducción intrafamiliar de la violencia. Eso es lo que tenemos que tratar de cortar, cuando se trata de niños la violencia no es aceptable”, observa Watcher.
Hoy en día, a pesar de la gran cantidad de abusos sexuales que se cometen contra menores, se estima que solo se denuncia el 10%.
Violencia
El aislamiento puso de relieve situaciones que venían de antes pero que se recrudecieron por el contexto. Con una convivencia 24/7, mayor estrés de los cuidadores por la pandemia, la modificación en la dinámica del hogar y tareas de cuidado, aumentaron los factores de riesgo y los casos de violencia familiar contra niños y niñas en un 28%, según datos del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.
Además, al estar mucho más tiempo expuestos al entorno digital también crecieron un 267% los delitos vinculados a las redes, como grooming y viralización de material con abuso sexual contra las infancias.
Por otra parte, hay una naturalización de viejas prácticas asociadas a métodos de crianza anacrónicos que son perjudiciales para la infancia.
Según UNICEF, antes de la pandemia, en el 70% de los hogares del país los niños y niñas se encontraban expuestos a distintas formas de violencia que muchas veces no son vistas como tal, como gritos, insultos, zamarreos o golpeos.
Monath concluye: “Es importante pensar que hay violencias que se van naturalizando. Son prácticas de crianza que parecen naturales y que uno no necesariamente asocia con situaciones de violencia pero que efectivamente lo son: los gritos, algún zamarreo, este tipo de cosas que muchas veces pasan desapercibidas y que muchos adultos lo usan como una forma de poner un límite y terminan siendo un problema y una vulneración de derechos”.
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