La presentación del proyecto de ley impulsado por la diputada nacional Karen Reichardt para establecer un régimen nacional de regulación de criaderos, refugios, hogares de tránsito y pensionados para animales de compañía derivó en una de las polémicas públicas más intensas de los últimos días. Lo que inicialmente se planteó como una iniciativa destinada a fijar estándares mínimos de bienestar animal, trazabilidad y fiscalización terminó convirtiéndose en un debate que trascendió el ámbito parlamentario y enfrentó a la legisladora con referentes del proteccionismo animal, veterinarios especializados y figuras mediáticas que cuestionaron tanto el contenido del proyecto como la filosofía que lo inspira.
La iniciativa, presentada en la Cámara de Diputados a mediados de julio, propone crear un Régimen Nacional de Presupuestos Mínimos para la Regulación, Habilitación, Fiscalización y Control de Criaderos, Refugios, Hogares de Tránsito y Pensionados para Animales de Compañía. Entre sus ejes centrales figura la creación del Registro Nacional de Establecimientos para Animales de Compañía (RNEAC), de inscripción obligatoria para toda persona física o jurídica que se dedique a la reproducción, alojamiento, rescate, tránsito o comercialización de animales domésticos. El proyecto exige condiciones edilicias adecuadas, asistencia veterinaria permanente, protocolos sanitarios, identificación individual de los animales, trazabilidad, auditorías periódicas y la existencia de responsables técnicos.
Además, incorpora expresamente el reconocimiento de los animales de compañía como "seres sintientes" y adopta el estándar internacional de las "Cinco Libertades" como parámetro para evaluar el bienestar animal. También prohíbe la eutanasia como método de control poblacional, salvo en situaciones de sufrimiento irreversible certificado por un veterinario, y establece programas de esterilización y adopción responsable para los refugios.
En el caso específico de los criaderos, la propuesta busca establecer un sistema de habilitación formal para establecimientos dedicados a la reproducción planificada de animales de compañía con fines comerciales o de preservación genética. Según Reichardt, el propósito es terminar con la clandestinidad y establecer controles donde actualmente existe una fuerte dispersión normativa entre provincias y municipios. Precisamente ese punto es el que despertó la mayor resistencia entre organizaciones proteccionistas.
Diversas asociaciones sostienen que, al reconocer legalmente la existencia de criaderos comerciales y regular su funcionamiento, el Estado termina legitimando una actividad que consideran incompatible con la realidad argentina, donde millones de perros y gatos permanecen abandonados. Para esos sectores, el problema central no radica en la falta de regulación sino en la reproducción comercial de animales mientras persiste una sobrepoblación que desborda la capacidad de rescate de refugios y voluntarios.
La discusión alcanzó máxima exposición durante una entrevista televisiva en el programa LAM, donde Reichardt protagonizó un fuerte enfrentamiento con Matilde Blanco. La asesora de imagen, conocida además por su trabajo con organizaciones protectoras, acusó a la diputada de impulsar una iniciativa que, en los hechos, "legaliza los criaderos" y cuestionó que el proyecto coloque bajo un mismo régimen a refugios sin fines de lucro y establecimientos dedicados a la venta de animales.
Durante el intercambio sostuvo que los refugios son sostenidos por particulares, que no existen refugios estatales y que el país enfrenta una grave crisis de animales abandonados, por lo que consideró que la prioridad debería ser fortalecer las políticas de castración y adopción antes que crear un marco para la reproducción comercial. El debate escaló rápidamente con acusaciones personales e interrupciones mutuas hasta que Reichardt abandonó el estudio y posteriormente anunció acciones legales contra Blanco por considerar que había sido difamada.
La legisladora rechazó las acusaciones y defendió el espíritu de la iniciativa. Argumentó que el proyecto no promueve el maltrato ni incentiva la reproducción indiscriminada, sino que busca precisamente controlar una actividad que hoy funciona, en gran parte, sin supervisión estatal. Durante distintas entrevistas insistió en que existen criaderos que cumplen estándares adecuados y otros clandestinos que deben ser fiscalizados, sosteniendo que prohibir sin controlar sólo favorece la informalidad y deja a los animales en una situación de mayor vulnerabilidad.
Sin embargo, en la plataforma streaming Bondi, Blanco volvió a referirse sobre la postura de la parlamentaria de La Libertad Avanza afirmando que el proyecto no la escribió Reichardt sino que "la escribió una persona que tiene unos criaderos, una persona que tiene mucho dinero" y que esta relacionada con los galgueros con la intención de liberar la carrera de galgos. En ese fragmento, la especialista en moda recordó que la actual dirigente libertaria conducía un ciclo de la TV Publica en la que "hacía desfiles con animales" para promocionar un local de ropas para mascotas.
Por su parte, el médico veterinario Enrique Romero, uno de los especialistas más reconocidos en bienestar animal y control poblacional, expresó fuertes objeciones al proyecto durante distintas intervenciones periodísticas. En términos generales, sostuvo que la iniciativa confunde dos actividades completamente distintas al colocar bajo un mismo régimen jurídico a refugios y criaderos. Según explicó, mientras los criaderos tienen una finalidad comercial basada en la reproducción y venta de animales, los refugios existen como respuesta solidaria frente al abandono y cumplen una función de contención que, en su opinión, corresponde originalmente al Estado.
Romero remarcó además que la solución estructural al problema de la sobrepoblación no pasa por reglamentar criaderos sino por implementar campañas masivas y permanentes de castración, educación para la tenencia responsable e identificación obligatoria de mascotas. También advirtió que regular la actividad comercial podría interpretarse como una validación institucional de la reproducción de animales en un contexto donde el abandono continúa siendo uno de los principales problemas sanitarios y de bienestar animal del país.
Buena parte de las organizaciones proteccionistas coinciden con ese diagnóstico. Diversas ONG sostienen que la creación de un registro nacional y de requisitos administrativos para criaderos termina otorgando un reconocimiento legal a una actividad cuya existencia debería reducirse progresivamente. En cambio, consideran prioritario ampliar los programas públicos de esterilización gratuita, fortalecer las campañas de adopción, endurecer las sanciones por abandono y reforzar el control sobre el comercio ilegal de animales.
En definitiva, la controversia dejó en evidencia una profunda diferencia conceptual: mientras la diputada entiende que regular es una forma de proteger a los animales, los sectores críticos consideran que cualquier legislación que habilite expresamente la existencia de criaderos comerciales constituye un retroceso frente al objetivo de disminuir la reproducción y priorizar la adopción de millones de animales que actualmente permanecen abandonados en todo el país.
GW
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