El escándalo judicial en Santiago Del Estero, vinculado al caso del policía federal Juan Pablo Fernández, detenido desde hace más de cuatro años con prisión preventiva, generó nuevas ramificaciones. A Fernández lo acusan de haber sido un sicario. Él insiste en que es un "perejil". El caso tiene como génesis, un conflicto de posesión de tierras en el interior de Santiago del Estero, más precisamente en el departamento de Pellegrini.
Hasta hace algunas semanas, el expediente se aceleró y se fijó el inicio del juico para fines de marzo. Sus familiares lo atribuyen a la conmoción que generó la filtración de un audio en el que se escucha presuntamente a la ex fiscal Aída Farrán Serlé reconociendo que Fernández fue inculpado equivocadamente.
"Cómo llegan a tu marido me parece una locura. ¿Cuál es la justificación de que el hombre lleve cuatro años detenido?. Toda detención tiene un plazo razonable y se han cumplido”. Y sigue: "Yo sé cuál es la línea investigativa que esa causa tendría que haber seguido, no este coso. Si voy a contratar un sicario ¿le voy a depositar la plata en la cuenta del sicario? Es un pobre hombre que le ha tocado esta situación porque han necesitado cerrar una causa", reconoce allí la fiscal Aída Farrán Serlé, hablando con la pareja de Fernández.
Con la viralización de esos audios, Farrán Serlé, el juez Darío Alarcón, y el fiscal coordinador Julio Mariano Gómez, fueron denunciados ante el Consejo de la Magistratura, donde se los acusó de “omisión de deberes, denegación de justicia e incumplimiento de los deberes de funcionario público”. Ahora, el Ministerio Público Fiscal imputó a Farrán Serlé: el fiscal Mauricio Abramczuk ya le tomó declaración indagatoria.
"El MPF representado por integrantes de la Unidad Fiscal de Delitos contra la Integridad Sexual y Violencia Institucional, tomó declaración de imputado por el delito de prevaricato de abogado, en calidad de autor, a la Dra. Aida Farrán Serlé, quien se desempeñaba como fiscal en la Unidad Fiscal de Lucha contra el Narcotráfico, y que en el año 2020, renunció al momento que Fiscalía General dispuso la realización de una auditoría en dicha dependencia al advertir irregularidades en la misma", se leyó en el comunicado del Ministerio Público Fiscal de Santiago del Estero.
"De acuerdo con lo informado por el representante de la Fiscalía –Dr. Mauricio Abramczuk-, la atribución delictiva fue realizada a raíz de la investigación que inició en el mes de enero del corriente año, luego de que la acusada, asumiendo de hecho el rol de defensora del Sr. Juan Pablo Fernández, afirmara una serie de hechos carentes de veracidad sin probanza alguna, valiéndose de su anterior función de fiscal de instrucción, con la intención de favorecer la situación procesal del imputado y perjudicar y entorpecer deliberadamente la causa judicial y la administración de justicia", concluyó
A la par, se viralizaron nuevos audios que probarían que los armados eran la operatoria de una asociación ilícita. Los investigadores involucran también en la operatoria a los ex abogados del sindicado como autor del sicariato, y a parientes en altos cargos de la justicia provincial. La denuncia realizada por el abogado Edgardo Taboada señaló una “negativa sistemática a cualquier planteo o pedido realizado”, mansillando las garantías constitucionales. El letrado adujo que respondía a una “maniobra compleja en procuras de apropiarse ilegítimamente de inmuebles en todo el territorio de la provincia”.
por R.N.
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