OPINIóN | 21-12-2019 09:33

Todo depende del consumidor

Alberto Fernández tomó la iniciativa política en sus primeros días como presidente

La estrategia económica, o “plan integral”, del nuevo gobierno peronista está saliendo del denso banco de neblina que la mantuvo oculta en los ya lejanos días preelectorales. Algunos detalles siguen siendo borrosos, pero es evidente que sus artífices creen que el motor de la recuperación soñada tendrá que ser el consumo popular suplementado, esperan, por los ingresos de Vaca Muerta, es decir, por el equivalente actual de la buena cosecha de otros tiempos. También rezan para que los acreedores sean más pacientes que los buitres que tanto molestaron a Cristina y que Donald Trump obligue al Fondo Monetario Internacional a colaborar; el magnate no querrá que la Argentina se mude a la esfera de influencia china.

Si bien Alberto Fernández comparte con su antecesor, Mauricio Macri, la voluntad de dar prioridad a la lucha contra la pobreza extrema, lo que puede entenderse en un país que aún recuerda los días en que se trataba de un fenómeno marginal, el modelo que los miembros de su equipo tienen en mente dependerá de la redistribución de lo presuntamente disponible. No encuentran convincente la idea la de que resolver los problemas macroeconómicos más notorios serviría para crear las condiciones necesarias para bajarla a un nivel tolerable.

Por lo tanto, no motivó demasiada sorpresa el que las primeras medidas que se anunciaron hayan favorecido a quienes menos tienen en desmedro de los presuntamente acomodados, comenzando con los hombres del campo e incluyendo a los turistas extranjeros, a quienes compran bienes supuestamente superfluos en el exterior y a los que buscan defenderse contra sorpresas ingratas acumulando dólares estadounidenses.

Procurar frenar las importaciones desdoblando el mercado cambiario puede tener consecuencias no deseadas. Es más que probable que los pasos en tal sentido impacten en el precio de los medicamentos que en algunos rubros se confeccionan con insumos importados. También golpearán a aquellos fabricantes que, como es normal hoy en día, forman parte de una cadena internacional y necesitan contar con piezas procedentes del exterior.

Como no pudo ser de otra manera, los agricultores están preparándose para resistir a lo que desde su punto de vista es una ofensiva sumamente injusta emprendida por quienes los creen “oligarcas” congénitos aun cuando muchos son tan pobres como cualquier habitante del conurbano. Pronto oiremos mucho más de las decisiones que tomen los integrantes de la Mesa de Enlace. Además de organizar protestas como las de 2008 que pusieron a la entonces presidenta Cristina al borde de la renuncia, los líderes del campo pueden señalar que el suyo es el sector más dinámico y más competitivo de la economía nacional y que perjudicarlo atenta contra el desarrollo del país.

No se equivocarán. Tampoco lo harán otros que se sienten preocupados por la voluntad evidente del gobierno de privilegiar a lo que podría calificarse de la Argentina tercermundista a costillas del país productivo que, si no tuviera que subsidiar al resto, sería capaz de progresar con rapidez impresionante. Sea como fuere, en términos políticos y hasta humanos, la actitud oficial tiene su lógica: no sólo les permite a los peronistas felicitarse por su sensibilidad social, tan superior a la de los macristas, sino que también podría ayudarlos a mantener tranquila a la calle y, mientras tanto, asegurarles más votos en las elecciones venideras. Así y todo, a la larga, la estrategia adoptada por el Gobierno podría tener consecuencias muy negativas para un país que difícilmente puede darse el lujo de perder mucho más terreno.

Aunque es factible que los peronistas logren “poner plata en los bolsillos de la gente” para que consuma más en los meses próximos, lo que, a juicio de los oficialistas actuales, generaría una espiral virtuosa que andando el tiempo beneficiaría a todos, hay muchos que temen que sólo sirva para aumentar todavía más el peso relativo de la parte, que ya está sobredimensionada, del país que vive de lo producido por la minoría cada vez más chica que aporta al conjunto. Haría de la “cultura de la pobreza”, o sea, del “pobrismo” predicado por el papa Jorge Bergoglio, la doctrina nacional por antonomasia.

Huelga decir que la Argentina dista de ser el único país cuyo gobierno se ve obligado a elegir entre intentar satisfacer las aspiraciones inmediatas de los menos productivos por un lado y, por el otro, brindar a los creadores de riqueza las oportunidades que precisan para conseguir los premios que creen merecer con tal que aprovechen a pleno sus talentos o, por lo menos, el capital que manejan. En el mundo desarrollado, muchos gobiernos se ven frente al mismo dilema que, merced al envejecimiento de los habitantes de los países avanzados, a los vertiginosos cambios tecnológicos que ya han privado a millones de personas de empleos relativamente bien remunerados y a la globalización de casi todo, ha adquirido connotaciones dramáticas. Por ejemplo, el primer ministro británico Boris Johnson, cuyo triunfo avasallador en las elecciones de hace poco más de una semana se debió en buena medida a los votos de los “estructuralmente” pobres del norte de Inglaterra que hasta entonces siempre habían respaldado a los laboristas, se ha comprometido a recompensarlos gastando muchísimo dinero. Lo que no podrá hacer es devolverles los puestos de trabajo que tantos añoran; muchos se han ido para siempre.

En Francia, los esfuerzos del presidente Emmanuel Macron por modernizar la economía de su país a fin de adecuarla a los tiempos que corren ya han provocado una multitud de protestas violentas protagonizadas por grupos de rezagados como los ya mundialmente célebres “chalecos amarillos”. Puede que Estados Unidos siga siendo una excepción –Trump ha tenido la suerte de ser presidente en una época de vacas gordas–, pero el ala progresista del Partido Demócrata confía en que la desigualdad económica creciente, que en su opinión ya ha alcanzado proporciones escandalosas, la ayude a recuperar terreno.

Asimismo, como acaban de aprender el mandatario chileno Sebastián Piñera y, en cierto modo, Macri, a ojos de la mayoría los logros macroeconómicos importan mucho menos que la sensación térmica imperante. Desgraciadamente para quienes los suponen fundamentales, para los demás son abstracciones que apenas inciden cuando están en el cuarto oscuro. Con todo, por ser cuestión de la base sobre la que descansa todo lo demás, siempre hay que procurar eliminar o, cuando menos, minimizar las distorsiones macroeconómicas.

¿Podrán hacerlo Martín Guzmán, Matías Kulfas, Miguel Pesce y los demás participantes de la fragmentada conducción económica? Es de esperar que sí, pero muchos tienen sus dudas. Aquí, como en tantos otros países, es muy grande la tentación a aumentar el gasto público, a menudo con el pretexto de usarlo para reanimar una economía comatosa, aun cuando las circunstancias, entre ellas la proximidad amenazadora de un estallido inflacionario de grandes proporciones, lo desaconsejen.

Distintos voceros oficiales juran y rejuran que entienden muy bien que sería una locura tratar de solucionar los problemas emitiendo más dinero, pero sigue existiendo el riesgo de que, en una situación límite, el gobierno se sienta constreñido a recurrir a la maquinita salvadora.

Mientras estuvieron en el llano, los peronistas agregaban sus voces al coro ruidoso que acusaba al gobierno macrista de librar una guerra despiadada contra el sector productivo, en especial el conformado por las PYMEs que, como todos saben, constituyen la mayor fuente de empleo del país, pero es de prever que hasta nuevo aviso el empresariado, grande y chico, tenga que soportar una presión impositiva todavía mayor que la que ya lo ha aplastado.

Cuando Guzmán dice que “no hay lugar en 2020 para más ajuste fiscal”, nos está advirtiendo que un Estado que es muy obeso conforme a las pautas tradicionales continuará devorando recursos. Al presidente Fernández le gustaría que se hiciera mucho más eficaz, pero entenderá que no le convendría insistir ya que en tal caso enfrentaría la resistencia furiosa de sindicatos que no quieren saber nada del “eficientismo”. ¿Será capaz el sector privado de recuperarse del parón que sufre desde hace mucho tiempo a pesar de los mayores impuestos que tendrá que abonar? Dentro de poco, sabremos la respuesta a este interrogante clave.

El programa económico del gobierno es voluntarista. Apuesta casi todo a que se incremente mucho el consumo popular. A menos que ello ocurra, no tardará en verse frente a la inflación recargada y una recesión todavía más profunda que la del último año y medio de la etapa macrista. ¿Y entonces?  No le quedaría más alternativa que la de intentar una política de shock de características ortodoxas, del tipo que el macrismo tardío quiso aplicar, que provocaría la reacción airada no sólo de los sindicatos más duros y los llamados movimientos sociales sino también del ala kirchnerista de la coalición peronista gobernante. Aunque es concebible que la economía nacional ya haya tocado fondo, mucho tendría que cambiar para que se pusiera en crecimiento como prometió Fernández cuando todavía estaba en campaña y todo le parecía mucho más fácil de lo que claramente es

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James Neilson

James Neilson

Former editor of the Buenos Aires Herald (1979-1986).

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