Como todo nuevo presidente en países de instituciones raquíticas, sobre todo en aquellos en que los partidos políticos no son mucho más que aglomeraciones circunstanciales, Alberto Fernández quiere asegurar que el poder que el electorado le prestó no sea meramente formal. Sin tener que esforzarse demasiado, indujo al Congreso a entregarle los célebres “superpoderes” que había reclamado, facultades dictatoriales que dice necesitar porque el país está “en emergencia” y el jefe máximo no puede perder el tiempo regateando en torno a detalles.
Que los legisladores oficialistas hayan preferido no verse obligados a perorar a favor de todas las medidas que tome puede entenderse; les será mucho más agradable reunirse a veces para charlar en una “escribanía” que participar de debates acrimoniosos en un parlamento auténtico sobre asuntos de gran importancia para millones de personas. Felizmente para ellos, hasta nuevo aviso no les será necesario defender un ajuste equiparable con el de Eduardo Duhalde.
Sucede que entre los logros más notables del populismo vernáculo, y uno de sus mayores aportes a la ruina del país, fue hacer de “ajuste” una palabra tan terriblemente antipática que al oírla hasta los mandatarios militares temblaban en sus botas. Sorprendió, pues, escuchar al presidente Alberto Fernández afirmar que “si ajuste es poner orden en las cuentas públicas, estamos haciendo un ajuste”. Aunque se trataba de una observación banal, como si señalara que los coches necesitan tener frenos porque sin ellos chocarán, en boca del jefe formal de una coalición dominada por populistas sonó a herejía.
Por supuesto que Alberto procuró aclarar enseguida que el ajuste feroz que ha puesto en marcha no tiene nada en común con los “neoliberales” de antes, que sí eran malísimos, ya que según él, el suyo será mucho más “solidario” que los ensayados por personajes insensibles como Mauricio Macri, pero no lo ayudó el que a su juicio quienes “mejor están”, y que por lo tanto tienen la obligación moral de pagar los costos, incluyan a millones de jubilados. Tampoco sirvió para amortiguar el impacto de lo que ha elegido hacer, la decisión inicial de no tocar los regímenes de privilegio que benefician a miembros de la familia judicial, diplomáticos y, desde luego, a quienes ocupan cargos políticos.
En un intento de impedir que la oposición aprovechara la injusticia así supuesta, el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, y la del Senado, Cristina Fernández de Kirchner, ordenaron congelar por seis meses los emolumentos de los legisladores, pero representantes de Juntos por el Cambio, encabezados por Mario Negri, quieren que medidas en tal sentido se apliquen a quienes dependen de una multitud de otros organismos estatales.
De más está decir que los contrarios al ajuste selectivo del Gobierno no son los únicos que sospechan que los peronistas están más interesados en defender las conquistas de quienes han logrado anidar en el omnipresente sector público que en atacar las causas estructurales del desempeño desastroso del país en las décadas últimas, de las cuales una, acaso la más importante, es la propensión del Estado a privar de recursos al resto del país. En nombre de la justicia social, la solidaridad y la democracia que, como acaba de recordarnos uno de los ideólogos principales del kirchnerismo, Eugenio Raúl Zaffaroni, siempre cuesta dinero, los políticos profesionales se las han arreglado para blindarse contra los contratiempos económicos obligando al resto de la población a subsidiar sus actividades y de tal modo permitirles mantener el estilo de vida al que se han acostumbrado.
Así las cosas, sería difícil negar que, a menos que la corporación política nacional se someta a una serie de reformas drásticas que sirvan para que sus integrantes tomen en serio sus responsabilidades, no habrá posibilidad alguna de que el país se levante. Al fin y al cabo, virtualmente nadie ignora que de no haber sido por la miopía al parecer congénita de generaciones de “dirigentes”, muchos de ellos sumamente corruptos, el país pudo haber prosperado como han hecho tantos otros merced a la inteligencia y realismo de sus gobiernos.
En 1950, el producto per cápita de Corea del Sur era menos de la quinta parte del argentino; en la actitud, es más del doble. Aunque en términos numéricos puede considerarse menos espectacular la trayectoria comparativa de otros países, como el Japón, Italia y España, que antes eran mucho más pobres que la Argentina pero que hoy en día son por lo menos dos veces más ricos, las diferencias acumuladas nos dicen todo cuanto necesitamos saber acerca de la calidad relativa de la clase política nacional. Convendría, pues, que los políticos prestaran mucha atención a lo que hicieron hace décadas en aquellos países de Asia oriental que se han transformado en los más pujantes del planeta, con el propósito de elaborar estrategias similares. Dieron prioridad a la productividad, el ahorro, las inversiones, la investigación y la educación.
¿Es lo que está haciendo el gobierno actual? Claro que no. Antes bien, parece resuelto a castigar a los sectores más productivos, como el campo, a los ahorristas debido a la afición de tantos al dólar estadounidense y a desaconsejar a inversores tentados a probar suerte en un país que es “fronterizo” según la jerga mercantil. En cuanto a la investigación y la educación, sería asombroso que el Gobierno se animara a exigir un grado de rigor parecido al habitual en Corea del Sur, el Japón, y las zonas más desarrolladas de China.
¿Entiende todo esto Alberto? Es probable que sí, ya que antes de verse transmutado en presidenciable por la varita mágica de Cristina tenía ideas bastante claras acerca de los problemas del país, pero parecería que desde entonces ha llegado a la conclusión de que, mal que le pesara, tendrá que limitarse a trabajar con lo que hay. Sabrá que la parte productiva de la economía no estará en condiciones de expandirse mientras quede aplastada por un sector público que está grotescamente sobredimensionado y es muy costoso, pero por motivos fiscales se siente constreñido a intensificar todavía más la presión impositiva, la que hoy en día es propia de países europeos de tradiciones socialdemócratas, sin ofrecer nada a cambio sino la esperanza de que en el futuro haya mejoras.
No es ningún secreto que quisiera manejar la economía como cree que haría Néstor Kirchner si aún estuviera entre nosotros, pero mientras que tres lustros atrás el gasto público era aproximadamente el 25% del PBI, en la actualidad es del 42%. Reducirlo a un nivel más soportable tendría que ser la prioridad de un gobierno que sueña con revertir la carrera hacia el abismo que emprendió el país muchas décadas atrás, pero por las consabidas razones políticas, por ahora cuando menos, Alberto ni siquiera puede pensar en adelgazar un poco el Estado. Pudo haberlo bajado Néstor cuando el precio de la soja rozaba las nubes, pero prefirió impulsar el proceso expansivo inherente a todas las estructuras burocráticas que, andando el tiempo, llevaría el país a su lamentable situación actual.
Si bien Fernández ha actuado con tanta rapidez que la oposición, dolida por los resultados electorales y preocupada por el riesgo que le supondría alentar las disputas internas, aún no ha tenido tiempo en que cohesionarse, el Gobierno ya está suministrándole muchos motivos legítimos para protestar contra lo que está haciendo no sólo en el terreno económico sino también en los correspondientes a la seguridad y, huelga decirlo, a la Justicia y la salud institucional de la República.
Además de sentirse alarmados por las medidas económicas que perjudican al campo y los sectores más vulnerables de la clase media, los dirigentes de Juntos por el Cambio temen que el desprecio aparente del Gobierno por algo tan básico como la seguridad ciudadana tenga muchas consecuencias nefastas para la sociedad. Por cierto, el Presidente tendrá que rezar para que en los meses próximos no veamos un aumento significante del crimen violento que sería atribuible a la prédica de quienes creen que los delincuentes son víctimas de una enfermedad social.
En el lugar que antes ocupaba Patricia Bullrich fue designada Sabina Fréderic, una antropóloga, es decir, una señora docta que, sería de suponer, sabrá mucho acerca de las costumbres matrimoniales de Papúa Nueva Guinea o de ciertas ex colonias de Holanda, el país en que se formó, pero que, según Sergio Berni, “nunca anduvo con un arma por la 9 de Julio con 200 personas esperando cruzar un semáforo”. Fue su modo de mofarse de la aversión, a su juicio disparatada, de la ministra al uso de las pistolas taser.
También ha provocado desazón en muchos ámbitos la voluntad de la antropóloga de reabrir el caso de Santiago Maldonado, que es emblemático para los kirchneristas pero en opinión de muchos fraudulento, y su voluntad de revisar la teoría del gobierno anterior según la cual el fiscal Alberto Nisman no se suicidó sino que fue asesinado, una actitud que podría estar vinculada con su negativa a reconocer que Hezbollah, un organización rabiosamente antijudía financiada por los ayatolás iraníes, sí es un grupo terrorista que, conforme a la Justicia, perpetró contra la AMIA el ataque más sanguinario que ha conocido el país en toda su historia, lo que es mucho decir.
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