El 28 de mayo de 2020, en una entrevista televisiva, Juan José Sebreli postuló la necesidad de la desobediencia civil frente a una cuarentena indefinida que encerraba a personas sanas y mandaba a la quiebra a miles de comerciantes. Más que esa declaración en sí fue la resonancia que tuvo esa intervención pública lo que nos alertó sobre la necesidad de escribir un libro sobre el tema. Las reacciones eran reveladoras de que prevalecía una gran ignorancia sobre el tema. Algunos pensaban que era el llamado a una revolución o a un golpe. Otros, incluyendo conocidos periodistas y abogados, llegaron a decir que Sebreli debía ir preso por proponer semejante cosa. Otros respondían con el lema adocenado del legalismo autoritario: la ley es la ley y hay que cumplirla por más que sea una salvajada. Un conspicuo intelectual, José Pablo Feinmann, recusó la afirmación bajo la falsa premisa de que Henry David Thoreau, el teórico del siglo XIX que propuso la desobediencia civil, lo había hecho y pensado para una dictadura y no para una democracia; error por lo menos raro en un filósofo: Thoreau produjo su desobediencia civil en los Estados Unidos en 1846, cuando corría el décimo gobierno democrático. ¡Y encima con un presidente del Partido Demócrata! Toda esta parafernalia de dislates y desconocimientos contrasta con el desarrollo lúcido y vivaz del tema en países como Alemania o Estados Unidos.
En una dictadura la desobediencia civil no tiene sentido, al tirano se lo combate e incluso se lo mata, no se le proponen cambios en ciertos aspectos menores de la legislación. Es el caso de los Ceaucescu en Rumania. Lo más parecido a una desobediencia civil en una dictadura fueron las rondas de los jueves de las madres de Plaza de Mayo durante el gobierno militar. Tampoco es pertinente pensar en la desobediencia civil en un gobierno democrático cuyos errores pueden ser subsanados con tiempo, en tal caso se espera a las siguientes elecciones y la corrección se plantea a través del voto. El terreno preciso para la desobediencia civil son las democracias que, sin embargo, presentan fallas graves cuya solución no puede esperar a un siguiente escrutinio. Como se sabe, la democracia es un sistema discontinuo en el cual los ciudadanos votan cada cierto tiempo. En el hiato que media entre elección y elección, ese silencio de los ciudadanos puede ser muy peligroso, sobre todo en épocas en que las democracias no son asediadas por poderes externos sino que son corroídas desde adentro, por los propios gobernantes elegidos. Por eso hay tres herramientas que son decisivas para esos lapsos de silencio entre una elección y otra: la prensa, la calle y la desobediencia civil.
¿Cuándo es pertinente que los ciudadanos acudan al remedio de la desobediencia civil? Cuando son vulnerados los derechos básicos que el individuo ya tenía antes del contrato social: vida, libertad y propiedad. ¿Qué sentido tendría ceder al Estado el monopolio de la fuerza para vivir aún peor que cuando el Estado no existía? Muchos preguntan si, dejando en manos de los ciudadanos la decisión eventual de incumplir la ley, no se corre el riesgo de caer en la anarquía. La respuesta es rotundamente no. Todos tenemos derecho a iniciar juicios a otros ciudadanos, pero pocas veces lo hacemos, nos lanzamos a esa peripecia solo cuando estamos seguros de que nos asiste el derecho y cuando la agresión que hemos recibido es suficientemente relevante. Con la desobediencia civil ocurre lo mismo. Postular lo contrario es postular la irracionalidad de seres racionales.
A lo largo de la historia la desobediencia civil ha servido a la humanidad para conquistar grandes derechos. Sin ella todavía seguirían la esclavitud y las monarquías absolutistas. Sin ella los negros, los gays y las mujeres no habrían mejorado notablemente su estatus, accedido a condiciones de igualdad de trato y de derechos.
Las preguntas que debemos formularnos en el caso argentino ocurrido durante la cuarentena son dos: si fueron afectados derechos fundamentales y si había otra forma de solucionarlo que no fuera la desobediencia civil. La vida fue afectada no solo porque las distintas policías, en cumplimiento del decreto de cuarentena y siguiendo expresas directivas impartidas desde lo más alto del poder, asesinaron a numerosos ciudadanos que intentaron simplemente circular, ir a visitar a su novia o ir a trabajar, sino además porque los más de cuarenta mil muertos por Covid-19 (uno de los índices más altos del mundo) constituyen la consecuencia de un plan sanitario escandalosamente ineficaz que no testeaba, no hacía trazabilidad y no aislaba a los enfermos. La libertad fue afectada porque se impidió trabajar, se impidió enterrar a nuestros muertos, se impidió asistir enfermos terminales, se impidió a muchos argentinos regresar a sus casas y se suspendió coercitivamente la vida privada. La propiedad fue afectada, por fin, no solo porque se impidió que los ciudadanos hicieran uso de sus negocios y casas sino porque, con la pandemia como pretexto, se intentaron expropiaciones y atropellos sobre bienes de particulares.
Al interrogante de si había otra forma de solucionarlo que no fuera la desobediencia civil la respuesta es no. ¿Podía pedirse a la señora Sara que salió a tomar sol con su sillita que primero presentara un recurso judicial, sobre todo cuando los tribunales estaban cerrados? Claro que los comerciantes pudieron echar mano a un sistema blue, al abrir sus negocios de modo clandestino: lo hicieron restaurantes, peluquerías y hasta jardines de infantes. Pero esa no era la solución porque la desobediencia civil debe ser pública para que el poder tome nota de los errores que está cometiendo y los corrija, para que esa franja de la legislación que afecta derechos básicos sea modificada. Justamente lo que diferencia la desobediencia civil del delito es que el segundo se hace a escondidas, intentando ocultarlo, mientras que la primera se hace a la luz del día, para que la policía pueda incluso calcular la acción, con el propósito explícito de mejorar la legislación y estabilizar la democracia.
La importancia de este desarrollo excede el caso de la pandemia. Tal vez el dato inesperadamente favorable es que los argentinos, para quienes este concepto resonaba como algo estrafalario, han descubierto que cuentan con esta herramienta antes desconocida. No solo el remedio es la prensa y la calle. Aquí hay uno más: no cumplir, pero no cumplir pacífica y públicamente, apelando a un sentido de justicia comunitario, como Antígona cuando exigió enterrar a su hermano. ¿Quién se animaría a decir que una ley que prohíbe selectivamente los entierros es válida? La serie de golpes de Estado que sufrió el país desde 1930 en adelante prueba que la ley muchas veces no logra autoabastecerse y que su cumplimiento a rajatabla conduce al desastre. Es necesario, por el contrario, un milagro exógeno: la emergencia de un incumplimiento de la ley, pero para restablecer la ley.
Marcelo Gioffré es coautor, junto a Juan José Sebreli, de "Desobediencia civil y libertad responsable" (Sudamericana).
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