Durante la jornada del jueves se presentó una impugnación formal contra el senador de La Libertad Avanza, Joaquín Benegas Lynch. La iniciativa, impulsada por la presidenta del bloque de Unidad Ciudadana, Juliana Di Tullio, colocó bajo la lupa los nexos comerciales del legislador oficialista, acusándolo de incurrir en un grave conflicto de intereses en el marco del tratamiento del proyecto de la cuestionada ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada que promueve la administración de Javier Milei, sobre todo en lo que tenía que ver con el ahora postergado capítulo de la ley de tierras.
La presentación, dirigida formalmente a la presidenta del Senado, Victoria Villarruel, exige la inmediata inhabilitación y abstención de Benegas Lynch para intervenir, debatir, firmar dictámenes o emitir su voto en torno a esta ambiciosa e integral reforma legislativa. El eje medular de la denuncia parlamentaria apunta a la participación directa del senador entrerriano en Glocal Terra S.R.L., una compañía de su propiedad con sede en la localidad de La Paz. De acuerdo con las actas constitutivas de la sociedad comercial invocados por la oposición, Benegas Lynch no solo figura como socio fundador y director, sino que mantiene el cargo activo de socio gerente de la firma junto a su entorno familiar.
Glocal Terra es una empresa especializada en el sector inmobiliario rural de alta escala, dedicada de manera explícita a la tasación, administración, intermediación y comercialización de campos tanto en la Argentina como en otros países de la región, entre ellos Uruguay, Chile, Paraguay y Perú. Las fuentes documentales citadas en el texto de la impugnación revelan que el objeto social de la empresa de los Benegas Lynch contempla de modo literal brindar "asesoramiento comercial, legal, financiero e intermediación directa destinada a inversores extranjeros" que buscan adquirir grandes extensiones de inmuebles y tierras rurales en territorio nacional.
Es justamente en esta actividad donde radica el choque ético denunciado por el peronismo. El mega-proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada impulsado por el mileísmo contenía originalmente un polémico capítulo —el Capítulo III— redactado con el propósito de flexibilizar y desregular de forma agresiva la vigente Ley de Tierras. La propuesta del Poder Ejecutivo buscaba elevar sustancialmente el tope del 15% al 25% para la concentración y adquisición de tierras rurales por parte de personas físicas o jurídicas extranjeras, eliminando a su vez las restricciones en zonas fronterizas estratégicas y reduciendo drásticamente las protecciones ambientales nacionales que impiden el cambio del uso del suelo en áreas arrasadas por incendios.
Para la senadora Di Tullio, esta confluencia normativa representa una situación de "juez y parte" absolutamente incompatible con el ejercicio de la función pública. El argumento central de la impugnación sostiene que existe una colisión directa y manifiesta entre el deber de proteger el interés público por parte del legislador y sus propios beneficios económicos privados. De aprobarse una flexibilización para la compra de campos por parte de extranjeros, el volumen de negocios, la facturación y la cartera de clientes de Glocal Terra experimentarían una expansión exponencial e inmediata.
La oposición remarcó que cualquier voto del senador oficialista se encuentra viciado de parcialidad, violando de forma flagrante el artículo 66 de la Constitución Nacional y el artículo 15 de la Ley de Ética Pública (N° 25.188), el cual exige a los funcionarios abstenerse de intervenir en asuntos vinculados a sus actividades comerciales particulares dentro de los últimos tres años. La presión institucional y el fuerte revuelo político generado por la denuncia de este entramado societario forzaron un repentino repliegue del oficialismo. Ante la certeza de no contar con las voluntades necesarias en el recinto, el bloque de La Libertad Avanza resolvió retirar de manera completa el capítulo referido a la extranjerización de tierras de la orden del día, en un intento por blindar y rescatar el resto del articulado del proyecto.
A pesar de esta severa derrota parlamentaria para la agenda desreguladora de la Casa Rosada, Juliana Di Tullio ratificó que la impugnación contra el senador libertario debe sostenerse para el resto de la sesión. Desde la bancada opositora se argumentó que el proyecto remanente de Inviolabilidad de la Propiedad Privada aún resguarda reformas críticas sobre desalojos exprés, expropiaciones y modificaciones a la Ley de Manejo del Fuego que inciden de igual modo en el valor inmobiliario y la explotación de los recursos rurales que administra la firma del legislador.
Por su parte, Joaquín Benegas Lynch rompió el silencio para defenderse públicamente de las acusaciones. En sus declaraciones, el senador oficialista admitió su rol en el mercado de intermediación rural pero descartó la existencia de una falta ética, argumentando que la normativa de ética pública exige un "interés directo y singular" y que un beneficio general para el sector agropecuario o para quienes dinamizan el mercado inmobiliario de campos no constituye bajo ningún punto de vista un privilegio particular. Además, acusó a Di Tullio de hacer "vieja política", al haber hecho la presentación de igual manera, aunque ya se sabía que el capítulo de la ley de tierras no se trataba en la sesión del jueves 6.
GW
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