Eduardo Belliboni, líder de la Unidad Piquetera (UP), acusó a Emilio Pérsico de apoyar las 160 mil bajas del plan Potenciar Trabajo para “redireccionar” esos fondos a sus cooperativas. Según él, "el objetivo de la validación virtual era dar las bajas y ahorrarse $4000 millones por mes. Tuvo la intencionalidad de bajar el gasto social por el FMI y engordar a las organizaciones sociales leales al gobierno”.
En diálogo con NOTICIAS, Belliboni dice que “la firma final de los convenios la tiene Pérsico. La mayoría de las cooperativas son del movimiento Evita. Nosotros hemos presentado proyectos para nuestras cooperativas y hace 2 años que no salen. A las oficialistas les salen todo el tiempo. El que está hoy en el INAES, que autoriza el funcionamiento de las cooperativas y revisa los balances, es un funcionario que puso el Evita. El circuito cierra por todos lados”
NOTICIAS reconstruyó el circuito que relata Belliboni, y se comunicó con Emilio Pérsico, Fernando Navarro y Daniel Menéndez, los principales apuntados, pero declinaron responder a la acusación. Emilio Pérsico, líder del movimiento Evita, es Secretario de Economía Popular del ministerio de Desarrollo Social. Su función es administrar y dar las altas y bajas del plan Potenciar Trabajo, que hoy cuenta con 1.383.279 beneficiarios. El presupuesto total es de $594.285.915.587, un 117,2% mayor que en 2022. Representa casi la mitad del presupuesto ministerial.
Maneja el Registro Nacional de Trabajadores de la Economía Popular (ReNaTEP) con 3.457.669 inscriptos. Permite acceder a programas de trabajo, seguridad social y capacitación, participar de redes de comercialización y acceder a créditos no bancarios. Pérsico es secundado por el líder de Somos-Barrios de Pie, Daniel Menéndez, subsecretario de Promoción de la Economía Social y Desarrollo Local.
Fernando “Chino” Navarro, dirigente del Evita, es secretario de Relaciones de la Sociedad Civil y Desarrollo Comunitario. Dirige la relación del Estado con las cooperativas y la articulación de la economía estatal, la de mercado y la popular, teniendo bajo su órbita al INAES (Instituto Nacional del Asociativismo y Economía Social), que constituye y fiscaliza cooperativas y mutuales, actores principales de la economía popular dependiente de la UTEP, los dominios del Evita y sus organizaciones asociadas. También tiene a su cargo el programa El Estado en tu Barrio, que acerca servicios y prestaciones del Estado a todo el país, como trámites, asistencia de salud, asesoramiento jurídico, capacitaciones y hasta actividades deportivas.
Paralelamente, el INAES está dirigido por Alexandre Roig, también del movimiento Evita. Constituye y fiscaliza cooperativas y mutuales, en su mayoría de la economía popular. Se presentan proyectos y se otorgan convenios a cooperativas que emplean a beneficiarios del Potenciar. Su presupuesto para el 2023 es de $9390 millones, un 48% mayor al de 2022.
Sobre este entramado sobrevuela la UTEP (Unión de Trabajadores de la Economía Popular) liderada por Esteban “Gringo” Castro y Gildo Onorato, ambos del Evita. Completan la unión, Daniel Menéndez, Juan Carlos Alderete, diputado del FdT, Juan Grabois del MTE y Dina Sánchez del FPDS. Se calcula que hay unos 8 millones de trabajadores de la economía popular.
En el caso que nos ocupa, el del recorte de los 160.000 planes, la trama se complicó con la asunción de Massa, la renuncia de Juan Zabaleta al Ministerio de Desarrollo Social y la entrada de Tolosa Paz. A los pocos días, se conocieron los resultados de la auditoría de la AFIP con la detección de más de 250 mil irregularidades, que implicó la investigación y denuncia penal contra la ministra y Pérsico, a cargo del fiscal Marijuán. Tolosa Paz, en respuesta, ordenó el reempadronamiento a través de una auditoría virtual, Al clima caldeado, se sumó la denuncia de la Coalición Cívica. Fue contra Pérsico y Roig por un giro de $160 millones a la Federación de Cooperativas de Trabajo Evita LTDA.
Son 49 unidades de gestión que emplean a beneficiarios del Potenciar. “Ambos funcionarios se encuentran vinculados con las organizaciones sociales a las cuales benefician”. También contra Milagros Moya, del Evita y Directora Nacional de Cumplimiento y Fiscalización del INAES. Además, detectaron al menos 16 funcionarios nacionales que forman parte del Evita, SomosBarrios de Pie, MTE, CTEP y UTEP con incompatibilidades al tramitar subsidios para las cooperativas de sus organizaciones. La denuncia es por conflicto de interés de la Ley de Ética en el Ejercicio de la Función Pública.
Y, tras llovido, llegó el decreto 728. En él se condensan todos los reclamos de los movimientos oficialistas que, como no daban los números para convertirse en ley, el presidente se los concedió por decreto.
● Crea el Consejo de la Economia Popular
●Asigna a cooperativas de trabajo de la economía popular, el 30% de la obra pública nacional hasta $300.000.000.
●No podra ampliarse el numero de titulares del Potenciar Trabajo, pero el ahorro “que eventualmente se produzca será destinado a las unidades de gestión productiva” Mientras Menéndez hacía declaraciones laudatorias, “el decreto es una forma de dar vuelta la página de los planes y transformarlos en trabajo genuino”, desde la Unidad Piquetera, los sindicatos y cámaras de construcción, la oposición y hasta desde organizaciones oficialistas, comenzaron a llover las críticas.
Coinciden en que el Consejo sirve para empoderar aún más a Pérsico y sus aliados; no aclara los controles, la evaluación de antecedentes, si habrá proceso licitatorio ni cómo será la adjudicación y el criterio de selección de las obras Desde el ámbito privado se argumenta que es una competencia desleal, que llevará a la ruina a PyMES constructoras y que no precisa cómo se va a organizar el listado de cooperativas que podrán acceder a la obra pública. Tambiñen que se reemplaza a trabajadores en blanco por precarizados. El ¿final? de la historia, es el recorte de los 160 mil planes y un entramado institucional, tan opaco como claro a la vez, en un año electoral que exige recursos y lealtades.
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