El “Caso Oldani” se ha convertido en uno de las investigaciones más polémicas en Santa Fe, salpicando a la justicia local: sería solo la punta del Iceberg de un esquema de apropiaciones delictivas que en la provincia se conoce como la "Mafia de los Fiscales".
La principal señalada en el “Caso Oldani” es la fiscal Cristina Ferraro, quien habría facilitado que tres personas retiren un millón de dólares y más de tres millones de pesos de una agencia de turismo de Santa Fe (que operaba como cueva financiera), horas después del asesinato del dueño de la empresa, Hugo César Oldani, el 11 de febrero de 2020.
Oldani tenía 67 años cuando fue baleado en su oficina ubicada en una galería céntrica de la capital provincial en un supuesto intento de robo. Pero las pericias a cargo de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), pronto señalaron un presunto entramado criminal que llevó a la detención de seis personas.
Entre ellos Cristian Bruno Figueroa (21) como autor material del asesinato, se suicidó en su celda del penal de "Las Flores" en septiembre; Braian Damiani (22) como coautor del hecho; Juan Manuel Ruffino (25) acusado de ser quien manejaba el auto en el que se movió el grupo criminal; el relacionista público Andrés Kaipl (29); y el bioquímico Alfredo Manuel Sedonio (59) que sigue en libertad.
La investigación es cuestionada porque no habría pruebas que vinculen a Kaipl y Sedonio con los autores del asesinato (los celulares fueron periciados). Pero si es sospechoso el ingreso de Virginia Oldani, hija de la víctima, quien llegó al local en la madrugada junto a su marido, José Luis Hernández, y un grupo de personas, violando la escena del crimen que aún estaba bajo peritajes
“Iban a buscar un DNI y salieron con bolsos y mochilas”, acusó el diputado santafecino Leandro Busatto, quien votó en noviembre a favor de la sanción a Ferraro se aprobó por 59 votos (de 42 diputados y 17 senadores): se la suspendió por 150 días, plazo en el que se investigará su participación. Si la Cámara Federal de Rosario confirma el procesamiento en la causa penal, la Legislatura votará su remoción en el cargo.
Ferraro fue suspendida por “mal desempeño de sus funciones” por dos “faltas graves”: no preservar la escena del crimen y entorpecer investigaciones sobre el destino del dinero. Pero quedó pendiente un tercer cargo por su situación procesal en el Juzgado Federal Nº2, donde está imputada por supuesto “encubrimiento agravado” y “abuso de autoridad”.
El escándalo cobró peso legislativo en agosto pasado cuando se creo la Subcomisión de Seguimiento de Concursos de Fiscales, Funcionarios y Autoridades Superiores del Ministerio Público Fiscal tras la recopilación de una serie de denuncias sobre causas armadas, y la desaparición de sumas millonarias en los allanamientos. Y el peso político es aún mayor. El ex ministro de Seguridad Marcelo Saín repite que su remoción del cargo provincial tuvo que ver con el intento de investigar a fondo este hecho, a pesar de que contra él pesan causas judiciales propias por distintos delitos. Incluso fue temerario contra los fiscales.
El proceso al que será sometida la fiscal Cristina Ferraro (sospechada de tener vínculo con la hija de Oldani para la sustracción del dinero apuntado), esta lleno de sospechas. La fiscal Mariela Gimenez, encargada de llevar adelante la investigación, fue apartada con una jubilación anticipada (tiene 57 años). Y los fiscales que intervinieron en la instrucción del caso, son ahora los jueces que llevarán adelante el juicio oral del "Caso Oldani". Esto amplificó el bochorno frente a la opinión pública santafecina, donde la "Mafia de los Fiscales" pone foco ahora sobre el entramado judicial en la provincia.
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por R.N.
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