Ratificada la condena de la causa Vialidad por la Corte Suprema en 2025, Cristina Fernández de Kirchner abrió otro frente judicial en marzo de 2026: presentó un pedido ante la Cámara Federal de Casación Penal para frenar el decomiso de 19 propiedades en Santa Cruz que están a nombre de sus hijos, Máximo y Florencia. El argumento de la defensa es que esos bienes fueron heredados legítimamente de Néstor Kirchner —fallecido en 2010—, transferidos por CFK en 2016, recibidos de buena fe y con origen lícito. Y que ejecutarlos violaría el artículo 17 de la Constitución, que protege el derecho a la propiedad. La fiscalía no lo ve así: insiste en avanzar con la incautación y el remate para recuperar parte de los $684.990.350.139,86 fijados como decomiso total, considerando estos activos directamente vinculados a la defraudación al Estado.
Florencia no presenta declaración jurada porque no ocupa cargos públicos, pero los bienes aparecen como herencia compartida al 50% en la declaración de Máximo correspondiente al período 2024, presentada en julio de 2025. Los números no son menores: la porción hereditaria por hijo supera los $4.486 millones —inmuebles, sociedades y activos financieros incluidos—, con un patrimonio total declarado por Máximo de $8.311 millones. Eso sí, los valores fiscales consignados están muy por debajo del mercado real, algo que también está en discusión.
El decomiso total alcanza a 111 bienes de CFK, sus hijos y Lázaro Báez, pero la batalla actual se libra por los 19 inmuebles de Santa Cruz. La mayoría fue comprada entre 2002 y 2010, y después transferida o consolidada en la herencia familiar. En octubre de 2025, Máximo y Florencia intentaron excluir al menos 14 de esas propiedades, sin éxito. En febrero de 2026, la fiscalía pidió avanzar sobre 20 inmuebles —uno de ellos de la propia Cristina—, y el reloj corre: la definición está en manos de Casación.
Los bienes en disputa (herencia compartida 50-50)
Según la declaración jurada de Máximo y la documentación judicial, los principales inmuebles afectados son:
· Diez unidades inmobiliarias (departamentos y locales) en calle Mitre 535/500, Río Gallegos. Compradas en abril de 2007 a través de un fideicomiso y heredadas en 2010.
· Un inmueble en calle 25 de Mayo 255/200, Río Gallegos. Incorporado al patrimonio en septiembre de 2010.
· Una propiedad en avenida Presidente Néstor Kirchner 490/400, Río Gallegos. Adquirida en 2006.
· Un inmueble en avenida 17 de Octubre 800, El Calafate (6.001,64 m²). Comprado en 2007.
· Terrenos y lotes en el departamento Lago Argentino, vinculados al complejo hotelero Los Sauces. Adquiridos en distintas etapas: 2002, 2007 y 2008.
· Dos parcelas en El Calafate: una de 44.106 m² (diciembre de 2007) y otra de 87.046 m² (febrero de 2008), esta última intercambiada con Lázaro Báez para expandir el emprendimiento hotelero.
Estos inmuebles integran un total de 27 declarados, con un valor fiscal aproximado de $2.251 millones para el rubro inmuebles —mitad por hijo—. El grueso está en Río Gallegos y El Calafate. Las propiedades en CABA —Puerto Madero y Recoleta— no entran en los 19 de Santa Cruz que hoy se discuten.
Participaciones societarias y otros activos
· Empresas familiares: Los Sauces S.A. y Hotesur S.A., el brazo hotelero de la familia, transferidas en 2016. Valor aproximado: $2.212 millones totales para Máximo, mitad compartida con Florencia.
· Activos financieros heredados: Depósitos en pesos y dólares por alrededor de $51 millones —mitad por hijo—, incluyendo fondos en moneda estadounidense provenientes directamente de la herencia de Néstor.
Para la Justicia, todo esto forma parte del entramado de corrupción que describe la causa Vialidad entre 2003 y 2015. Para la defensa, son adquisiciones legítimas anteriores al período investigado. La resolución de Casación dirá, en los próximos tiempos, si esos activos familiares se preservan o se ejecutan en el marco del decomiso más grande de la historia judicial argentina.
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