El sobreseimiento de Javier Milei, Karina Milei y los demás involucrados en el caso $LIBRA le dio al Gobierno una victoria judicial. El juez Marcelo Martínez de Giorgi cerró el expediente el viernes 23 de octubre, a pedido del fiscal Eduardo Taiano y sin haber citado a indagatoria a los acusados. Pero el alivio en la Casa Rosada convive con otras causas que todavía avanzan.
Una de las más delicadas es la de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS). El 16 de octubre, el juez Ariel Lijo amplió el procesamiento de su extitular, Diego Spagnuolo, y otros acusados por presuntos sobreprecios en compras de insumos médicos. Tres auditorías también detectaron compras sin licitación y sobreprecios de hasta 1.068%. La Cámara Federal ya había confirmado en septiembre los procesamientos de 19 involucrados por una presunta asociación ilícita. Los audios atribuidos a Spagnuolo salpicaron a Karina Milei y a Eduardo “Lule” Menem, aunque esas menciones no implican responsabilidades penales acreditadas.
El frente más reciente tiene como protagonista a José Luis Espert. El 22 de octubre, el juez Lino Mirabelli lo procesó por presunto lavado de activos tras investigar los US$ 200.000 que recibió de una empresa vinculada a Federico “Fred” Machado. Además, le prohibió salir del país y ordenó un embargo de $1.000 millones. El exdiputado defendió la transferencia como un pago por asesoramiento y rechaza la acusación.
También continúa la investigación por presunto enriquecimiento ilícito contra Manuel Adorni, exjefe de Gabinete. El fiscal Gerardo Pollicita busca determinar si sus ingresos justifican propiedades, refacciones y gastos. Adorni atribuyó gran parte de sus ahorros a operaciones con bitcoins anteriores a su paso por el Estado. A comienzos de octubre, la fiscalía ordenó peritar ocho billeteras virtuales para verificar esa explicación.
El apellido Menem aparece, además, en la controversia por Tech Security, firma de la familia que obtuvo en 2025 un contrato de vigilancia con el Banco Nación por $3.933 millones. Martín Menem había cedido su participación a su hermano Adrián cuatro días antes del cambio de gobierno. La adjudicación motivó una investigación judicial a cargo del juez Daniel Rafecas por posibles irregularidades. El titular de Diputados niega haber intervenido en la contratación.
Así, mientras el oficialismo festeja el cierre de $LIBRA, las pesquisas por compras públicas, dinero y patrimonio mantienen abiertos otros focos de desgaste político.
Galería de imágenes
Comentarios