La Justicia bonaerense allanó este martes la sede de CECAITRA, asociación civil que agrupa a empresas dedicadas al control del tránsito, tras detectar que al menos 155 cámaras de fotomultas operaban sin autorización legal en distintos municipios. El operativo fue ordenado por el fiscal Álvaro Garganta, quien también dispuso registrar el domicilio particular del presidente de la entidad, Bernardino García. Según fuentes judiciales, el caso podría exponer un entramado de recaudación paralela a través del sistema de multas de tránsito, una de las aristas más delicadas del escándalo que ya provocó la renuncia del exministro de Transporte provincial, Jorge D’Onofrio, en diciembre de 2024
Ministro en la mira
La caída de Jorge D’Onofrio como ministro de Transporte bonaerense no fue un episodio aislado, sino el desenlace de una investigación que expuso un entramado de recaudación paralela con epicentro en el sistema de fotomultas. El exfuncionario, uno de los referentes del Frente Renovador dentro del gabinete de Axel Kicillof, enfrenta hoy varias imputaciones judiciales que incluyen presunto lavado de activos, cohecho y direccionamiento de contratos públicos.
D’Onofrio renunció a fines de 2024, oficialmente por “motivos personales”. Pero el trasfondo era otro: la Justicia ya lo tenía bajo la lupa junto a varios integrantes de su círculo político más cercano, entre ellos la ex presidenta del Concejo Deliberante de Pilar, Claudia Pombo; su hija Agustina Cuadra; el juez de faltas Mario Quattrocchi; y otros operadores que, según las denuncias, integraban una estructura destinada a ofrecer “borrado” de multas a cambio de comisiones.
Vínculos familiares
La causa judicial, impulsada por el fiscal Álvaro Garganta y el juez federal de Campana Adrián González Charvay, gira en torno a una mecánica repetida: gestores vinculados al ministerio contactaban a infractores, ofrecían eliminar las multas del sistema y cobraban entre un 30% y un 50% del monto original como comisión. En paralelo, también se investiga un esquema de contrataciones irregulares vinculadas a la Verificación Técnica Vehicular (VTV) y a la concesión de servicios de control vial. El foco está en determinar si D’Onofrio utilizó su posición para favorecer a determinados proveedores, muchos de ellos ligados a su entorno político y familiar.
Una denuncia del presidente de la empresa Secutrans, Leandro Camani, aportó detalles sobre cómo estas maniobras afectaban a otros actores del sector. Según su testimonio, el negocio ilegal de los gestores habría provocado pérdidas millonarias para su compañía, mientras ciertos proveedores obtenían contratos sin pasar por licitaciones públicas.
Ruta del dinero
La Justicia también pidió colaboración a España para verificar si D’Onofrio y su entorno utilizaron sociedades en el exterior para canalizar fondos no declarados. Según la investigación, Claudia Pombo y el juez Quattrocchi serían los titulares de una firma con sede en Málaga, Cattleya Blue S.L., dedicada a la explotación de dos restaurantes. En diciembre pasado, el juez Charvay ordenó levantar el secreto bancario, fiscal y bursátil de todos los imputados, incluido D’Onofrio, para seguir el rastro de un posible enriquecimiento ilícito a partir de diciembre de 2021.
D’Onofrio fue una de las principales fichas del Frente Renovador dentro del gabinete bonaerense. Asumió como ministro de Transporte en enero de 2022 y fue impulsor de iniciativas como la Ley de Alcohol Cero, la ampliación del Boleto Educativo y el programa Licencia Joven. Pero el escándalo de las fotomultas minó rápidamente su capital político. Su reemplazo, también un hombre del massismo, Martín Marinucci, expresidente de Trenes Argentinos, asumió el cargo sin ceremonia formal pero con respaldo político explícito de Sergio Massa y Axel Kicillof.
por R.N.
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