"Por fin los jueces vagos se disponen a trabajar presencial, en un juicio histórico", posteó Eduardo Feinmann en su cuenta de X. El periodista se refirió a la reanudación del juicio de la llamada "causa Cuadernos" en el que la ex mandataria Cristina Fernández de Kirchner, actualmente detenida de forma domiciliaria por el caso Vialidad, deberá compadecer de forma presencial el próximo martes 17 de marzo en tribunales.
La “causa Cuadernos” es considerada uno de los procesos judiciales más complejos que enfrenta la expresidenta. El expediente intenta determinar si durante los gobiernos kirchneristas existió una estructura organizada de recaudación de sobornos pagados por empresarios a cambio de contratos públicos, especialmente en el área de obra pública y energía. El juicio oral comenzó el 6 de noviembre de 2025 y tiene decenas de imputados entre exfuncionarios y empresarios, con un debate que podría extenderse durante varios años debido al volumen de pruebas y testimonios.
La causa se originó en 2018 tras la publicación periodística de los llamados “cuadernos de las coimas” dado a conocer en La Nación. Las anotaciones habían sido realizadas durante años por Oscar Centeno, quien trabajaba como chofer del funcionario del Ministerio de Planificación Roberto Baratta. En esos cuadernos el chofer registró supuestos recorridos en los que transportaba bolsos con dinero provenientes de empresarios, que eran entregados a funcionarios del gobierno. Las copias de esos cuadernos fueron entregadas a la Justicia por el periodista Diego Cabot y el caso quedó en manos del juez federal Claudio Bonadio.
Según la hipótesis de la fiscalía, durante los gobiernos de Néstor Kirchner y luego de Cristina Fernández de Kirchner se habría consolidado una asociación ilícita que funcionó entre 2003 y 2015 dentro del Poder Ejecutivo nacional. El mecanismo consistía en exigir pagos ilegales a empresas constructoras, energéticas y de transporte que obtenían contratos del Estado. Ese dinero, según la acusación, era recaudado por funcionarios vinculados a la cartera conducido por el ministro Julio De Vido y luego distribuido dentro del esquema político gobernante.
La expresidenta está acusada de haber sido la jefa de esa estructura. El fiscal federal Carlos Stornelli sostiene que el sistema de recaudación incluía múltiples intermediarios y que el dinero finalmente llegaba a la cúspide del poder político. En uno de los requerimientos acusatorios se afirma que “la principal receptora resultó ser Cristina Elisabet Fernández”, señalando que habría recibido dinero en domicilios particulares a través de intermediarios cercanos al matrimonio presidencial.
Entre los principales exfuncionarios acusados aparecen el exministro de Planificación Federal Julio De Vido y el exsecretario de Obras Públicas José López, además de otros integrantes de la estructura del ministerio que manejaba la obra pública nacional. La investigación también involucra a empresarios de gran peso en el sector de la construcción y la energía, entre ellos ejecutivos vinculados a compañías como Roggio o IECSA, así como financistas señalados como intermediarios del dinero.
El expediente también se apoya en un número significativo de imputados colaboradores —conocidos como “arrepentidos”— que declararon ante la Justicia y describieron el funcionamiento del presunto sistema de pagos ilegales. Entre ellos se encuentran el financista Ernesto Clarens y el propio Centeno, además de otros exfuncionarios y empresarios que reconocieron haber participado en el circuito de pagos.
El juicio oral reúne a una cantidad inédita de acusados y testigos. En total hay cerca de 87 imputados, entre exfuncionarios y empresarios, y la fiscalía prevé la declaración de más de 600 testigos, lo que convierte al proceso en uno de los debates judiciales más extensos del país. El tribunal encargado de juzgar el caso es el Tribunal Oral Federal N.º 7, integrado por los jueces Enrique Méndez Signori, Germán Castelli y Fernando Canero.
Una de las razones por las que el juicio tardó tantos años en comenzar tiene que ver con la enorme complejidad del expediente y la multiplicidad de acusados. Durante la etapa de instrucción se analizaron miles de documentos, escuchas telefónicas, registros de viajes y testimonios de empresarios y funcionarios. Además, hubo numerosas apelaciones y planteos de nulidad por parte de las defensas, que cuestionaron tanto la autenticidad de los cuadernos originales como la validez de los acuerdos de los imputados colaboradores.
El caso también se demoró por disputas judiciales sobre posibles reparaciones económicas propuestas por empresarios para evitar el juicio, que finalmente fueron rechazadas por la fiscalía y los tribunales al considerar que los delitos investigados afectan al interés público. Esa discusión jurídica, sumada a la cantidad de imputados y a los recursos presentados ante distintas instancias, extendió durante años el camino hasta el juicio oral.
En términos judiciales, la causa complica a la expresidenta porque la fiscalía la ubica como la máxima responsable política del esquema de recaudación y le atribuye múltiples hechos de cohecho. Según la acusación fiscal, se registraron más de un centenar de episodios de entrega de dinero en bolsos o valijas por parte de empresarios a funcionarios, con un total de decenas de millones de dólares.
La defensa de la exmandataria, encabezada por el abogado Carlos Beraldi, sostiene que el proceso está basado en pruebas irregulares y testimonios obtenidos bajo presión. La propia dirigente peronista ha afirmado en distintos escritos judiciales que “no existe una mínima prueba” que demuestre su participación en los hechos investigados y que el proceso forma parte de una persecución política.
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