La diputada nacional del monobloque Coherencia, Marcela Pagano, utilizó su cuenta de X para explicar los fundamentos del pedido de juicio político que había presentado semanas atrás contra el presidente Javier Milei, a raíz de la crisis diplomática con Brasil por su respaldo a Flavio Bolsonaro y sus críticas a Luiz Inácio Lula da Silva. En el hilo, vinculó ese planteo con los dichos presidenciales sobre "terroristas disfrazados de estudiantes, de periodistas, de profesores, de investigadores", que calificó como "más peligrosa que cualquier piquete".
Pagano sostuvo que "cuando todo es terrorismo, nada es terrorismo -y al terrorista pasa a elegirlo el poder de turno-", y que banalizar la palabra "deja de describir un delito y empieza a fabricar un enemigo". Citó la Ley de Residencia de 1902, que permitió deportar sin juez a obreros calificados como "agitadores", y la Semana Trágica de 1919, cuando a los huelguistas los llamaron "maximalistas": "La etiqueta siempre llega antes que las balas", resumió.
También recordó la definición de terrorismo que usó Jorge Rafael Videla en 1977 -"aquel que difunde ideas contrarias a la civilización occidental y cristiana"- y señaló que la mención presidencial a una "estrategia de Gramsci" ya había sido invocada por el dictador. A nivel internacional, comparó el episodio con el macartismo estadounidense y con las doctrinas de seguridad nacional regionales que usaron el término "subversivo" antes de perseguir opositores.
Sobre la actualidad, mencionó la declaración de una organización como "terrorista" por resolución ministerial sin condena judicial, la imputación de jubilados por "sedición y asociación ilícita" -luego liberados- y un decreto que permitiría anotar "terroristas" en un registro a discreción del Poder Ejecutivo. Sumó una advertencia de nueve relatorías de la ONU por la "calificación política de las protestas como actos de terrorismo".
Recordó también que el Código Penal establece desde 2011, mediante el artículo 41 quinquies, que el agravante de terrorismo no debe aplicarse al ejercicio de derechos humanos, sociales o constitucionales, límite que definió como "la línea roja".
Por último, aclaró que el terrorismo real -mencionó los atentados a la AMIA y a la Embajada de Israel- merece "la máxima dureza de la ley y de los jueces", y que banalizar el término "no combate al terrorista": "lo protege". Cerró afirmando que el delito violento debe juzgarse "con el Código Penal, con pruebas y con jueces", y que "terrorista" no puede ser el nombre que el poder le da a quien piensa distinto.
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