POLíTICA | 12-06-2021 12:03

Paseo del Bajo: las dudas que el fallo no explica

La Cámara sobreseyó a Larreta y Dietrich y la causa está por quedar archivada. Pero faltan respuestas sobre una licitación irregular de $9000 millones. El mail de la polémica.

La causa que investiga las graves irregularidades que ocurrieron durante la licitación del Paseo del Bajo, la obra pública más grande de las últimas décadas de la Ciudad, está a punto de quedar en la nada. Eso ocurre a pesar de las manifiestas  anomalías del caso, como cambiar la lógica de la adjudicación a días de que se designen a las empresas ganadoras -hecho sin precedentes en la historia de este tipo de trabajos-, haberle entregado uno de los tramos a una compañía endeudada por 3.000 millones de euros y que quebró poco después, y la certeza de que por esta maniobra se gastaron, de mínima, 80 millones de pesos más de los contribuyentes. Pero para la Sala I de la Cámara Federal no hay nada más que investigar sobre este proceso de $ 9.000 millones que benefició a Ángelo Calcaterra, primo del entonces presidente Macri. Para los jueces Leopoldo Bruglia, Mariano Llorens y Pablo Bertuzzi no ocurrió nada raro.

Es que estos magistrados absolvieron a fines de mayo a Rodríguez Larreta y a Guillermo Dietrich, ex ministro de Transporte. Ya desde el vamos el dato es llamativo: la causa, al borde de quedar archivada a sólo dos años de comenzada la investigación, no llegó a avanzar ni siquiera sobre otros posibles imputados, como podrían ser Calcaterra o Macri. Hay que entender que para el primo la adjudicación del tramo C a fines del 2016, el tercio de la obra más cara del Paseo -por el que IECSA, su empresa, obtuvo por lo menos $ 3.183.245.156-, fue clave: como él contaba en aquellos días, era el contrato más importante que tenía la compañía cuando decidió venderla en el 2017. Las empresas contratistas valen tanto como las licitaciones que tienen a cargo.

Las irregularidades fueron tales que habían puesto en alerta a dos organismos públicos. Uno fue la Procuraduría de la Ciudad -en criollo, los abogados del Estado porteño-, que durante la licitación advirtió que era un riesgo entregarle el tramo A, el más barato, a una empresa quebrada como Isolux. Este hecho es central: haberle dado a la compañía española el tercio más barato habilitó que el más caro quedara liberado para otra empresa. Si no se hubiera cambiado sobre la hora el orden pautado originalmente, hubiera sido Isolux la que hubiera ganado el tramo más caro. Además, el hecho de haber cambiado el orden, arrancando por el más barato y luego por el más caro, hizo que se gastaran $ 74.974.172 de más.

El otro organismo que alertó sobre las irregularidades fue la Auditoría General de la Ciudad, en un informe que llevó el aval no sólo del kirchnerismo sino también de la Coalición Cívica y la UCR, socios del PRO. Estas dudas quedaron plasmadas en una tapa de NOTICIAS del 2018. Pero para la Sala I no hay nada más que investigar.

La tapa de Noticias del 2018: el último

Las explicaciones que da para archivar la causa son, en palabras de los fiscales Sergio Rodríguez y José Luis Agüero Iturbe, que apelaron la decisión el martes 8, “mágicas”, “inválidas” y “arbitrarias”. Para explicar el cambio de orden, la Cámara hace suya la versión de Marcelo Astorga, director del proyecto del Paseo, alguien que, para otros magistrados, estaría sentado en el banquillo de los acusados y no como testigo. Según Astorga, el cambio del orden de apertura fue para obtener “sin imprevistos” un adelanto de parte de la CAF, el fondo de inversiones internacionales que financió la obra. Además de que Astorga no aclara de qué “imprevistos” estaría hablando -hecho en el que, llamativamente, no insisten los jueces-, su prueba es un mail que habría enviado en octubre del 2016, días antes de la fecha originalmente prevista para el reparto de los tramos, pero que ni siquiera se adjunta en el expediente. Es decir, que se toma la palabra de un testigo con intereses claramente contradictorios y que se basa en un elemento de prueba del que no se tiene ninguna constancia. No sólo eso, sino que ese adelanto de la CAF no sólo no llegó, sino que el contrato se firmó recién en el 2017, con el agravante de los seis meses que suele poner ese fondo entre que firman y que entregan el primer dinero. Es decir, la tesis de que el cambio se hizo para adelantar dinero raya lo imposible.

La explicación sobre la validez de haberle dado a Isolux el tramo A, algo que la propia Procuración puso en duda, también es más que llamativa. Para los jueces esto estuvo bien hecho precisamente porque, ya estando en concurso de acreedores, “el Banco Santander de España se había hecho cargo de la casa matriz de la firma”. Es decir que, para los magistrados, la prueba de que era una empresa viable era justamente que estaba al borde de la quiebra, algo que sucedió tan sólo cuatro meses después.

Aunque los fiscales aseguran que de no prosperar su apelación irán a la CIDH, parecería que todas estas gravísimas irregularidades están por quedar en el olvido. Tragicómico.

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Juan Luis González

Juan Luis González

Periodista de política.

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