El Gobierno anunció este jueves 23 de octubre, a través de la cuenta oficial @OPRArgentina de la Oficina del Presidente, la designación de Pablo Quirno como nuevo ministro de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, en reemplazo de Gerardo Werthein, quien renunció tras desacuerdos con el entorno presidencial. En el comunicado oficial se precisó: “La Oficina del Presidente informa que Gerardo Werthein ha presentado su renuncia a partir del lunes 27 de octubre. En su reemplazo, el nuevo canciller será Pablo Quirno, actual secretario de Finanzas y miembro clave del equipo económico que logró evitar la mayor crisis de la historia del país”.
El funcionario asumirá el 27, un día después de las elecciones legislativas, en un movimiento que confirma la decisión de Javier Milei de alinear la Cancillería con el corazón económico de su gobierno. Pero la designación llega rodeada de polémica: Quirno no presentó su declaración jurada de 2024, pese a que los funcionarios nacionales tenían plazo hasta el 31 de julio para hacerlo.
Según reveló El Destape, la Oficina Anticorrupción (OA) reconoció que el actual secretario de Finanzas “se encuentra registrado como sujeto obligado” pero que “a la fecha no se cuenta con información sobre la presentación”. Es decir, uno de los hombres más poderosos del equipo económico no cumplió con su obligación legal.
El dato genera inquietud por el rol central que ocupa. Quirno es la mano ejecutora de Luis Caputo en el manejo del endeudamiento argentino, tanto en pesos como en dólares, con acceso privilegiado a información financiera. Su trayectoria lo respalda: trabajó 17 años en J.P. Morgan, donde fue director de Fusiones y Adquisiciones para América Latina, y luego fundó Samsom Capital Advisers, asesorando gobiernos y empresas. Sin embargo, en la única declaración jurada que presentó —al asumir en diciembre de 2023— declaró un patrimonio de 160 millones de pesos, equivalentes a unos 440 mil dólares, una cifra sorprendentemente baja para un exbanquero global.
También informó propiedades y depósitos mayoritariamente en el exterior, sin inversiones financieras declaradas. Desde entonces, no actualizó sus datos. En un contexto de tensión económica y política, el caso reaviva el debate sobre los estándares de transparencia y control en los funcionarios del área más sensible del Gobierno.
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