La discusión sobre vandalismo rural abrió otro frente para el oficialismo: el alcance penal de lo que se dice en medios y redes. El martes 6, el PRO y La Libertad Avanza respaldaron en Diputados una iniciativa que incluía un agravante para la instigación pública a cometer delitos. Tras las objeciones de Myriam Bregman, la modificación fue retirada del dictamen. El temor era que el poder de turno podía usarla de manera arbitraria y limitar así la libertad de expresión.
El proyecto de Martín Ardohain, del PRO, proponía reformar el artículo 209 del Código Penal. Mantenía la escala de dos a seis años de prisión, pero ampliaba la conducta a instigar una clase de delitos de una misma especie contra personas, bienes o instituciones. Si se hacía por medios masivos, redes sociales o plataformas digitales, la pena aumentaba un tercio.
El texto no castigaba literalmente cualquier opinión: exigía instigación a delinquir, una figura que ya existe. La controversia estaba en su ampliación y en el castigo adicional por el canal de difusión. Sus fundamentos invocaban la capacidad de las plataformas para coordinar ataques rurales. Bregman denunció, en cambio, un intento de criminalizar la libertad de expresión.
La diputada vinculó el proyecto con la protección de grandes propietarios como Joe Lewis y con la discusión sobre la extranjerización de tierras. El dictamen avanzó en las comisiones de Legislación Penal y Agricultura, pero sin el cambio al artículo 209. La marcha atrás es central: esa cláusula no quedó en el texto avalado por la mayoría.
El antecedente es la Ley de Defensa de la Soberanía Nacional, enviada por el Ejecutivo en septiembre. Su artículo 111 propone incorporar el 225 bis al Código Penal: de cinco a doce años de cárcel para determinadas actividades realizadas por cuenta, orden o financiamiento de un Estado, organización o agente extranjero. Entre ellas, procurar manipular la opinión pública mediante campañas coordinadas de desinformación masiva.
FOPEA advirtió que esos conceptos imprecisos habilitan aplicaciones discrecionales y pueden desalentar la crítica periodística. Pidió excluir expresamente las opiniones e informaciones protegidas. El Gobierno sostuvo que apunta a operaciones coordinadas con actores extranjeros, no a cualquier publicación falsa.
Son mecanismos diferentes, unidos por una discusión pública: qué límites separan la persecución de un delito del disciplinamiento del debate público. En el proyecto rural hubo retroceso; en el de soberanía, el riesgo señalado por las organizaciones de prensa sigue bajo discusión parlamentaria.
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