En medio de la narrativa oficial de austeridad y el recorte del gasto público, el Banco Nación quedó en el ojo de la tormenta por una serie de préstamos hipotecarios otorgados a integrantes del círculo íntimo del poder. La última figura en sumarse a la lista de beneficiarios es Nazarena Menem, de 26 años, cuyo acceso a financiamiento estatal ha despertado fuertes críticas por las condiciones "VIP" del otorgamiento.
Nazarena es hija de Eduardo "Lule" Menem, el subsecretario de Gestión Institucional y figura clave en el armado político de La Libertad Avanza. Según la información detallada por Página 12, la joven —quien se desempeña como empleada en la Auditoría General de la Nación (AGN)— recibió un crédito de 236 millones de pesos. Esta cifra, al sumarse al préstamo de 357 millones obtenido por su hermano, Federico Sharif Menem, completa un desembolso para el "Clan Menem" que ronda los 600 millones de pesos en apenas unos meses.
La polémica no solo radica en el apellido, sino en la desproporción entre los ingresos declarados y el monto del crédito. Con un salario mensual que promediaría los 2,5 millones de pesos y una antigüedad menor a cuatro años en su cargo administrativo, los analistas del sector señalan que una persona de su edad y perfil difícilmente calificaría para un financiamiento de tal magnitud bajo las normativas estándar del sistema financiero.
El caso de Nazarena se enmarca en un patrón que la oposición ya comenzó a investigar: una "larga lista" de funcionarios y familiares libertarios beneficiados por el Banco Nación mientras la mayoría de la población enfrenta dificultades para acceder a la vivienda. Entre los nombres señalados también figuran el secretario de Finanzas, Federico Furiase, y otros directores de la entidad oficial.
Mientras la entidad defiende la transparencia de sus líneas crediticias, las revelaciones sobre las presuntas modificaciones en las condiciones de otorgamiento para "personas políticamente expuestas" sugieren la existencia de un trato preferencial. Para el "Clan Menem", la consigna de que "no hay plata" parece haber encontrado una excepción de 600 millones en la ventanilla de la banca pública.
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