La Cámara de Diputados de la Nación Argentina aprobó el proyecto de reforma laboral impulsado por el Poder Ejecutivo con 135 votos a favor y 115 en contra, sin abstenciones, tras un intenso debate que duró varias horas y estuvo rodeado de protestas sindicales en las inmediaciones del Congreso. La iniciativa, promovida por el gobierno de Javier Milei, fue modificada en el último tramo y ya está en el Senado para su sanción definitiva, lo que mantiene abierta la controversia en el Legislativo.
La votación en Diputados contó con el apoyo no solo de los bloques oficialistas, sino también de una parte significativa de legisladores provinciales de extracción peronista y de gobernadores, cuyos representantes en la Cámara contribuyeron a que el oficialismo lograra el quórum mínimo y la mayoría necesaria para impulsar el proyecto. Fuentes del sindicalismo denunciaron que los mandatario provinciales “traicionaron” los intereses de sus votantes al acompañar la reforma, y criticaron la decisión como un acto de rendición política frente a las presiones del gobierno nacional.
Fueron 24 votos los que se les atribuye a los gobernadores provinciales que pusieron a disposición para aprobar la ley en la cámara baja. Cuatro legisladores vinculados al gobernador Passalacqua de Misiones, tres diputados salteños del sector de Saenz, dos parlamentarios mendocinos de Cornejo, tres de representantes de Entre Ríos de Frigerio, dos diputados del peronismo tucumano de Jaldo, un par de legisladores sanjuaninos de Orrego, dos representantes cordobeses de Llaryora, una dupla chaqueña por Zdero, uno de Valdez por Corrientes, otro por Neuquén respondiendo a Figueroa, un diputado santacruceño de Vidal, un santafesino de Pullaro. Un dato curioso es que el sector relacionado al gobernador catamarqueño Raul Jalil no acompañó la iniciativa.
Los bloques que votaron a favor incluyeron al oficialismo de La Libertad Avanza, así como aliados políticos como PRO, Unión Cívica Radical (UCR), Movimiento de Integración y Desarrollo (MID) e Innovación Federal, entre otros. La oposición más firme provino de la coalición Unión por la Patria y la izquierda socialista que denunciaron que la reforma precariza el empleo, disminuye derechos y favorece la desregulación del mercado laboral en detrimento de los trabajadores. Sin embargo, el tratamiento legislativo estuvo marcado por la eliminación de uno de los artículos más debatidos —el Artículo 44, que proponía una reducción sustancial del salario durante licencias médicas— luego de fuertes críticas de sindicatos, sectores de la oposición y amplios sectores de la sociedad. Su exclusión obligó a que el texto vuelva al Senado.
La reforma laboral plantea cambios estructurales en la legislación laboral vigente —modificando aspectos clave de la Ley de Contrato de Trabajo— que incluyen la posibilidad de extender la jornada laboral diaria hasta 12 horas, reducir las cargas patronales, promover nuevas formas de indemnizaciones y establecer bancos de horas, entre otros puntos. Para los defensores del proyecto, estas medidas modernizan el mercado de trabajo y estimulan la inversión y la creación de empleo formal. No obstante, los sindicatos y sectores de oposición han señalado que la reforma limita el derecho a huelga, al proponer mecanismos de servicios mínimos durante paros en sectores considerados esenciales, y debilita la negociación colectiva, al favorecer acuerdos directamente entre empleadores y trabajadores por sobre regímenes colectivos sectoriales.
El día jueves, en medio de la discusión parlamentaria, la Confederación General del Trabajo (CGT), junto con la CTA Autónoma y la CTA de los Trabajadores, convocó a una huelga general de 24 horas que paralizó gran parte del país, fracasando en su objetivo de frenar el avance legal, pero expresando el rechazo sindical al proyecto reformista. Sectores gremiales denunciaron que la medida legislativa atenta contra derechos históricos como la jornada laboral de ocho horas, el pago de horas extras, la estabilidad y la protección social básica.
Los líderes sindicales anticiparon que la oposición a la reforma no terminará con el debate parlamentario: la CGT ya prepara recursos de inconstitucionalidad que podrían llegar hasta la Corte Suprema de Justicia, argumentando que la ley vulnera derechos constitucionales y tratados laborales internacionales. Mientras tanto, el Gobierno anuncia que espera la ratificación en el Senado en los próximos días, antes de la apertura de las sesiones ordinarias, para consolidar la reforma como ley. El desenlace de este proceso podría marcar un hito en la relación entre el mercado laboral y el movimiento obrero, con repercusiones económicas y sociales que aún están por verse en los hechos.
También te puede interesar
Galería de imágenes
Comentarios