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Política / 2 de febrero de 2016

El macrismo ya echó a 4.000 empleados del Estado

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Despidos, controversias y zozobra son hoy características comunes en los organismos del Estado. Sin números oficiales, pero con los datos que aportan a los gremios sus afiliados, ATE y UPCN denuncian más de 4.000 cesaciones sólo en la órbita de la administración nacional. En las redes sociales, sitios como el Despidómetro anuncian cerca de 25.000 y fabrican mapas con estadísticas basadas en los testimonios y denuncias de las personas que allí publican.
Lo cierto es que, desde fines de diciembre, el clima en todos los estamentos del Estado se ha enrarecido. Más aún cuando hace algunas semanas salió a la luz un instructivo distribuido por el Ministerio de Gestión y Modernización de Andrés Ibarra, dirigido hacia el resto de los organismos, con indicaciones para analizar puestos, funciones y riesgos indemnizatorios. Lo que desde el kirchnerismo califican como persecución ideológica, desde el nuevo Gobierno en cambio es retratado como una necesidad lógica de la política: no pueden gobernar rodeados por el enemigo, argumentan.
La cartera de Gestión y Modernización fue en el Gobierno de la Ciudad y es hoy en el Nacional la que coordina la política de recursos humanos en todos los organismos públicos –entre ellos los ministerios– aunque no en las empresas estatales. En Modernización aseguran que no son despidos los que se están efectuando, sino la no renovación de contratos que vencían el 31 de diciembre y que se prorrogaron por tres meses para examinar cada situación en particular. Fuentes oficiales confirmaron que los primeros datos respecto de los 24.000 contratos analizados se conocerían durante la primera semana de febrero.
Sin embargo, no sólo los órganos dependientes de Modernización están reviendo la planta de trabajadores. El Senado, a cargo de la vicepresidenta Gabriela Michetti, había oficializado 2.035 despidos. Michetti había dicho: “El Senado tiene un desorden administrativo muy pero muy importante. En estos días de trabajo hemos encontrado cosas que son graves: incompatibilidades de sueldo, muchísimos ñoquis, muchísima cuenta de teléfono, se le paga a gente que no trabaja desde años en el Senado”. Tras estas afirmaciones, la funcionaria llevó a cabo un convenio con la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA para el relevamiento de empleados y funciones. Sin embargo, al efectivizarse los despidos, la presión de los gremios y errores groseros, como el despido de discapacitados y embarazadas, hicieron que debieran reincorporar a parte del personal.
El CCK. Como punta de lanza, en diciembre, el Centro Cultural Kirchner (CCK) decidió no renovarles los contratos a 600 personas, casi la totalidad de la planta. En aquel entonces, Hernán Lombardi, funcionario a cargo de los medios públicos y del CCK, había compartido por redes sociales una publicación en la que afirmaba que el 85 por ciento de los contratados era parte de una triangulación con las universidades de San Martín, Tres de Febrero y La Matanza, y aseguraba: “Las asistencias técnicas caducaron el 31 de diciembre y decidimos no renovarlas, por lo que hablar de despidos es falso”.
Juliana Agrofoglio, empleada del CCK desde su apertura en mayo del 2015, que trabajaba en el área de atención al cliente, afirma que lo único que como trabajadores quieren es sentarse a una mesa de negociaciones, algo a lo que el Gobierno no parece estar dispuesto. “Nosotros nunca tuvimos un despido formal, nos enteramos por el Twitter de Lombardi, en el que trataba a todos de ñoquis, fue una falta de respeto. Recién ahora nos están llamando a entrevistas en las que nos lo anuncian. Si había ñoquis, que los saquen, nosotros tampoco queremos que los haya, lo que buscamos es continuar con nuestro trabajo”, concluye.
Por su parte, el delegado de ATE y empleado del CCK, Hernán Granovsky, señaló que “en un primer momento, casi con ingenuidad, les presentamos a las nuevas autoridades una carpeta en la que se detallaban las funciones de cada uno de los empleados, pero ni siquiera fue recibida”. Según Granovsky, el desacuerdo no es con que se elija una nueva política para el centro cultural, “algo que cada gestión determina y es respetable, sino que se pretenda evadir el diálogo utilizando como excusa una contratación precaria que el mismo Estado nos había otorgado. Todos los que trabajaban allí cumplían funciones, pero en las reuniones no se nos dio la chance de decir nada”, aseveró el delegado.
Más echados. Los elevados números del CCK no están muy lejos de los de otros ministerios. En el Ministerio de Justicia ya son 496 las personas a las que no se les renovó el contrato, diez de ellos ligados al portal Infojus. A través de un comunicado, los trabajadores de esa agencia de noticias dependiente del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos denunciaron la situación.
Consultado sobre los despidos, el secretario de Planificación Estratégica del Ministerio de Justicia, Mauricio Devoto, afirmó que lo que hizo fue un relevamiento de los contratos de hasta tres años y se analizó caso por caso. “Tenemos ejemplos claros de que muchas veces se han utilizado fondos públicos para financiar el relato. Infojus es una herramienta interesante para ser utilizada al servicio de la gente y no de un relato, o de propaganda como sucedía”, aseveró.
Otro caso particular es el del Ministerio de Seguridad, en el que los despidos ya llegan a 215. A Natalia D’Alessandro ya le confirmaron su despido, pero aún no le envían el telegrama. “Como esa hay varias desprolijidades”, asegura. D’Alessandro trabajaba en la coordinación de los allanamientos para obtener las muestras de ADN en relación con casos de nietos apropiados. En su área despidieron a 13 de los 33 trabajadores, “incluyendo a quienes identificaron a Luciano Arruga”, manifiesta. NOTICIAS intentó obtener la versión oficial sobre los despidos en este ministerio, pero los llamados no fueron contestados.