Angelo Calcaterra no viene del mundo de la política. No se crió rodeado de bombos o cantando canciones de cancha, y ni siquiera hizo como el “primo pobre” que hace muchos años se fue a patear Buenos Aires con deseos de una intendencia y algo más. Mucho menos siguió los pasos de su otro primo, el que armó su propio partido y se presentó a elecciones. Ángelo es de otro palo. A pesar de que los progenitores de los tres vinieron en el mismo barco y trayendo los mismos sueños, él siempre miró de reojo el destino de los familiares de su generación y hasta fantaseó con que las aspiraciones de los díscolos quedarían en el camino.
Por no compartir el amor a los votos es que se enoja tanto cuando la política le cambia los planes. Por eso Ángelo estuvo casi tres meses sin hablar con el Presidente, con el que recién se reencontró en un almuerzo en la quinta en Los Abrojos un domingo a fines de octubre. También es por eso que está convencido de que los eventos que entorpecieron la íntima relación que tenía con su primo nacen desde los pasillos de la Jefatura de Gabinete, aparte de las ácidas críticas que le lanza su enemiga Elisa Carrió.
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Pero hay algo del arte de la política que Ángelo dice que lo irrita más que todo: cuando se mete en sus negocios millonarios, lo que parece una ironía si se tiene en cuenta que al amparo del Estado creció todo el grupo Macri. Y, según dice estar convencido Calcaterra, las fuertes irregularidades que detectó un reciente informe de la Auditoría General de la Ciudad sobre la gigantesca licitación -la más cara de la década- que ganó su ex empresa IECSA mientras aún le pertenecía, es parte del juego macabro de la política. A pesar de que tres de los siete auditores que firmaron ese documento son del PRO. A pesar de que otro, de la Coalición Cívica, asegura que hay aspectos “poco claros”, mientras que la funcionaria de la UCR intentó llevar el informe a la Procuración para que lo investigue y fracasó por la resistencia del partido amarillo. A pesar de que “Lilita”, la garante moral de Cambiemos, le asegure a esta revista que le gustaría que se audite la obra mientras se construye, medida que rechazó el oficialismo con una ayuda indispensable -los misterios de la grieta- del PJ. A pesar de que Calcaterra mismo, junto a los grandes patrones históricos de la obra pública local, admitió ante un juez federal haber pagado dinero en negro al gobierno anterior, poniendo de relieve lo cartelizada que está esa área y sus oscuros vínculos con el poder de turno. Pero el primo, jura, es una víctima de la política. Pobre Angelito.
El arte de ganar. “Mis funcionarios, por culpa del acoso del periodismo, temblaban cuando tenían que firmar una adjudicación. Yo les decía: 'Muchachos, si ganó la constructora de Ángelo, ¡fírmenle! ¡Es una constructora buena! Como le dije a 'Guillo' Dietrich por el caso de Cristóbal López: si está en regla, lo ganó, y si no, se le rescindirá”. El que habla es Mauricio Macri a mediados del 2016, para el libro de la periodista Laura Di Marco, donde confiesa que “se enojó” y le dijo a su primo “que estaba loco” cuando Calcaterra le reveló que quería vender su empresa “porque no daba más”. En esos mismos momentos, el Gobierno de la Ciudad, a través de Autopistas Urbanas SA, se aprestaba a lanzar la licitación para construir el Paseo del Bajo, una obra planificada en casi $ 7.000 mil millones, tan costosa como el presupuesto anual de La Matanza, el distrito más poblado de Buenos Aires, que va a significar la unión de la autopista Illia con las autopistas Buenos Aires-La Plata y la autopista 25 de Mayo mediante un sistema de viaductos y trincheras.
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“Va a tener el mismo impacto que el Metrobus”, aseguran, a nivel simbólico y político, en el área de Transporte de la ciudad, el organismo local que delegó en AUSA la responsabilidad operativa del proyecto. Era un negocio redondo para todos: millonario para las empresas que ganaran -la licitación se dividió en tres tramos, A, B y C, para no cartelizar la obra y evitar tardanzas por si una compañía se demoraba-, electoral para el gobierno porteño y el nacional -el Paseo tiene pensado estrenarse en la para nada inocente fecha de la última semana de abril del 2019, y el Ejecutivo de Macri comparte la responsabilidad porque contrajo una deuda de US$ 400 millones con el Banco de Desarrollo de América Latina (CAF) para financiar el proyecto-, y también para los ciudadanos y su movilidad, aunque en este punto hay debate.
Por suerte para IECSA, y también para SACDE, la compañía de Marcelo Mindlin que compró la primera en abril de 2017, en un precio que cerca de Calcaterra dicen que orilló los US$ 60 millones, los funcionarios de AUSA cumplieron a rajatabla lo que pidió el Presidente: no les tembló para nada el pulso a la hora de adjudicarle la parte más cara de la obra a Calcaterra, aún cuando la licitación había tenido fuertes irregularidades, como asegura el informe de la Auditoría, que sólo revisó la adjudicación de la obra y no la obra en sí.
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Para tener en cuenta: a pesar de que los encargados del organismo son siete miembros políticos -designados según la representación de fuerzas en la Legislatura porteña, por lo que el PRO tiene mayoría y están representados sus socios de Cambiemos-, los encargados de confeccionar el informe, una tarea que llevó siete meses de trabajo, fueron once técnicos, arquitectos, ingenieros y abogados, de la planta permanete de la Auditoría. En este punto el círculo de Calcaterra y el Gobierno porteño coinciden en su defensa. “Es un informe político, con intencionalidad política, y que lo hayan hecho miembros de la planta permanente no lo hace distinto”, aseguran, a pesar de que el propio PRO le dio el visto bueno al trabajo y lo elevó, como manda el protocolo, a la Legislatura. Ante la repregunta, cerca de Calcaterra aflojan: “En todo caso, si hubo algo mal hecho en la licitación fue culpa del Gobierno de la Ciudad o de AUSA, no nuestra, que nos presentamos como una empresa más”. ¿Sálvese quien pueda?
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En el barro. Hasta el 28 de octubre, más de ocho meses después del inicio del pliego y a sólo cuatro días de la fecha en que se comenzaba la selección de la primera empresa ganadora, todo marchaba sobre ruedas. Fue ahí donde el asunto se empezó a ensuciar, y es en lo que hace foco el informe oficial: AUSA, mediante una “circular sin consulta”, es decir que ninguna de las empresas en carrera ni otro organismo estatal se lo pidió, alteró el orden de apertura de las ofertas y decidió abrir primero el tramo A, el más barato de la obra. En esa circular no hay justificación alguna para el cambio, tan sólo la notificación del mismo. Para tener en cuenta las diferencias, esa parte estaba estimada, según AUSA, en un costo de $ 1.870 millones, mientras que el C se estipulaba en $ 4.480 millones, más del doble.
Hasta entonces, según estaba concertado en el pliego original, se iba a abrir primero el tramo C. Hay que tener en cuenta que, según el pliego de bases y condiciones, la empresa que ganara un tramo quedaba automáticamente descartada de los otros dos, y así con la segunda que resultara elegida para el siguiente pedazo de la obra. Ahí hay una primera objeción lógica: dejar afuera del tramo más caro de la obra a una compañía -que quedaba descartada al salir elegida en el tramo A- podía significar dejar afuera a la empresa que iba a hacer la oferta más barata en el pedazo más costoso, y por lo tanto la que menos le costaría al Estado que tiene la obligación de buscar gastar lo menos posible. Pero eso no es todo.
El 14 de diciembre del 2016, Corsan Corviam Construcción SA, parte del grupo Isolux de España, la misma que quedó en el centro del escándalo de los cuadernos, ganó la adjudicación del tramo A con lo que en el mundo del establishment se conoce como una “oferta agresiva”: la propuesta de la compañía -de $ 1.547 millones- fue 17% por debajo de lo que AUSA estimaba. No es un dato menor: como en cualquier negocio, las empresas buscan maximizar sus ganancias, aunque en la obra pública tienen que jugar a una especie de ruleta esperando que su oferta no sea demasiado baja como para ser considerada precio vil, o que luego termine quedando muy lejos del presupuesto real -lo que podría ocasionar respuestas del Estado como la cancelación del contrato-, y no demasiado alta como para que otra empresa le gane de mano. Si hubieran realizado otra oferta, por ejemplo, hubiera perdido contra la empresa que quedó segunda: IECSA, la del primo del Presidente. Acá está el nudo de la cuestión.
Para cuando ganó la licitación, Isolux se hallaba en pleno derrumbe económico, tenía deudas por casi 3.000 millones de euros y sobrevivía gracias a los préstamos de los bancos. Ese caída se vivía también en Argentina, crisis que sintió de cerca Juan Carlos de Goycochea, director de Isolux en este país que estuvo detenido en la causa de los cuadernos luego de admitir coimas al kirchnerismo. El detalle no menor de las penurias económicas de la empresa española no sólo fue percibido por la Auditoría, o por la empresa JCR SA del fallecido Juan Carlos Relats -uno de los grandes beneficiados de la obra pública K y administrador de un hotel propiedad de los Kirchner, Los Sauces-, que durante el proceso de adjudicación formuló observaciones sobre la oferta que presentó Isolux: la capacidad de esta última empresa fue puesta en duda por la propia Procuradoría, el organismo que defiende a la Ciudad y que tiene a su cargo determinar la legalidad de los actos administrativos. La misma fecha en que Corsan Corviam ganó la licitación, ese organismo que, de nuevo, defiende a la Ciudad, interviene de manera contundente. “Verificar, previo a efectivizar la adjudicación, la capacidad técnica y económica del contratista para cumplir con las obligaciones derivadas de la misma”, asegura en el dictamen IF-2016-26989703-PG.
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Este punto es central, como señala la Auditoría en sus conclusiones, donde asegura que “no se encuentra acreditado que AUSA haya dado cumplimiento a lo dictaminado por la Procuración General respecto a la Capacidad Técnica y Económica de Corsan Corviam” y que tampoco “se encuentran justificados los motivos por los cuales mediante Circulares Sin Consulta se modificó el orden de apertura de las ofertas económicas de las tres licitaciones correspondientes”. Otro dato: para agregar estos dos puntos a las conclusiones (que son sólo una herramienta para darlee más visibilidad a aspectos centrales del informe) hubo que llamar a una votación en la Auditoría. La medida fue aprobada por el voto de la Coalición Civica, la UCR, el kirchnerismo y el Partido Justicialista, que el mismo día votó junto al PRO -que se había opuesto a agregar en la conclusión esos dos puntos- para evitar que se audite la obra en ejecución.
Si AUSA hubiera prestado atención a lo que le señalaba la Procuración y excluía a Corsan Corviam, IECSA hubiera ganado el tramo más barato, quedando así excluida del más oneroso. En julio del 2017, a cinco meses de iniciadas las obras del Paseo del Bajo, Isolux quebró y el Gobierno porteño le rescindió la obra. Crónica de un final más que anunciado.
Para ese entonces, IECSA, con el camino despejado, se había quedado con la adjudicación del tramo más oneroso. Y a esta historia le falta un dato más que, aunque no aparece destacado en el informe de la Auditoría, sí lo hacen varios de sus miembros: la empresa de Calcaterra gana el tramo C, el 29 de diciembre del 2016, gracias a su oferta de $ 3.183.245.156, un 29 % menor que el presupuesto que había estimado AUSA ($ 4.480.000.000). Facundo Del Gaiso, el auditor de la Coalición Cívica, dice que “nunca vio una diferencia tan grande” entre los dos presupuestos y que, en el caso de que la obra termine costando más de lo que IECSA aseguró que iba a costar, “tendrán que explicarlo”.
“Todo el proceso estuvo orientado para que Calcaterra se quedara con el tramo más caro”, asegura Cecilia Segura, presidenta de la Auditoría por la oposición. “Hubo injerencia de Larreta en la Auditoría para evitar que se auditara la obra -y no sólo la licitación- para poder corroborar sus costos reales”, dice Segura, perteneciente a La Cámpora y novia del legislador kirchnerista Juan Cabandié. Mariela Coletta, auditora radical y perteneciente al espacio de Martín Losteau, dice que “los procesos fueron llamativamente irregulares, y queda claro que el tramo más caro de la obra se adjudicó con un proceso distinto del que correspondía por ley, sin razones que lo justificaran”. Raúl Bertero, ingeniero y vicedecano de la Facultad de Ingeniería de la UBA, opina: “Es raro cambiar el orden de apertura, hay que justificar muy bien por qué lo vas a hacer. En este caso no parece necesario. En este tipo de contratos, tan grandes, tenés que ser prudente y respetarlo para evitar suspicacias. Parece poco prudente la forma de actuar. Además, si una empresa está objetivamente mal se la puede descartar”. Jorge Garayalde, auditor del PRO, les contesta a todos. "No creo que el proceso haya estado amañado, por la sencilla razón de que el orden de la apertura de sobres se dispuso antes de la recepción de los mismos, por lo que hubiera sido imposible saber quiénes y cuánto estaban ofertando". Sobre la decisión de no auditar la obra, esa decisión que molesto a la propia Carrió, Garayalde aduce que como la licitación se habia auditado este año, "el procedimiento marca la alternancia de un año en el caso de tener que auditar la misma dependencia, la misma obra, el mismo proyecto, en dos oportunidades".
El primo. Todos los apuntados se detienen en que era imposible saber que Isolux iba a ganar por el cambio del orden de apertura ya que fue antes de la recepción de las ofertas. “¿Cómo podía saberse que eso iba a favorecer a Isolux si ni teníamos los sobres? Y, aún soponiendo que hubo algo amañado, cosa que no fue así, ¿cómo se podía saber que la segunda oferta para el tramo más caro iba a ser de IECSA?”, dicen tanto desde AUSA, y los de Calcaterra coinciden. Ambas dudas son válidas, y deberá probarlas la Justicia si la auditora Segura, como aseguró para esta nota, presenta el informe ante los tribunales federales de Comodoro Py o si la Procuración -que se negó a responder las consultas de NOTICIAS, igual que JCR- se involucra de manera más decidida. Más allá de las irregularidades que plantea la Auditoría, amparadas en las observaciones de la Procuración, hay que sumar dudas lógicas.
• ¿Es posible que en Argentina, como demostró la causa de los cuadernos, la obra pública esté cartelizada y dependa de arreglos ilegales más que de licitaciones transparentes?
• Si eso fuera así, ¿se puede suponer que alguien que ya admitió haber pagado dinero en negro ante un gobierno para que faciliten el desarrollo de las obras que ganó vuelva a estar involucrado en un evento del estilo?
También hay cosas ciertas, como que Calcaterra aseguraba que el Paseo del Bajo y el soterramiento del Sarmiento -causa que también está investigada por la Justicia y que involucra a la pagadora internacional de coimas Odebretch-, eran las obras más importante que tenía IECSA al momento de venderse, y una empresa de obra pública vale, en gran parte, lo que valen las licitaciones que tiene a su cargo. El resto son por ahora sospechas, que persiguen a Calcaterra junto a las causas judiciales, mientras faltan días para que se vuelva a convertir en abuelo. ¿El nieto seguirá el mandato de la Patria Contratista?
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