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Política / 23 de enero de 2019

¿Puede el Estado mantener los bienes recuperados de la corrupción?

La Ferrari del sindicalista “Pata” Medina y el avión de Lázaro Báez quedaron tiradas porque hay que hacerles el servicio técnico y es muy caro.

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El decreto del presidente Macri sobre la extinción de dominio despertó polémicas a un día de su asunción. Uno de esos debates es saber qué pasa con los bienes recuperados de las causas de narcotráfico y la corrupción.

Hasta ahora, una de las respuestas que dio el Estado fue dar esos bienes para que los usen las fuerzas de seguridad, sobre todo las nacionales como la Policía Federal, la Prefectura Naval o la Gendarmería. Esto también servía como una fuerte propaganda de lucha contra el crimen, porque entre los bienes suele haber autos de lujo, aviones o barcos.

Esta decisión se encontró muy rápido con un obstáculo: la capacidad de manutención de los bienes. Las fuerzas de seguridad ya suelen tener problemas para mantener los autos de su flota cuando hay que comprar repuestas, cambiar una rueda o realizarle mantenimiento eléctrico. Estos problemas aumentan cuando se trata de autos de alta gama, los cuales tiene un mantenimiento mucho más costoso. Los autos se lucen, pero al poco tiempo dejan de estar operativos.

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El portal especializado en autos, Autoblog.com.ar, lleva un registro de los “patrulleros premium” con fotos que sus lectores suelen compartirles, más las imágenes oficiales que envía cada Gobierno. Entre las perlitas que encontraron, una Ferrari 458 Italia que perteneció al sindicalista Juan “Pata” Medina y fue incautada en una causa por enriquecimiento ilícito con aportes de los trabajadores de la construcción (Uocra de La Plata). La Justicia autorizó a la Prefectura a utilizar la Ferrari como un “símbolo de la lucha contra la corrupción”, pero un día se encendió el cartel de “Service” en el tablero y ya no se pudo hacer más nada. Mandarla a revisar sale muy caro.

Algo similar sucedió con el avión del empresario K Lázaro Báez, que también se lo quedó el Estado. En el ploteo que se hizo sobre la aeronave se fijaron stickers de Presidencia de La Nación, del Ministerio de Seguridad y de la Corte Suprema de Justicia. El avión se mandó reparar, se pagó por un servicio de mantenimiento, se enviaron pilotos a capacitarse a Estados Unidos, pero el avión está hoy tirado en un hangar de San Fernando. No se usa.

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Esta situación se repite en Misiones, Salta, la provincia de Buenos Aires y otros distritos que también decidieron hacer marketing con los bienes recuperados de bandas delictivas, pero que no pudieron mantenerlos.

El decreto presidencial abre un interrogante: ¿Hay real interés por recuperar los bienes del narcotráfico y la corrupción o es sólo crear una discusión de cara a las elecciones de este año?