Que el ritmo de las causas se desacelera en tiempos de elecciones es una máxima político-judicial que no suele tener excepciones. Sin embargo, a menos de 100 días de las PASO, el allanamiento a la sede de Camioneros por la Causa Independiente por asociación ilícita movió el avispero.
150 gendarmes entraron al edificio de calle San José 1781 para producir el allanamiento que había pedido el fiscal de Lomas de Zamora, Sebastián Scalera y que el ahora apartado juez Luis Carzoglio le había negado.
Hugo y Pablo Moyano estaban en el edificio. Esperaron que se congregara la prensa y salieron a hacer su propio juego: “Esto es una payasada”, dijo el mayor tras aludir a una persecución política.
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Fuentes judiciales se lamentan que Gendarmería hayan tardado unos minutos en ingresar. Creen que perdieron tiempo clave y que algunas pruebas pueden haberse visto perjudicadas. Sin embargo, Scalera considera que tiene un material valioso entre sus manos: “Fueron a buscar pruebas y a constatar lugares de reunión que habían declarado los imputados. La constatación fue positiva, porque coincide con las descripciones”, señaló.
Si la flamante jueza que subrogó a Carzoglio, Brenda Madrid, acelera las actuaciones, podrían complicarlo judicialmente. Aunque no es la única que va a avanzar.
En la mira. La diputada Graciela Ocaña denunció a Hugo Moyano en 2011 por desviar fondos del gremio que dirigió el sindicalista y de la obra social de Camioneros hacia empresas que son de familiares directos. La causa habría cobrado impulso. Según pudo averiguar NOTICIAS, el juez Claudio Bonadio pidió que se aceleraran los peritajes. Dos partes estarían listas y apenas restaría una para entregar el trabajo que provocaría la imputación de Moyano. El conflicto ahora estará en ver cuándo el juez que más complica a la oposición puede volver a sus tareas, luego de una delicada intervención quirúrgica.
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En la fiscalía creen que pueden comprobar sus delitos. “Sabemos que Moyano no tiene un peso declarado y su esposa tiene cuatro trabajos. Esa es una de las maneras en las que blanquean ingresos”, dice una fuente vinculada a la causa, que ahora estudia hacerle una denuncia por evasión fiscal.
En el Gobierno no están seguros de que apretar a Moyano judicialmente pueda beneficiarlos en tiempo electoral. “Macri está convencido de que sería bueno, pero en su entorno le dicen que no”, asegura un diputado amarillo. De todas maneras, ya plantean la estrategia de cómo sacarle el jugo si la Justicia acelera.
De hecho, los sorprendió el pedido de allanamiento a las oficinas del sindicalista, del que tampoco daban crédito cerca de Moyano. El periodista K Roberto Navarro aseguró en su programa de radio: “Yo no entiendo cómo llegó Gendarmería a la sede de Camioneros. La vez que yo fui, dos cuadras antes había unos muchachos que me dijeron que deje el auto. Me llevaron y me sentaron ahí. Nunca vi muchachos tan grandes”.
El sector del Gobierno que lucha contra Moyano protesta por los ardides que presenta su abogado Daniel Llermanos. “No se defienden, sólo se victimizan”, aseguran. Y completan: “Su estrategia es una: dilatar las causas y buscar la prescripción”. Aunque tiene otra opción: que cambie la gestión y le saquen la soga del cuello.
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