El juicio en Nueva York por US$ 3.500 millones contra YPF y el Estado argentino ha puesto el apellido Eskenazi en el tapete. También la demora del juez Claudio Bonadio para definir la situación de los integrantes de esta familia de banqueros y constructores en la causa cuadernos después de las declaraciones del arrepentido contador de los Kirchner, Víctor Manzanares. Se trata de dos historias de quienes fueron empresarios K, elegidos por Néstor Kirchner para quedarse con el 25% de YPF en 2008, y que, a diferencia de otros, vienen zigzaguean los tribunales.
Para entender mejor, vamos a la historia. Enrique Eskenazi, que a los 93 años sigue presidiendo tres los cuatros bancos provinciales del grupo y la constructora Petersen, era ejecutivo de esta última firma hasta que en los 80 se la compró a sus dueños. En los 90 aprovechó su amistad con el entonces ministro del Interior menemista, Carlos Corach, su vecino en el country Highland, para ganar las privatizaciones de los bancos de Entre Ríos, Santa Fe, San Juan y Santa Cruz (1998), donde conoció a su entonces gobernador, Kirchner.
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Años después, el Banco de Santa Cruz gestionaría los fondos que la provincia cobró de regalías mal liquidadas de YPF. NOTICIAS accedió a un documento del 22 de agosto de 2001 en el que el entonces operador financiero de Santa Cruz, Miguel Iribarne, presidente de Mercado Abierto SA, manifestaba que se habían iniciado los trámites necesarios para que se los depositaran en una cuenta de la entidad norteamericana Morgan Stanley Dean Witter a nombre del Banco de Santa Cruz en un plazo de diez días. Pero voceros de Petersen aseguran que la entidad patagónica sólo fue administradora de esos fondos una vez que en 2005 el entonces gobernador Sergio Acevedo los repatrió, y hasta marzo de 2008, poco antes de que el grupo entrara al paquete accionario de YPF.
En lo que Kirchner llamó la “argentinización” de YPF, los protagonistas fueron dos hijos de Enrique Eskenazi: Sebastián (55), que asumió como CEO y ahora es vicepresidente del Banco de Santa Fe, y Matías (50), que se sentó en el directorio de la petrolera y es número dos del Banco de Entre Ríos. Ambos adhirieron al blanqueo de capitales en 2016 con $ 895,4 millones en total.
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Para comprar el 25% de YPF, los Eskenazi tomaton préstamos de quien se lo vendía, Repsol, por US$ 1.685 millones y de bancos internacionales (Credit Suisse, los norteamericanos Goldman Sachs y Citi, el francés BNP Paribas, el brasileño Itaú, el sudafricano Standard y el español Santander) por 1.688 millones. Lo hicieron a través de dos sociedades españolas: Petersen Energía SA (PESA) y Petersen Energía Inversora SA (Peisa). Los pagos de los créditos estaban atados al reparto de futuros dividendos de YPF. Los Eskenazi pusieron 110 millones a través de una sociedad australiana llamada Petersen Energía Pty Ltd, que recibió otro préstamo de 71,5 millones de Credit Suisse. Este banco suizo fue el mismo en donde Santa Cruz depositó sus fondos antes de repatriarlos.
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En 2012, cuando Cristina Kirchner estatizó el 51% de YPF que tenía Repsol, deshizo la argentinización orquestada por su marido. Con el entonces viceministro de Economía, Axel Kicillof, a la cabeza, se suspendió el reparto de dividendos entre accionistas para destinar las ganancias a inversión. Al quedarse sin esos beneficios, los Eskenazi no pudieron seguir devolviendo los préstamos. Así es que PESA y Peisa entraron en concurso preventivo. De inmediato se ejecutaron las garantías de esos créditos y es así que Repsol recibió un 6% de YPF y las entidades financieras, el restante 19%.
Voceros de Petersen cuentan que quedaron saldadas las deudas en territorio español. Sin embargo, sus acreedores los desmienten. “Quedan por pagar 2.000 millones de dólares, de los cuales el 80% le pertenece a Repsol y el 20%, a los bancos, que cobraron primero por una cuestión de garantías”, explican desde Madrid.
Estatuto. ¿Cómo pueden los Eskenazi terminar de pagar su deuda? El síndico del concurso no puede demandar a la dueña de las sociedades españolas, que es la firma de Australia, que a su vez pertenece a la familia banquera y constructora. La opción fue echar mano al derecho que tenían PESA y Peisa a demandar a quien incumpliera el estatuto de YPF que establecía que aquel que comprara más del 15% de la petrolera debía formular una oferta por el 100%. En la discusión de la expropiación en el Congreso en 2012, Kicillof rechazó esa posibilidad porque supondría una mayor erogación para su gobierno: “Se piensan que el Estado tiene que ser estúpido”. Sostenía que el derecho soberano estaba por encima del contractual, el mismo argumento que ahora enarbola el gobierno de Macri para evitar el juicio.
Burford, tachado de estudio buitre, firmó un contrato de financiamiento con el síndico español por el que puso 15 millones de euros para quedarse con el derecho a reclamar y en abril de 2015 presentó la demanda en el juzgado neoyorquino de Thomas Griesa, el mismo donde los fondos de rapiña litigaban por la deuda impaga desde 2001. Como YPF cotiza en Wall Street, el pleito podía plantearse allí. Detrás de la querella de Burford se esconden inversores anónimos. Se habla de Repsol, los Eskenazi y hasta de funcionarios del gobierno de Macri, pero todos ellos lo niegan. Claro que si la demanda prospera el 70% de los 3.500 millones los cobrarían Burford y sus inversores y el 35% restante iría a cubrir las deudas del concurso. Es decir, 1.050 millones para saldar un pasivo de 2.000 millones. Pero además hay un fondo norteamericano, Eaton Park, que también se quedó con derecho a litigar, pero por 1.500 millones, y que marcha más lento que Burford en su proceso judicial.
Los pagos a los acreedores beneficiarían a los Eskenazi, que enfrentan complicaciones para financiarse en el extranjero mientras persisten sus deudas pendientes en España, según un banquero de inversión. Un triunfo de Burford y Eaton dibujaría la sonrisa de los bancos y Repsol, que sigue presidida por Antonio Brufau. Pero en su balance 2012 la petrolera española registró como perdidos los 1.402 millones de euros que le deben.
El procurador del Tesoro, Bernardo Saravia Frías, y el abogado de YPF y asesor judicial del Presidente, Fabián Rodríguez Simón, alias Pepín, son los encargados de desarmar el proceso en EE.UU. En lo inmediato conseguieron que la jueza sucesora de Griesa, Loretta Preska, suspendiera el juicio hasta que se expida la Corte Suprema norteamericana sobre si interviene en el caso. En segundo término, buscan convencer al fiscal general y al Departamento de Estado de EE.UU. que este mes aconsejen a la Corte que efectivamente lo haga.
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En tercer lugar, en la Procuración del Tesoro detectaron a fines de 2018 que podían pedir la nulidad del contrato de financiamiento por la que el síndico del concurso en España le dio a Burford el derecho a litigar. Asesorados por el estudio de José María Alonso, decano del Colegio de Abogados de Madrid, denunciaron en febrero pasado ante un juzgado civil de esa capital el presunto incumplimiento del llamado derecho de retracto, por el que el juicio debía ofrecerse primero a YPF o al Estado argentino antes que a Burford, al que seguramente algún interesado acercó hasta al síndico madrileño. La Argentina sostiene que se trató de un contrato de compra encubierta, y no un convenio de financiamiento. En el Gobierno especulan con que si se cae la operación de Burford en Madrid, perderá su derecho a demandar en Nueva York. De ser así, los Eskenazi quedarían con sus deudas impagas.
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Manzanares. Pero ese es sólo uno de los dolores de cabeza de esta familia. El otro es el arrepentimiento del contador Manzanares. “En un momento, (Daniel) Muñoz (el fallecido secretario privado de Kirchner) decidió retirar todo el dinero del sur y fue (Luis) Gugino (arquitecto santacruceño) quien hizo el movimiento de todo el efectivo, tengo entendido que por tierra. Ese dinero se trajo a Buenos Aires. Según dichos, fue entregado a Sebastián Eskenazi”, declaró Manzanares. “En un momento, Daniel (Muñoz) se jacta si alguna vez había visto una pileta llena de plata. Me contó que había un lugar, que no puedo precisar, del cual sólo tenían llave Sebastián Eskenazi y él”, continuó el contador. No hay que olvidar que Petersen fue una de las constructoras acusadas de cartelización por Roberto Lavagna antes de dejar el Ministerio de Economía en 2005.
Manzanares también atestiguó que el departamento de Kirchner en la calle Juana Manso, en Puerto Madero, estaba alquilado por alguien del “entorno de Eskenazi”. Y que otro inmueble de la sociedad Los Sauces, de los Kirchner, en el mismo lujoso barrio también tenía como inquilino a “una ONG o mutual relacionada con los Eskenazi”. Veremos qué hace Bonadio, que poco antes de iniciar la causa cuadernos, fue fotografiado comiendo con Sebastián Eskenazi. El juez nunca lo indagó en otro caso que lleva adelante, el de la importación de gas natural licuado (GNL) entre 2008 y 2010, pese a que la estatal Enarsa contrataba a YPF.
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por Rodis Recalt, Alejandro Rebossio
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