El insólito laberinto en el que se sumergió la Corte Suprema de la Nación en los días previos al arranque del primer juicio oral a Cristina Kirchner logró un acercamiento histórico: los dos bandos de la grieta coincidieron por primera vez en mucho tiempo. Ahora, al menos en este plano, tanto en la oposición como en el Gobierno están convencidos de lo mismo.
Para ambos, los “supremos” están jugando a la política, con reloj electoral. Mueven las piezas, avanzan y luego retroceden según presiones y conveniencias. Desde las dos orillas de la política local comparten, además, la creencia de que el partido que juegan los miembros del máximo tribunal de Justicia es a largo plazo. Más allá de las idas y vueltas con la frustrada demora del arranque del juicio por supuestos hechos de corrupción en la obra pública durante el gobierno K, un proceso al que le falta alrededor de un año más hasta que haya un veredicto, todos tienen en claro que las fichas recién están repartidas. Todavía no ganó nadie.
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Turbulencia. La resolución de la Corte del martes 14, en la que cuatro de sus cinco miembros -todos salvo el presidente, Carlos Rosenkrantz, que otra vez quedó en soledad- solicitaron “de carácter urgente” el cuerpo principal de la causa “Vialidad” al Tribunal Oral Federal 2 para su “análisis”, desató un torbellino político y hasta social. Tenía lógica: la Corte Suprema ni siquiera tuvo el tino de avisar con anticipación una jugada que iba a sacudir la agenda. “Desconcierto”, fue una palabra que se hizo sentir cerca del fiscal del juicio, Diego Luciani, de los tres integrantes del TOF 2, de los letrados involucrados en la instrucción de la causa, como el juez Julián Ercolini -a quien CFK tilda de “mutante” en su libro- y los fiscales Gerardo Pollicita e Ignacio Mahiques, y, en especial, en el Gobierno, que mezclaba sorpresa con furia sorda.
Desde el kirchnerismo se vivió como un gol. “En parte tiene que ver con el lawfare del que hablamos siempre. La Justicia se mueve con la política, y si reaccionan así, es otra confirmación más de que vamos a volver”, decía, con acidez, uno de los hombres al que varios piensan como integrante del futuro gabinete. El kirchnerismo festejó cuando se supo la resolución de la Corte, aún cuando se preocuparon en desmentir cualquier tipo de influencia en la decisión. "Es una señal más de que los tiempos cambian".
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En el Gobierno fue casi todo bronca. “Es un disparate procesal, una aberración jurídica. La Corte se metió por la chimenea, ni por la ventana. Se sienten impunes: quisieron frenar el juicio”, razonaba uno de los oficialistas encargados de la relación con la Justicia, que excluía de ese castigo verbal a Rosenkratz. En público fueron más moderados, aunque tanto Mauricio Macri, Marcos Peña y el ministro de Justicia, Germán Garavano, se quejaron de la decisión, crítica que luego tuvo eco en unos aislados cacerolazos en la Capital. En privado, sin embargo, al menos un miembro del ala política del Gobierno intentó ver el vaso medio lleno: “Lo bueno de esto es que dejamos de hablar de la inflación por un rato”.
El oficialismo entendió la decisión como un avance de la “mayoría inestable peronista” y, en especial, apuntaron sus dardos contra Ricardo Lorenzetti, quien fuera hasta septiembre del año pasado el presidente de la Corte. “Bajaron un mensaje extorsivo: manoteo el expediente para quedármelo y para hacerte saber que puedo meter mano cuando quiera”, aseguran desde la Casa Rosada. Horacio Rosatti, otro de los cinco “supremos”, es visto con recelo por su pasado como ministro de Justicia durante la gestión de Néstor Kirchner, y en el Gobierno están convencidos de su íntima relación con Alberto Fernández y Sergio Massa. El único excluido de la furia oficial es “Carlos”, como llaman con confianza al actual presidente de la Corte. El mismo día en que se conoció la resolución, Rosenkrantz dio un discurso en un evento del Club Político Argentino que cayó bien en el Gobierno: “Un juez no debe hacer política, ni siquiera si es un juez de la Corte Suprema. El juez debe limitarse a aplicar el derecho”.
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Aterrizaje. El clima político cambió bruscamente en la tarde del jueves 16. Ese día, el máximo tribunal se ocupó de aclarar, a través de canales formales e informales, que la resolución que había desatado la polémica tenía una lógica jurídica y que, a diferencia de lo que venía sosteniendo el Gobierno, había precedentes sobre acciones similares de la Corte sobre causas en curso, que la medida era oportuna para evitar futuros pedidos de nulidad de la causa por parte de las defensas y, lo más importante, que el comienzo del juicio, programado para el martes 21 al mediodía, no se iba a demorar.
En la Rosada, la decisión cambió los ánimos y pasaron de la bronca a inflar el pecho. “Le paramos la resolución en dos horas”, se jactaba un importante funcionario. Y le agradecía con ironía a Alberto Fernández, a quien Laura Alonso, la titular de la Oficina Anticorrupción, había señalado como el gran estratega detrás de la resolución de la Corte, opinión poco compartida puertas para adentro, pero que el oficialismo se ocupó en no desmentir en público.
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“Lo que dijo en Corea del Centro (el programa de Ernesto Tenembaum y María O'Donnell en Net TV) sobre que van a ir por varios jueces que los están investigando, ayudó para que cierto sector de la sociedad sumara dos más dos y empezara a protestar en las redes, en los medios y en la calle. Nos ayudó a comunicar nuestra idea de que el fallo era desastroso”.
A la par del comienzo del juicio oral, el máximo tribunal va a revisar los recursos que presentaron las defensas (ocho en total, dos de parte de Cristina Kirchner). Ese camino podría volver a cruzarse con el que comenzará a recorrer el TOF 2, que buscará discernir si efectivamente existió la corrupción a gran escala en la obra pública durante la era K. La Corte Suprema todavía guarda varias cartas.
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