La Corte Suprema de EE.UU. rechazó hoy el pedido del gobierno de Mauricio Macri de terciar en el juicio del estudio de abogados británico Burford Capital por 3.500 millones de dólares contra la Argentina e YPF por la estatización de la petrolera en 2012. Es así que el juicio continuará en el tribunal del Distrito Sur de Nueva York, donde este estudio catalogado de "buitre" ha conseguido varias victorias en esta causa.
El caso se origina en lo que Néstor Kirchner llamó la “argentinización” de YPF. Para comprar el 25% de la empresa, los Eskenazi tomaron préstamos de quien se lo vendía, Repsol, por US$ 1.685 millones y de bancos internacionales (Credit Suisse, los norteamericanos Goldman Sachs y Citi, el francés BNP Paribas, el brasileño Itaú, el sudafricano Standard y el español Santander) por 1.688 millones. Lo hicieron a través de dos sociedades españolas: Petersen Energía SA (PESA) y Petersen Energía Inversora SA (Peisa). Los pagos de los créditos estaban atados al reparto de futuros dividendos de YPF. Los Eskenazi pusieron 110 millones a través de una sociedad australiana llamada Petersen Energía Pty Ltd, que recibió otro préstamo de 71,5 millones de Credit Suisse. Este banco suizo fue el mismo en donde Santa Cruz depositó sus fondos antes de repatriarlos.
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En 2012, cuando Cristina Kirchner estatizó el 51% de YPF que tenía Repsol, deshizo la argentinización orquestada por su marido. Con el entonces viceministro de Economía, Axel Kicillof, a la cabeza, se suspendió el reparto de dividendos entre accionistas para destinar las ganancias a inversión. Al quedarse sin esos beneficios, los Eskenazi no pudieron seguir devolviendo los préstamos. Así es que PESA y Peisa entraron en concurso preventivo. De inmediato se ejecutaron las garantías de esos créditos y es así que Repsol recibió un 6% de YPF y las entidades financieras, el restante 19%.
Voceros de Petersen cuentan que quedaron saldadas las deudas en territorio español. Sin embargo, sus acreedores los desmienten. “Quedan por pagar 2.000 millones de dólares, de los cuales el 80% le pertenece a Repsol y el 20%, a los bancos, que cobraron primero por una cuestión de garantías”, explican desde Madrid.
Estatuto. ¿Cómo pueden los Eskenazi terminar de pagar su deuda? El síndico del concurso no puede demandar a la dueña de las sociedades españolas, que es la firma de Australia, que a su vez pertenece a la familia banquera y constructora. La opción fue echar mano al derecho que tenían PESA y Peisa a demandar a quien incumpliera el estatuto de YPF que establecía que aquel que comprara más del 15% de la petrolera debía formular una oferta por el 100%. En la discusión de la expropiación en el Congreso en 2012, Kicillof rechazó esa posibilidad porque supondría una mayor erogación para su gobierno: “Se piensan que el Estado tiene que ser estúpido”. Sostenía que el derecho soberano estaba por encima del contractual, el mismo argumento que ahora enarbola el gobierno de Macri para evitar el juicio.
Entonces aparece Burford, que firmó un contrato de financiamiento con el síndico español por el que puso 15 millones de euros para quedarse con el derecho a reclamar y en abril de 2015 presentó la demanda en el juzgado neoyorquino del fallecido Thomas Griesa, el mismo donde los fondos de rapiña litigaban por la deuda impaga desde 2001 y que ahora conduce Loretta Preska. Como YPF cotiza en Wall Street, el pleito podía plantearse allí. Detrás de la querella de Burford se esconden inversores anónimos. Se habla de Repsol, los Eskenazi y hasta de funcionarios del gobierno de Macri, pero todos ellos lo niegan. Claro que si la demanda prospera el 70% de los 3.500 millones los cobrarían Burford y sus inversores y el 35% restante iría a cubrir las deudas del concurso. Es decir, 1.050 millones para saldar un pasivo de 2.000 millones. Pero además hay un fondo norteamericano, Eaton Park, que también se quedó con derecho a litigar, pero por 1.500 millones, y que marcha más lento que Burford en su proceso judicial.
Los pagos a los acreedores beneficiarían a los Eskenazi, que enfrentan complicaciones para financiarse en el extranjero mientras persisten sus deudas pendientes en España, según un banquero de inversión. Un triunfo de Burford y Eaton dibujaría la sonrisa de los bancos y Repsol, que sigue presidida por Antonio Brufau. Pero en su balance 2012 la petrolera española registró como perdidos los 1.402 millones de euros que le deben.
El procurador del Tesoro, Bernardo Saravia Frías, y el abogado de YPF y asesor judicial del Presidente, Fabián Rodríguez Simón, alias Pepín, fueron los encargados de desarmar el proceso en EE.UU. No lo lograron.
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A la Procuración del Tesoro le queda aún una bala. Detectó a fines de 2018 que podían pedir la nulidad del contrato de financiamiento por la que el síndico del concurso en España le dio a Burford el derecho a litigar. Asesorados por el estudio de José María Alonso, decano del Colegio de Abogados de Madrid, denunciaron en febrero pasado ante un juzgado civil de esa capital el presunto incumplimiento del llamado derecho de retracto, por el que el juicio debía ofrecerse primero a YPF o al Estado argentino antes que a Burford, al que seguramente algún interesado acercó hasta al síndico madrileño. La Argentina sostiene que se trató de un contrato de compra encubierta, y no un convenio de financiamiento. En el Gobierno especulan con que si se cae la operación de Burford en Madrid, perderá su derecho a demandar en Nueva York. De ser así, los Eskenazi quedarían con sus deudas impagas.
Cuando Macri visitó una central térmica de YPF en Tucuman:
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